La causa denominada mediáticamente como “megabanda criminal” o “la banda de los jueces” que se investiga en el fuero Penal de La Plata cuentan con una nueva presentación de una de las defensas que, en un explosivo habeas corpus, denunciaron “gravedad institucional”, según se desprende del documento judicial al que accedió 0221.com.ar.
Ángel Custodio Yalet, alias “Pipi”, está sindicado como uno de los presuntos choferes de la empresa criminal que, se sospecha, contaba con protección policial y judicial. Es asistido en la defensa por los abogados Oscar Salas y Christian Romano, quien en los últimos días realizaron la presentación mencionada en el que plantean la libertad del acusado o que se conceda el arresto domiciliario que fue dictado por la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable con una temperatura máxima de 22°C. El martes seguirán idénticas condiciones.
Primer Intento y No es una Copia, te acompañan todas tus mañanas, con la mejor propuesta de stream de La Plata.
Pero Yalet sigue tras las rejas a la espera del juicio oral ya que el Fiscal de Cámaras apeló el beneficio y debe ser resuelto por la instancia superior. Para de defensa se trata de un caso insólito ya que “un Fiscal de Cámaras apeló una medida que nunca impugna”. La apelación fue rechazada por la Cámara Penal de La Plata y desde la acusación plantearon la queja ante Casación que “recepta aquel remedio cuando siempre que un defensor apela tal beneficio lo que hacen es rechazarlo por improcedente”, sostuvo la defensa.
A la defensa le llamó la atención que la resolución de Casación se hizo “en tiempo record, cuando siempre tardan mínimo un año”. Además los abogados reseñaron que “hacen lugar al Recurso de Queja presentado contra un beneficio otorgado por la Cámara Departamental. Nunca revocan una prisión domiciliaria, y mucho menos cuando como en el presente, encima concurren todos los requisitos para su concesión”.
“La gravedad institucional es enorme”, concluyeron los defensores en un pasaje del extenso planteo en el que también subrayaron que “a lo expuesto debemos sumar que desde aquella resolución el imputado sigue cumpliendo meses de encierro y lleva ya 1 año y medio y reiteramos: existen nuevas circunstancias que cimientan aún más el otorgamiento de su prisión domiciliaria, máxime por un delito reprochado que comienza su escala penal en 3 años” al tiempo que recordaron que Yalet “no tiene antecedentes penales ni causas abiertas en su contra”.
En la lista de procesados, junto a Yalet aparecen el ex juez de Garantías de La Plata César Melazo, el ex comisario mayor Gustavo Bursztyn (hasta su captura prestaba servicios en el Comando de Patrullas); el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena (ya cesanteado por otra causa) y el teniente primero Marcos Chiusaroli (personal de la comisaría Segunda); Javier Ronco; Adrián “Quichua” Manes (detenido por homicidio); Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo ); Carlos “Macha” Barroso Luna; Jorge “El fiscal” Gómez de Saravia: Héctor “Pepe” Vega, el ex barra de Gimnasia, Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández; el lobista Enrique Edgardo “Quique” Petrullo y el exjefe de la barra de Estudiantes, Rubén Orlando “El Tucumano” Herrera.
Según la hipótesis fiscal la división de roles aparece clara: los policías Bursztyn, Mena y Chiusaroli liberaban las zonas para los robos de autos, fábricas y viviendas marcadas, Bertoni ayudaba con los autos robados mellizos haciendo pasar choques de los autos de los integrantes por otro siniestros. La mano de obra, logística, teléfonos y armas de fuego las aportaban Ronco, Yalet, Manes, Barroso Luna, Vega y Fernández.
El ex policía Mena y Manes vendían drogas. Si en alguno de los golpes algo salía mal Gómez de Saravia era el encargado de introducir falsas líneas de investigaciones en las causas, mediante llamados telefónicos en los que simulaba ser fiscal o juez federal para comenzar con el camino de la impunidad.
En tanto, el ex barra Herrera y el lobista Petrullo eran los nexos con el juez de Casación bonaerense, Martín Ordoqui (también ex dirigente de Estudiantes de La Plata) quien, se sospecha, otorgaba arrestos domiciliarios a cambio de fuertes sumas de dinero. El magistrado fue notificado de la investigación, pero no fue detenido porque posee fueros por el cargo pese a que fue suspendido y avanza el juicio político.