A 9 años de la desaparición de Johana Ramallo, el caso sigue dividido en dos: un juicio oral en marcha y una causa que busca a los responsables de su muerte.
Este domingo se cumplen nueve años de la desaparición de Johana Ramallo, la joven de 23 que fue vista por última vez en la denominada Zona Roja de La Plata. Su caso es uno de los más complejos y la investigación judicial se dividió en dos expedientes que persiguen objetivos diferentes, pese a los repetidos pedidos de unificación.
Aunque suele hablarse de "la causa Johana Ramallo", en realidad la investigación corre por dos caminos que, por ahora, son paralelos y a casi una década de la desaparición están en instancias muy distintas.
Por un lado, avanza el juicio oral que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata. Allí no se intenta determinar quién mató a Johana, sino establecer las responsabilidades de quienes, según la acusación, integraban una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad y a la comercialización de drogas en la Zona Roja platense, el ámbito donde la joven fue vista por última vez.
En ese debate son juzgadas ocho personas acusadas por delitos como trata de personas con fines de explotación sexual, explotación de la prostitución ajena, comercialización de estupefacientes y encubrimiento agravado. Para la Fiscalía, Johana fue víctima de esa estructura criminal, pero –al menos por el momento– ninguno de los imputados enfrenta cargos por su homicidio.
La segunda causa permanece en etapa de instrucción, tramita en el Juzgado Federal Nº 2 y tiene un único objetivo: esclarecer cómo murió Johana, quién o quiénes la asesinaron y quiénes desmembraron su cuerpo antes de abandonar sus restos en distintos sectores de la costa de Berisso, donde fueron encontrados entre agosto y septiembre de 2018.
Hasta el momento, esa investigación no tiene procesados por homicidio ni una hipótesis judicial consolidada sobre la autoría del crimen. Si bien a lo largo de los años se realizaron numerosas medidas de prueba, declaraciones testimoniales y pericias forenses, la causa continúa abierta sin haber identificado a los responsables de la muerte de la joven.
La coexistencia de ambos expedientes suele generar confusión. El juicio oral actualmente en marcha no resolverá el crimen de Johana Ramallo, sino que determinará si existió una organización criminal dedicada a la explotación sexual y al narcotráfico que se aprovechó de mujeres en condiciones de extrema vulnerabilidad, entre ellas la joven platense.
En paralelo, la investigación por el homicidio sigue su curso. Allí se intenta reconstruir qué ocurrió después de la desaparición del 26 de julio de 2017 y establecer quiénes fueron los autores materiales del asesinato.
Uno de los elementos que marcó esa investigación fue el resultado de las pericias realizadas sobre los restos óseos recuperados en Berisso en 2018 e identificados al año siguiente. Los informes forenses indicaron que la muerte habría ocurrido en una fecha cercana a la desaparición, una conclusión que cuestionó una de las primeras hipótesis del caso, según la cual Johana habría permanecido cautiva durante varios meses dentro de una red de trata antes de ser asesinada.
Más allá de esa hipótesis, esa causa dio un paso importante a fines del mes pasado, cuando comenzó el análisis de ADN sobre un cráneo hallado en Isla Paulino, en Berisso, que podría estar vinculado al caso. Los estudios buscan determinar si esos restos pertenecen a la joven. El hallazgo adquiere especial importancia porque los restos de Johana nunca fueron recuperados en su totalidad.
Como se dijo, mientras avanza la investigación sobre la muerte de Johana, en los tribunales federales de La Plata se desarrolla un juicio oral por delitos conexos al caso. Los acusados son Carlos Rodríguez ("El Cabezón"), Hernán D'Uva Razzari, Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinoza Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia Benítez, Celia Giménez y Paola Erika Barraza.
Todos enfrentan cargos por presunta participación en una organización criminal dedicada a la trata de personas, explotación sexual, comercialización de estupefacientes, encubrimiento agravado y falso testimonio. La querella, que en representación de la mamá de la joven encabezan los abogados Andrés Noetzly e Ignacio Fernández Camillo viene pidiendo la unificación de las causas y la acusación de "narcofemicidio".
Esa investigación, que está en la instancia del juicio oral, también atraviesa otras etapas relevantes, como los análisis sobre el celular y el iPad secuestrados a Javier Novarini, un testigo que declaró recientemente en el juicio oral y aseguró poseer fotografías y videos que podrían aportar datos sobre el caso. Los dispositivos fueron secuestrados por orden judicial y la totalidad de su contenido está siendo procesada por especialistas.
Por ahora, a nueve años de aquella tarde en que fue vista por última vez, el expediente judicial sigue dividido en dos caminos. Uno ya transita la etapa del juicio oral y busca establecer las responsabilidades por los delitos de explotación sexual, narcotráfico y trata. El otro continúa intentando responder la pregunta más importante y la única que todavía permanece sin respuesta: ¿quién mató a Johana Ramallo?.
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