Ramos Padilla cree que el detenido, "aprovechando la relación íntima que mantenía con Johana Ramallo y abusando de su situación de vulnerabilidad, producto de su consumo problemático de drogas y su corta edad, realizó aportes específicos para facilitar el ejercicio de su prostitución en la misma zona roja, al menos desde el mes de marzo de 2017 hasta fines de julio de ese mismo año", la misma hipótesis que manejó la fiscal Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de La Plata.
En su declinatoria de competencia, la fiscal platense había señalado como norte que Rodríguez “se encarga de cuidar a las trabajadores sexuales en la zona de 62 y 115, entre ellas Ramallo Johana Luján, sobre quien mantenía una relación de poder y que en diversas oportunidades amenazó de muerte”.
En el mismo documento judicial la fiscal aportó el nombre de otro varón con quien la víctima “mantenía una relación sentimental” que la tenía “terriblemente atemorizada” al punto que la joven le había ordenado a su madre que “nunca” atendiera su teléfono celular cuando esta persona la llamara.
El 1 de diciembre pasado un hombre y dos mujeres fueron detenidos acusados de traficar y comercializar drogas y de explotar sexualmente a mujeres trans y cis en la capital provincial, en el marco de la causa que investiga la muerte de Ramallo.
Con ellos, ya son nueve las personas detenidas a disposición de Ramos Padilla. El miércoles 21 de diciembre procesó a ocho, les dictó prisión preventiva y algunos fueron embargados. En ese marco, se produjeron detenciones y allanamientos que ahora derivaron en los procesamientos de Carlos Espinosa Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia Andreza Benítez, Sayuri Valentina León, Andrea Camila Barreto, Nicole Guerra Guerrero, Paola Erika Garraza y Hernán Rubén García.
El hombre detenido, junto a un cómplice que ya estaba preso desde hace un tiempo, era quien “bajaba” la droga al barrio “El Mondongo” cuando desapareció la joven en 2017. El juez lo acusó por haber “comercializado, distribuido y suministrado” drogas, especialmente cocaína, a las trabajadoras sexuales de la “zona roja”, ubicada entre las avenidas 1, 60, 122 y 72, a quienes además explotaba económicamente.
Según se desprende de las órdenes de detención, no solamente les proveía las sustancias para su consumo, sino que recibía dinero por la venta al menudeo que éstas realizaban a sus clientes.
Para la Justicia, además, este hombre le “bajaba” estupefacientes a la Cabezón Rodríguez, quien a su vez los distribuía entre las trabajadoras sexuales con idéntica mecánica.
Las dos mujeres, por su parte, están acusadas de explotar económicamente el trabajo sexual de otras trabajadoras recibiendo dinero por administrar las “paradas” en las esquinas de la zona roja.
LA TRAMA COMPLETA DEL CASO
En el inicio de la causa, allá por 2017, los investigadores buscaron a Johana en todos los hospitales y salas sanitarias de La Plata y alrededores. En esa búsqueda encontraron el registro de ingreso al Hospital San Martín de La Plata, el día 26 de julio de 2017, alrededor de las 7:30 de la mañana. Fue retirada en ambulancia desde el hotel La Clave, inconsciente. En una entrevista con médicos reconoció, luego de recuperar el conocimiento, que “había consumido alcohol, cocaína y clonazepam”. La joven fue retirada del hospital “sin el alta médica”. Ese mismo día en horas de la tarde desapareció.
Había ingresado al hospital en compañía de un hombre que fue identificado y se allanó su domicilio, pero no se encontraron rastros de la joven. Se trataba de un "cliente" habitual de Johana que “frecuentaba la zona roja” para ejercer la prostitución.
En agosto de aquel año, a pocos días de la desaparición, los investigadores inspeccionaron y rastrillaron el hotel La Clave. Llevaron un perro (Bruno) experto en rastros de personas vivas. El sabueso marcó un rastro de Johana en un box del albergue.
La fiscal consignó en un documento judicial que en su tramo de la investigación “no se descartó ninguna de las posibilidades de la ausencia de Johana Ramallo de su domicilio y de sus allegados” para luego aclarar que “el paradero de una persona significa determinar la ubicación de la misma y averiguar las causas por las cuales se ha ausentado de su domicilio cual haya sido el motivo y la forma, siempre se sostuvo que la ausencia de Johana no es voluntaria, pero cabe aclarar y poner de resalto que ella el día de su desaparición se retiró de Hospital San Martín sin el alta médica y con un estado de riesgo para su salud, por lo que ello impulsa la búsqueda desde lo más insólito”.
La búsqueda no solo se centró en la ciudad de La Plata y alrededores. Llegó hasta la localidad de Saladillo (distante a 220 kilómetros de la capital provincial) y se identificó a un hombre con varias denuncias por “violencia” en esa localidad, según se desprende de la documentación oficial a la que accedió este medio. En esa arista se investigó “la posible comisión de delito de trata de personas” y las personas identificadas podrían haber captado a Johana.
Cuando se llegó a esta pista, la fiscal decidió solicitar la declinación de competencia dado que el delito de “trata de personas” es materia de la justicia Federal. La jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, aceptó el planteo de la fiscal y señaló en su resolución que Johana tuvo una infancia con carencias “tanto económicas como afectivas, que la han llevado a encontrarse en situación de calle a temprana edad”, luego fue atravesada por “una joven maternidad” y por “consumo problemático de sustancias estupefacientes”.
Garmendia entendió que la relación de Johana con Rodríguez y los otros sospechoso era “claramente asimétrica” ya que se trataba de una “explotación sexual, con intercambio y o suministro de estupefacientes, a una joven en tal situación de riesgo”.
La jueza resaltó que Johana procuraba mantener “a toda costa” el vínculo con su hija y que dada la relación de la joven con los sospechosos del caso no puede descartarse que "resulte víctima del delito de trata de personas al haber sido captada contra su voluntad aprovechándose de su vulnerabilidad”.
Uno de los testigos fue la expareja de Johana, padre de la hija de ambos. La describió como una buena madre, siempre preocupada por el futuro de la menor. En su relato dejó un buen concepto de ella.
El análisis de estos documentos judiciales da cuenta que en el tramo de la justicia ordinaria a Johana se la buscó de todas las maneras posibles y con todos los medios disponibles. Se peritaron varios teléfonos y perfiles de redes sociales de los sospechosos, pero nunca se pudo dar con un rastro de ella. El hallazgo de partes de su cuerpo fue producto del azar y de las corrientes del Río de la Plata, pero los investigadores tardaron un año en identificarla.
RESTOS EN EL AGUA
En agosto de 2018 en la zona de Palo Blanco (localidad de Berisso), dos pescadores se horrorizaron y denunciaron la presencia de restos humanos sobre la ribera. El 1° de agosto, un pescador vio un miembro superior derecho y avisó en la comisaría Segunda de Berisso. A los veinte días, otro lugareño detectó un miembro inferior derecho. La Policía pudo recoger en la zona el DNI legible de un varón, pelo y ropa. Pero pasaron más de ocho meses hasta que se identificó a Johana.
En abril de 2019, el juez federal Adolfo Gabino Ziulu, a cargo de la causa, recibió del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el resultado de una pericia de ADN positivo. Era la primera novedad del caso. La individualización se hizo con el miembro inferior (es decir, el segundo de los hallazgos de Palo Blanco), cuya existencia era conocida por la querella desde el principio. Pero para muchos de los que militaban la búsqueda de Johana mes a mes, la conmoción fue total: no estaba desaparecida, su cadáver estaba incompleto y la información llegaba ocho meses tarde. Apenas unos días antes habían preguntado en la calle, como cada 26 de julio, “¿dónde está Johana?”.
El 29 de julio de 2019 0221.com.ar publicó una nota bajo el título Johana Ramallo, su cuerpo y un silencio de dos años que es una radiografía de la burocracia judicial que envolvió la identificación de los restos de la joven que dejó de ser una desaparecida y su muerte entró en un laberinto de misterio que al día de hoy no tiene una respuesta clara y concreta. La pregunta principal que sigue rodeando al caso es si la mataron o se murió, una diferencia que marcará el desenlace final en sede judicial. Los detenidos no están acusado del crimen en sí, sino de delitos de los que Johana fue víctima, producto de su extrema vulnerabilidad social.
Cabe señalar que el jefe de la morgue platense Javier Grubisa, que declaró en la justicia Federal a partir del peritaje que realizó a los restos cuando eran NN, situó la muerte de ese cuerpo en fecha muy cercana a la desaparición de Johana. Este dato pone en crisis la hipótesis que señala a la joven como cautiva durante varios meses, secuestrada por una presunta red de trata de personas.
Como contó en exclusiva este medio, Grubisa dijo que “muy probablemente el miembro superior, y sin lugar a dudas el miembro inferior, fueron desprendidos por la acción mecánica de un tercero luego de producida la muerte”. Y acotó el periodo para situar la muerte de Johana, que ubicó aproximadamente “nueve meses más menos 45 días” antes del examen de los restos, que se realizó durante de agosto de 2018.
En esta historia encajan como piezas de rompecabezas la pobreza, el narcotráfico, la violencia machista y el descarte del cuerpo mutilado de una mujer cuya aparición se reclamaba en las calles.
