La defensa de José Martín Burgos cuestionó la prisión preventiva por considerar que tiene arraigo y no intentó escapar. La Cámara de Apelaciones deberá resolver.
La causa por el femicidio de Gabriela Martínez, asesinada en el Barrio Hipódromo, sumó un nuevo capítulo judicial. La defensa de José Martín Burgos apeló la prisión preventiva por femicidio dictada en su contra y ahora deberá resolver la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.
La defensora oficial que asistió al procesado en las primeras instancias del proceso cuestionó la procedencia de la medida de coerción. Entre sus argumentos, sostuvo que el imputado tiene arraigo y que nunca intentó profugarse.
El fiscal, en base a pericias oficiales pidió que el acusado sea declarado no punible por el femicidio y reclamó 20 años de internación.
La casa de Barrio Hipódromo estaba precintada tras el terrible femicidio, sin embargo, varios delincuentes se metieron por el patio y se llevaron objetos.
La prisión preventiva fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N°5, a cargo de la jueza Marcela Garmendia; a partir de un pedido de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°13, Mariana Rufino; especializada en violencia de género. Ahora, en tanto, la presentación deberá ser analizada por la Cámara de Apelaciones, que tendrá la última palabra sobre el planteo de la defensa.
Burgos se entregó a la Justicia luego del femicidio y confesó haber cometido el crimen. Desde entonces quedó a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanzó la investigación para reconstruir las circunstancias del asesinato y el contexto de violencia que atravesaba la víctima.
En ese marco, en las últimas y según confirmaron fuentes judiciales ante la consulta de 0221.com.ar, el abogado Rodrigo Diel, matriculado en Quilmes, asumió la representación legal del acusado.
La apelación se conoce luego de que tres testigos declararan en la investigación para aportar información sobre el contexto de violencia de género que atravesaba Gabriela antes de ser asesinada. Se trata de una tía y una amiga de la víctima, quienes mantenían un vínculo cercano con ella; y una tercera persona que también aportó datos sobre la relación, aunque reveló tener un contacto más limitado con la víctima.
Uno de los aportes más relevantes fue el de su amiga, que presentó mensajes de celular en los que la mujer manifestaba su intención de divorciarse. Ese material podría ser importante para profundizar en una de las posibles hipótesis sobre el móvil del crimen: la negativa del acusado a aceptar la separación.
La causa también mantiene abierto un expediente en el fuero de Familia, que busca determinar si corresponde restituir el hijo de Gabriela, de un año y medio, a su abuela materna. Actualmente, el pequeño permanece al cuidado de familiares de su padre, mientras la familia materna reclama que pueda regresar a su entorno. El pedido tramita ante el Juzgado de Familia N°7 y se esperan novedades sobre una pericia que podría resultar determinante para resolver la restitución.
El abogado Pablo Conti, representante de la mamá de Gabriela, cuestionó las consecuencias de mantener al niño alejado de la familia materna y sostuvo que el pequeño también es una víctima indirecta del femicidio.
De esta manera, el caso continúa avanzando en dos frentes judiciales: por un lado, la Cámara deberá resolver si confirma o revoca la prisión preventiva de Burgos y, por otro, la Justicia de Familia deberá definir el futuro del hijo de la víctima.
