A mediados del año 2014 la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de La Plata cambió de titularidad. El fiscal Tomas Morán (hoy detenido) pasaba al área de Flagrancia y al poco tiempo de esa mudanza de funciones, se jubiló. Su lugar fue ocupado por la fiscal Betina Lacki, quien ya contaba con más de 15 años de experiencia como instructora judicial y fiscal de Flagrancia. La funcionaria nunca se imaginó ni en sus peores pesadillas lo que ocurría en varios expedientes judiciales que se apilaban en los anaqueles de esos despachos del viejo edificio de Vialidad provincial, de avenida 7 entre 56 y 57.
A poco de hacerse cargo de la fiscalía notó varias irregularidades. Su predecesor en el cargo no utilizaba el Servicio Informático del Ministerio Público (SIMP), herramienta digital para seguir el decurso de los expedientes en el fuero Penal. Había una orden de Moran a sus empleados de no utilizarlo. Mientras comenzaba a emprolijar el funcionamiento de la repartición, la fiscal recibió la visita de los padres de Juan Farías, asesinado en un presunto ajuste de cuentas en la madrugada del 1 de diciembre de 2010, en un edificio de avenida 44 entre 26 y 27. Querían saber si había avances en la investigación. Por este hecho está acusado Adrián Manes, alias “Quechua”, uno de los presuntos integrantes de la megabanda criminal que operó en La Plata.
“Costó mucho encontrar ese expediente”, recordó la fiscal en su testimonio brindado en el marco del juicio político al juez de Casación bonarense, Martín Manuel Ordoqui. A poco de comenzar a estudiar el expediente (uno de los tantos de la pesada herencia recibida) notó situaciones extrañas. Comenzó a sospechar de una presunta connivencia policial. Ante este panorama corrió a la Policía bonaerense del caso y requirió el auxilio de fuerzas federales. “Fue una larga batalla pero se consiguió primero el apoyo de la Policías de Seguridad Aeroportuaria y después de la Policía Federal”, recordaron las fuentes del caso consultadas.
Las sospechas se convirtieron en realidad. Las escuchas telefónicas realizadas a integrantes de la banda y a jueces subieron al escenario una compleja empresa criminal, con roles bien determinados y para todo servicio. Tal vez, una verdadera asociación ilícita que comenzará a juzgarse el 5 de septiembre próximo en el Tribunal Oral Criminal II de La Plata. En el banquillo de los acusados estará, entre otros, el exjuez de Garantías de La Plata, César Ricardo Melazo.
"ENFIERRADOS HASTA EL CULO"
La causa tiene varias horas de grabaciones de audios de intervenciones telefónicas. En una de ellas se escucha al juez de Casación bonaerense, Martín Manuel Ordoqui, alias "El Tío", advertir a un allegado de su “sobrino” que no cometan el atraco planificado porque “los están esperando enfierrados hasta el culo”. Se cree que el autor de ese golpe iba a ser Javier Ronco, sobrino político del juez de Casación.
La respuesta de Ronco no tardó en llegar: "¿Quién soy? ¿el macho alfa de la ciudad de La Plata? El chorro de los chorros, el sicario de los sicarios, yo no trabajo para nadie, no robo para nadie, robo para mí...".
LA CAUSA FARIAS, UNA CAJA DE SORPRESAS
Un exjuez, un lobista, un simulador, policías, barras, narcos, ladrones, abogados, un crimen y más magistrados en la mira. Todo esto se mezcla en la causa de la megabanda criminal que, se sospecha, operaba en La Plata y fue desarticulada por la fiscal Lacki, luego de años de silencioso y puntilloso trabajo.
En la lista de procesados se anotan el exjuez de Garantías de La Plata César Melazo, el ex comisario mayor Gustavo Bursztyn (hasta su captura prestaba servicios en el Comando de Patrullas); el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena (ya cesanteado por otra causa) y el teniente primero Marcos Chiusaroli (personal de la comisaría Segunda); Javier Ronco (el presunto “sobrino” del juez Ordoqui); Ángel Custodio "Pipi" Yalet; Adrián Manes (detenido por el homicidio); Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo ); Carlos "Macha" Barroso Luna; Héctor "Pepe" Vega; Martín Ezequiel "Gaucho" Fernández; Enrique Edgardo "Quique" Petrullo, y el exjefe de la barra de Estudiantes de La Plata, Rubén “Tucumano” Herrera, ya condenado en el marco de un juicio abreviado.
Según se desprende de la investigación penal los procesados integraban una banda de delincuentes que "tomaron parte de una asociación" ilícita destinada a cometer "robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas" y precisó que "algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial". El resto, a criterio de la fiscal, “conformaban grupos o parejas de trabajo que llevaban a cabo los hechos ilícitos”.
La división de roles que surge del expediente indica que los policías Bursztyn, Mena y Chiusaroli liberaban las zonas para los robos de autos, fábricas y viviendas marcadas; Bertoni ayudaba con los vehículos robados mellizos fraguando choques de los autos de los integrantes por otro siniestro. La mano de obra, logística, teléfonos y armas de fuego las aportaban Ronco, Yalet, Manes, Barroso Luna, Vega y Fernández.
El expolicía Mena y Manes vendían drogas. En tanto, el exbarra Herrera y Petrullo -siempre según el expediente judicial- eran los nexos con el juez de Casación bonaerense, Martín Ordoqui quien, se sospecha, otorgaba arrestos domiciliarios a cambio de fuertes sumas de dinero. El magistrado fue notificado de la investigación, pero no fue detenido porque posee fueros, pese a que fue suspendido por la Suprema Corte bonaerense. El lunes 22 de agosto comenzó su juicio político en La Plata en el que puede ser destituido.
El martes 23 de agosto la fiscal Lacki dio testimonio en la audiencia de jury. La historia que contó de la investigación y todas sus derivaciones fueron seguidas con suma atención por los integrantes del jurado. Muchos mostraron cara de asombro. No podían creer lo que estaban escuchando.
Lacki hizo un puntilloso relato de cómo (según su mirada) logró desentramar la empresa criminal conjunta que ya tiene tras las rejas a varios abogados, a Eugenia Mercado (exsecretaria de Ordoqui) y al presunto lobista “Quique” Petrullo, a quien describió como “una persona con contactos en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en ARBA y en todo lugar donde pudiera tener algún servicio para vender”. El acusado, detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza intentó ser querellante en la causa "Gestapo antisindicial", pero no lo logró.
La funcionaria del Ministerio Público Fiscal aseguró que pudo probar que Javier Ronco (otro de los detenidos) “le pagaba 30 mil pesos mensuales al exfiscal Moran para que no lo detenga en el marco de la causa por un doble homicidio en La Plata. También que pagó en Casación $1.700.000 para una arresto domiciliario. Ronco fue detenido en 2014 por el doble homicidio y morigerado en 2015. En esa época el dólar cotizaba a menos de $9.30 por unidad. “Todo es un rompecabezas que encaja perfectamente”, fue una de las conclusiones de la fiscal testigo.
Se sospecha que Ordoqui y su entonces secretaria, Eugenia Mercado (en prisión domiciliaria), recibieron dinero, viajes a Chile y costosos obsequios a cambio de otorgar un arresto domiciliario. Así lo declaró Lidia Perna, la primera imputada colaboradora (arrepentida) de la historia judicial de La Plata. Todo esto fue expresado por la fiscal en su voluminosa investigación y así lo narró ante la titular de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, y el Procurador General bonaerense, Julio Marcelo Conte-Grand.
