El abogado de Francisco Vila Basualdo y Eugenia Martínez pidió su excarcelación y ofreció pruebas en la causa por presuntas estafas con terrenos en La Plata.
La defensa de Francisco Alberto Vila Basualdo (titular de Grupo Delsud) y Eugenia Martínez pidió la excarcelación de ambos en la causa que investiga presuntas estafas con loteos ilegales en La Plata. Los acusados se negaron a declarar y, a través de su abogado Marcelo Peña, ofrecieron distintas medidas de prueba ante la Fiscalía.
A menos de 24 horas de las detenciones, Peña realizó los primeros movimientos judiciales para intentar que sus defendidos recuperen la libertad mientras continúa la investigación. El letrado presentó el pedido de excarcelación ante el Juzgado de Garantías y, en paralelo, hizo una presentación ante la Fiscalía.
La Justicia ordenó la detención de cuatro imputados. Una mujer había sido arrestada en su hogar y ahora otros dos se entregaron en la DDI de La Plata.
Un hombre murió en La Plata tras recibir una profunda herida de arma blanca en el tórax durante un enfrentamiento. Hay un detenido.
En ese marco, Vila Basualdo y Martínez ejercieron su derecho a no declarar. La defensa, además, ofreció una serie de medidas de prueba que ahora deberán ser analizadas en el marco del expediente.
Ambos se habían presentado voluntariamente el viernes en la sede de la DDI La Plata acompañados por el letrado y quedaron a disposición de la Justicia. En el marco de la misma investigación también fue detenida Milena del Sol Dell'Aqua, mientras que Nadia Antonella Lima permanece prófuga.
Las detenciones habían sido dictadas por la jueza Marcela Garmendia, en el marco de la investigación encabezada por el fiscal Juan Menucci, que involucra a desarrolladores, inmobiliarias y escribanías. Según el documento judicial, Lima está señalada como coautora de ocho hechos, mientras que Vila Basualdo y Martínez están imputados por diez episodios.
A todos los imputados se les ordenó también el secuestro de sus teléfonos celulares y de cualquier otro dispositivo de uso personal que llevaran consigo. La investigación apunta a establecer cómo habría funcionado el esquema de comercialización y los roles que habría tenido cada uno.
En la resolución, la jueza sostuvo que los casos investigados presentarían un patrón común: "La actuación coordinada y con diferentes roles de un grupo de personas, en la ejecución de supuestos desarrollos inmobiliarios con el fin de engañar a ocasionales compradores respecto de las cualidades de lo que adquirirían, para lograr hacer que se desprendan de importantes sumas de dinero que, de haber sabido lo que realmente compraban no lo habrían hecho".
De acuerdo con información atribuida a la gestión de Julio Alak, en La Plata existen aproximadamente 450 loteos ilegales distribuidos en distintos barrios. En conjunto, abarcan 3.380 hectáreas, cuentan con 6.876 viviendas construidas y tendrían una capacidad potencial de más de 32.800 parcelas.
La problemática alcanzaría a miles de familias que adquirieron de buena fe supuestos lotes que, en distintos casos, serían porcentajes indivisos de parcelas rurales o inmuebles que no reunían las condiciones legales necesarias para ser subdivididos, escriturados o urbanizados.
La causa se suma a una investigación más amplia sobre la presunta existencia de una asociación ilícita inmobiliaria dedicada a la comercialización de emprendimientos urbanos irregulares en la capital provincial.
A principios de año, el fiscal Menucci encabezó un operativo con 16 allanamientos en domicilios vinculados a ocho entidades diferentes. Los procedimientos buscaban documentación y dispositivos electrónicos en el marco de una causa por presunta "desobediencia y estafa". El procedimiento se realizó, entre otros puntos, en las oficinas del Grupo Del Sud, ubicadas en 37 entre 117 y 118, y un departamento de calle 10 a nombre de Vila Basualdo. También fueron allanados seis domicilios vinculados al Grupo Futuro.
Durante los operativos se secuestraron celulares, computadoras, tablets, material publicitario, planos, escrituras y documentación notarial. Además, la Justicia requirió información a Century 21, la Inmobiliaria Veimar, la Inmobiliaria Urquiza y Four Capital S.A. sobre operaciones vinculadas con los loteos investigados.
Los investigadores buscan determinar si las parcelas comercializadas contaban con las habilitaciones correspondientes, si las operaciones respetaban la normativa vigente y cuál habría sido el circuito de comercialización de los terrenos. Entre los desarrollos mencionados en la investigación aparecen "Bella Vista", "El Paraíso" y "Los Pinares", este último ubicado en la zona de Arana.
Los loteos y desarrollos destinados a viviendas están prohibidos en determinadas áreas, especialmente en sectores ubicados en torno a la Ruta 36. El Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) aprobado por el Concejo Deliberante establece los usos correspondientes para cada sector y restringe la expansión urbana sobre el cordón frutihortícola.
En ese contexto, desde diciembre del año pasado, la Municipalidad de La Plata viene alertando sobre la oferta de terrenos en zonas destinadas a la producción rural. La subsecretaria de Planeamiento municipal, Eugenia Rodríguez Daneri, había advertido que "quien ofrece para la venta una parcela dentro de un macizo rural está incurriendo en desobediencia y estafa, porque está vendiendo algo que el comprado nunca podrá escriturar y donde nunca podrá tener los servicios urbanos habituales".
