La Plata está en el podio de las ciudades con más denuncias por casos de trata de personas. La capital de la provincia de Buenos Aires ostenta el segundo lugar en un ránking elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) dependiente del Ministerio Público Fiscal a partir de los llamados recibidos al número gratuito 145 habilitado en todo el país.
Así surge de las últimas estadísticas difundidas por la Protex correspondientes a las denuncias recibidas y derivadas por el organismo durante los años 2016 y 2017, lapso en el que la ciudad y su zona de influencia sumó 424 casos y sólo es superada por el populoso distrito de San Martín en el norte del conurbano, con 679. Bastante más atrás se ubican Rosario, con 280 denuncias; Córdoba, con 223; y la Ciudad de Buenos Aires con 197. Si se tiene en cuenta la relación entre la población de cada conglomerado y la cantidad de casos, los guarismos que arroja La Plata resultan alarmantes.
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Las denuncias correspondientes al Departamento Judicial La Plata representan el 15 por ciento de todas las derivadas a diferentes jurisdicciones. Según surge del trabajo oficial, el incremento en esta región se pronunció a lo largo de 2017, mientras que en el resto de las provincias el nivel se mantuvo estable. A excepción de Salta, que pasó del puesto 18 al 7 con 147 denuncias.
Según se explicó a 0221.com.ar desde la Protex, hasta septiembre del año pasado, del total de denuncias recibidas a través de la Línea telefónica 145, 217 fueron derivadas a la Justicia ordinaria de La Plata: por tratarse de un delito conexo (vinculado a la explotación sexual, laboral, etc.) y no específicamente del delito federal tipificado como trata de personas. De ese cúmulo, el resultado derivó en 55 procesamientos y 17 sentencias.
Del registro de la Protex surge que alrededor del 40 por ciento de todos los llamados se refieren a casos de trata con fines de explotación sexual mientras que el 15 por ciento refiere a búsqueda de personas y un 13 por ciento a explotación laboral. Las denuncias que expresan una posible situación de explotación sexual se orientan principalmente a manifestar la existencia de “prostíbulos”, “privados”, “whiskerías”, “locales nocturnos”, “bares” y/o “pubs” (55,2% de los casos). En segundo lugar se ubican los “domicilios particulares” (25%), seguido por la “prostitución callejera” (13,5%). “En este sentido -sostiene el informe oficial- se puede esbozar una idea sobre cómo la sociedad percibe la trata sexual en relación con la práctica prostibularia y la existencia del prostíbulo, en sus distintas denominaciones, como centro de explotación sexual de mujeres”.
En el caso de Johana Ramallo la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas interviene en la causa (FLP 76789/2017) a instancias del fiscal Hernán Schapiro con el que coordina tareas e intercambia información. Desde el Área de Investigaciones de la dependencia se explicó que su misión consiste en proponer medidas, acompañar presentaciones del fiscal y generar un enlace de comunicación que permita el aporte de información recibida que pudiera ser de utilidad en la investigación.
Al igual que el resto de los operadores judiciales vinculados con la pesquisa, desde la Protex se busca “preservar al máximo posible la confidencialidad de la información contenida en el expediente, y esto implica, entre otras cuestiones, no realizar manifestación alguna por fuera de las instancias estrictamente procesales”, debido a que “entendemos que estamos frente a la investigación de hechos de extrema sensibilidad tanto para Johanna como para sus familiares”.
VIDEO: LAS ÚLTIMAS HORAS DE JOHANA
CRECEN LAS DENUNCIAS
Las denuncias al 145 -puesta en marcha a partir de 2012- son gestionadas inicialmente por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas, del Ministerio de Justicia de la Nación, según lo previsto en la ley específica (N°26364/08). Según los operadores de ese programa existen dos métodos usuales de captación el “enamoramiento”; la aparición de la figura de un “salvador” ante situaciones de vulnerabilidad y la “falsa oferta laboral” que suele incluir el traslado a otra ciudad.
A su vez, investigadores judiciales consultados diferenciaron la “trata dura” de la “trata blanda”. La primera -los expertos aseguran que está en retroceso- apela a una captación violenta de la víctima, que incluye maltrato y vejámenes durante el traslado. En el segundo caso, se utilizan métodos de engaño y persuasión. “Hacen promesas laborales pero, al llegar al lugar, les dicen que no se dio y ofrecen llevarlas a alojamientos provisorios que terminan siendo prostíbulos”, indicó la fuente. También puntualizó que el traslado es un elemento clave para reducir a la víctima a un estado de sumisión que la desvincule de sus lazos sociales. Esto explica la presencia masiva de trabajadoras traídas desde países limítrofes.
Desde el inicio de los estudios confeccionados por la Protex, a fines de julio de 2015, se consignó un total de 5.138 denuncias. Las incluidas en su último informe, entre 2016 y 2017, fueron 4.296. De ese total, la dependencia tomó intervención en 3.244, luego de analizar las denuncias, constatar la existencia de investigaciones judiciales o denuncias previas en la línea y contactar a los denunciantes para una ampliación de datos cargados en una plataforma informática. Así, los operadores de la Protex derivaron 2.798 casos de manera inmediata a las autoridades judiciales competentes en diferentes puntos del país, mientras que en otros 129 generó investigaciones preliminares.
“La derivación consiste en una descripción sucinta del hecho que amerita el inicio de una investigación penal, la posible calificación legal fundada en los elementos aportados en el formulario y los recabados en la Procuraduría, los motivos por los que se remite a esa jurisdicción territorial, además de un análisis conjunto de la información recabada durante el relevamiento y la aportada en la denuncia y, eventualmente, una sugerencia de medidas, tanto probatorias como de asistencia a la víctimas, como la intervención del Programa Nacional de Rescate u otros organismos locales de asistencia, previa comunicación con los mismos, en caso de estimarlo necesario”, explican en el organismo conducido por Marcelo Colombo.
De un año a otro las denuncias por casos de trata en todo el país crecen: de un promedio mensual de 168,4 formularios en 2015 se pasó a uno de 184,6 el año pasado. En su mayoría -el 61 por ciento- se trata de testimonios anónimos. Sólo en el 8 por ciento se manifiesta algún tipo de complicidad con los presuntos autores de parte de un funcionario público. En ese sentido, el informe de la Protex destaca que en general esas imputaciones “no suelen identificar a personas concretas, sino que utilizan expresiones genéricas” tales como ‘tal comisaría’, ‘el municipio’, o “la justicia”. Para los miembros de la Procuraduría el anonimato “brinda seguridad a los denunciantes y es una herramienta que puede contribuir al incremento del número de procesamientos y sentencias que involucren a funcionarios –policiales, judiciales, empleados municipales- y cualquier otro miembro de organismos con capacidades de inspección, prevención, persecución y sanción por trata o sus delitos conexos en los que se haya probado su participación”, se indica en el informe.
Otro dato puesto de resalto por los especialistas indica que el 90 por ciento de las denuncias avanzaron en investigaciones judiciales y sólo un 10 por ciento terminó en el archivo del expediente. Además, más de la mitad de los casos derivados a distintas jurisdicciones del país constituían un “hecho nuevo” que no había sido denunciado en otra instancia.
Como se ve, el de Johana no es un caso aislado. Según datos actualizados a mayo del 2017 por el informe “Búsqueda de personas en democracia. Actualización de registros, relevamiento de datos, cruces de información e identificaciones de NN” elaborado por la Protex conjuntamente con la asociación Acciones Coordinadas Contra la Trata de Personas (ACCT), hay 6.033 personas desaparecidas en nuestro país. El trabajo reunió información brindada por organismos provinciales y nacionales, y distingue que, de ese total, 3.228 son niñas, adolescentes y mujeres adultas; mientras que otros 2.800 son niños, adolescentes y varones adultos, y en 8 casos no hay referencia al género. El grupo etario que concentra el mayor número de desapariciones es el que va “de 12 a 18 años, con una tendencia aún más marcada en el caso de las adolescentes”.
Si bien todas las líneas de búsqueda de Johana apuntan a hallarla con vida, resulta fundamental realizar en paralelo el rastreo e identificación de cuerpos NN en hospitales, morgues y cementerios de manera constante y efectiva. Una tarea que según el mismo informe de la Protex no resulta sencilla.
Más allá del caso de Johana, el trabajo indica que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) ha relevado un total de 5.329 actas de defunción de personas con identidad desconocida en todo el país. De estas anotaciones, 3.015 fueron informadas con sus respectivas huellas dactilares, mientras que en 2.314 casos las actas no se acompañaban con registros dactiloscópicos. Si bien del total de actas de defunción pertenecientes a cuerpos NN, el 68 por ciento (3.615) corresponden a varones y el 17 por ciento (930) a mujeres -mientras en 784 actas (15%) no se especifica el género-, las búsquedas de paradero abiertas corresponden principalmente (54%) a niñas y mujeres, en especial de edad adolescente.
Las regiones que exhiben una mayor concentración de casos son la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguidas por las provincias de San Juan, Santa Fe y Mendoza. En el trabajo se señalan los inconvenientes derivados de la falta de mecanismos a nivel estatal para compartir información, así como la ausencia de protocolos de actuación frente al hallazgo de un cadáver sin identificación. En esa misma línea, se apunta como indispensable la necesidad de complementar toda identificación de cadáveres con muestras de ADN para complementar la huella dactiloscópica.
REACCIÓN JUDICIAL
En 2009, un año después de la sanción de la ley de trata a nivel nacional (26.364, en 2012 reformada por la 26.842), el crecimiento de la actividad vinculada con la prostitución en varios puntos del conurbano sur llevó a la por entonces Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, a impulsar la creación de fiscalías especializadas en delitos conexos con la trata de personas para explotación sexual. La primera en funcionar fue la UFI N° 4 en La Plata y quedó a cargo del fiscal -hoy retirado- Fernando Cartasegna.
Según la visión de expertos policiales en el tema la capital provincial se había convertido en una de las de mayores plazas de oferta sexual del país. Al mismo tiempo se había constituido en un punto estratégico de tránsito y destino de mujeres víctimas de redes de trata.
Con un promedio de dos a tres allanamientos semanales, el apoyo de las autoridades y la colaboración de vecinos hartos de convivir con el problema, Cartasegna consiguió el cierre de decenas de prostíbulos. Por entonces el funcionario -que contaba con un reducido grupo de colaboradores- recibía unas diez denuncias vecinales por semana. En rigor, más que una disminución de la actividad, se produjo una mutación en la modalidad de acción pergeñada por los proxenetas. En el lapso de cinco años el negocio mutó pasando de los prostíbulos ubicados en locales a la calle a la oferta por internet en departamentos privados. Así, la persecución judicial y municipal se hizo más difícil. Las campañas nunca hicieron hincapié en los consumidores -a los que fuentes judiciales identificaron con varones de clase media- ya que su conducta no es punible.
Según los especialistas en la temática consultados, las redes de trata implican un negocio que requiere una logística sofisticada y aceitados contactos con fuerzas de seguridad, magistrados y sectores políticos.
Pese a la persistencia del problema, el fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo dispuso a fines de junio de 2017 -un mes antes de la desaparición de Johana- disolver la fiscalía especializada en la temática que conducía Cartasegna. Se hallaron diversas irregularidades en la tramitación de los expedientes y se iniciaron varios sumarios internos cuyo resultado nunca trascendió. Las causas que allí se tramitaban se diseminaron por el resto de las unidades de instrucción del departamento judicial.
INFORME JUDICIAL A UN AÑO
La Fiscalía Federal N° 1 de La Plata difundió en estas horas un informe sobre el caso Johana, en el que se consignó que desde el pase al fuero federal, en septiembre pasado, se hicieron en la causa ocho allanamientos y se tomaron 42 declaraciones testimoniales, además de “registros de vehículos pertenecientes a personas investigadas, rastreos con canes en distintas zonas de interés de la ciudad, así como pedidos de informes a organismos públicos y entidades privadas, entre otras medidas probatorias”. El informe indica, asimismo, que el Ministerio Público “continuará su intervención proactiva en la presente investigación, en procura de encontrarla y determinar quién o quiénes pudieron tener responsabilidad en su desaparición”.
Para Marta Ramallo, madre de Johana, y sus abogados, la ausencia de pistas certeras en el caso, a un año de la desaparición, dan cuenta de la intervención de una de estas organizaciones. “La capacidad de encubrir eficazmente hasta la menor de las pistas nos hace pensar que estamos frente a una organización de trata”, dijo a 0221.com.ar el letrado Víctor Hortel.
La misma idea recorre los grupos que reclaman por la aparición con vida de la joven y que se expresan en las redes sociales y en la lucha callejera que repite en sus cánticos las mismas consignas pintadas con aerosol en las banderas que encabezan las manifestaciones: “Devuelvan a Johana”; “El Estado es responsable”; “Basta de Trata”.
Marta sufre, pero no pierde las esperanzas de recuperar a su hija. Cree que quienes la retienen aún “la tienen cerca”. Está dispuesta a sostener la pelea hasta el final. Cinco meses después del shock que le produjo la desaparición de su primogénita la mujer decidió reflejar su compromiso de un modo singular: se tatuó en el pecho el nombre de su hija: “Significa -asegura- poner el pecho a esta lucha y llevar a Johana para siempre conmigo”.
El aniversario de la desaparición de Johana Ramallo golpea a la sociedad toda pero, especialmente a la comunidad platense, curtida por resonantes casos que, penosamente, parecen haberla convertido si no en la capital de la trata, en la capital de las desapariciones en democracia.
LEÉ LA PRIMERA PARTE DEL INFORME: ESPERAME, amarga crónica de una ausencia anunciada
LEÉ LA TERCERA PARTE DEL INFORME: Zona roja, el lugar donde mueren las promesas