Este año, la marihuana podría dejar de ser "la planta prohibida"; después de casi 100 años de persecución activa a los y las consumidoras. Según consignó Infobae, el Gobierno trabaja desde los primeros días de su asunción en un proyecto de regulación que contemple, de base, la despenalización de la tenencia de cannabis para consumo personal y del autocultivo, también para uso privado. El periodista especializado Fernando Soriano advierte que la idea es que el Congreso lo debata este año lo más pronto posible.
En ese sentido, el rol del Ministerio de Seguridad es clave. La ministra Sabina Frederic y su equipo ya comenzaron a estudiar distintos modelos de regulación de otras partes del mundo, en especial de Canadá, Uruguay y los 11 estados de EE.UU que legalizaron todos los usos. Todos esos proyectos prevén la libertad de los usuarios para fumar y también cultivar sus propias plantas.
En el caso de Canadá y Uruguay, la regulación también incluye el mercado: los usuarios pueden comprar en un marco de legalidad, aunque cruzando el charco el monopolio de ese mercado lo tiene el Estado. Esto hace que, al menos por ahora, sea un modelo impracticable a los ojos de los funcionarios del Gobierno que estudian el tema.
Por lo pronto, la idea del gobierno es destrabar el conflicto que generan las detenciones de consumidores y cultivadores bajo la bandera de llamada "guerra contra el narcotráfico". Aunque por el momento no existen cifras oficiales, según datos judiciales más de la mitad de los detenidos por infracción a la ley de drogas son consumidores.
En esa línea, la idea de Alberto Fernández y Frederic es diseñar un proyecto de ley que establezca una cantidad máxima de posesión de marihuana para consumo personal en adultos mayores a 18 o 21 años y lo mismo con las plantas, aspecto en el que todavía se debaten si apuntar a metros cuadrados cultivados o a cantidad de plantas. La mayoría de los modelos de regulación del mundo se inclinan por la segunda opción, ya que no todas las plantas dan flores, solo las hembras.
El proyecto estaría basado en estos 5 puntos:
1. La regulación legal del cannabis en la Argentina para personas mayores de 18 años es una medida necesaria y urgente, que debe basarse en el respeto por las libertades individuales y las prácticas culturales. Esta regulación busca minimizar las secuelas del narcotráfico y proteger la salud pública, no promover el consumo.
2. Tanto el consumo responsable del cannabis y sus derivados como su acceso en condiciones que impliquen la máxima reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades constituyen el principal objetivo de las políticas públicas en la materia. Restricciones similares a las vigentes para el tabaco podrían aplicarse al cannabis.
3. El cannabis es la sustancia psicoactiva más utilizada en el país después del alcohol y del tabaco. Las características del mercado ameritan un sistema de producción, distribución y comercialización a gran escala que cubra la demanda existente y sea lo suficientemente estricto para resguardar los fines sanitarios de la regulación.
4. El autocultivo y los clubes sociales o las formas cooperativas para producir cannabis deben ser protegidos por la regulación, al igual que la disponibilidad de semillas. Son prácticas amparadas constitucionalmente que además posibilitan el acceso democrático y equilibran el precio de mercado.
5. La regulación legal del cannabis presupone no criminalizar conductas asociadas al consumo. Esto también aplica al resto de las sustancias psicoactivas, como sostiene el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De lo contrario, se seguirán coartando derechos humanos de los y las usuarias de estas sustancias.
