viernes 29 de marzo de 2024

Johana Ramallo, el laberinto de la causa judicial: testigos en peligro, hipótesis sin destino

La causa judicial en la que se investiga la desaparición de Johana Luján Ramallo es un verdadero e intrincado laberinto que, por el momento, parece conducir a ninguna parte.

El expediente N° 76789/2017 caratulado “N.N. S/ Infracción ley 26.364 -la norma que desde 2008 busca prevenir y sancionar la trata de personas, además de asistir a las víctimas- tramita en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo del juez subrogante Ernesto Kreplak, y ya acumula más de cinco mil fojas contenidas en casi treinta cuerpos.

Allí puede verse la tarea judicial descripta en decenas de allanamientos, escuchas telefónicas, seguimientos encubiertos, rastrillajes, operativos con perros entrenados además de cientos de declaraciones testimoniales que, hasta ahora no han permitido delinear un camino certero para una pesquisa establecida alrededor de una oscura trama en la que se conjugan, en dosis aún difusas, prostitución, narcomenudeo, marginalidad extrema y abandono.

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El secuestro operado por una red de trata orientada a la explotación sexual o un posible ajuste de cuentas por un asunto relacionado con la comercialización de estupefacientes son las principales hipótesis barajadas por los investigadores que no descartan, además una combinación de ambas y señalan como un elemento importante a tener en cuenta en cualquiera de los casos la fragilidad de la salud de la joven desaparecida. No obstante, sin imputados ni sospechosos a la vista, el proceso parece hoy lejos de una resolución.

El periplo del caso en los tribunales arrancó en la justicia provincial el jueves 27 de julio de 2017 -al día siguiente de la desaparición- cuando, Marta Ramallo, madre de Johana, radicó la denuncia en la comisaría N° 16 de Villa Ponsati. Hasta ahí había llegado luego de ir a la comisaría 9na donde le indicaron que debía concurrir a la seccional de su barrio. “Seguro debe estar con algún machito”, la cortaron los uniformados con displicencia cuando la mujer les dijo que su hija tenía 23 años. También había ido sin suerte al hospital San Martín. Luego se supo que en los registros del Policlínico la habían anotado como "NN Johana".

La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2, conducida por la fiscal Betina Smolej de Lacki. En esa instancia el expediente fue encuadrado bajó la carátula de “averiguación de paradero”, como aquellos en lo que se persigue dar con una persona extraviada.

En paralelo, una serie de organizaciones que trabajan sobre las vulnerabilidades en barrios periféricos de la ciudad rodearon rápidamente a Marta. Sin noticias de Johana, el domingo siguiente a su desaparición hubo una reunión en La Vecindad, un espacio cultural y de militancia ligado al kirchnerismo donde confluyeron referentes de diversos colectivos y agrupaciones políticas. Allí se pergeñaron los primeros pasos de la búsqueda y se comenzaron a organizar actividades para reclamar por una inmediata aparición, una campaña que pronto consiguió gran penetración en la ciudad. Entre los presentes aquel día estaba la titular de la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Flavia Delmas, desde donde se brindó un fuerte respaldo a Marta -que incluyó a partir de este año un trabajo en el buffet de la casa de estudios-, además del acompañamiento y contención para sus hijos y nieta.

La reconstrucción de las circunstancias previas a la desaparición determinó la habitualidad de Johana en el escenario de la zona roja y el vínculo cercano con algunos de sus habitantes. También se confirmó su paso por el Policlínico San Martín, de donde se largó sin el correspondiente permiso médico.

La búsqueda llevaba tan sólo unos días cuando Marta Ramallo fue recibida por la fiscal Lacki a quien le contó que había recorrido la zona roja con fotos de su hija y que sabía quiénes eran los proxenetas y también quiénes vendían la droga que consumía los días de Johana. Parada frente a un escritorio en uno de los despachos de la fiscalía, la mujer tuvo la causa en sus manos. Entre los oficios, en muchos casos inentendibles para ella, pudo ver unas fotos extraídas de un celular en las que su hija posaba para un cliente en un hotel alojamiento. Sólo entonces comprendió más acabadamente la dimensión del drama que atravesaba la vida de Johana, esclava de una adicción inmanejable que había deteriorado sensiblemente su salud, la había llevado a abandonar otras actividades y había terminado por destrozar su relación de pareja.

En esa etapa el expediente se engrosó con declaraciones de decenas de testigos vinculados con la actividad en la zona roja. En las diligencias del caso -en el que seguía sin investigarse delito alguno-, declararon varios hombres señalados como proxenetas que se desvincularon del hecho. También se sumaron numerosos testimonios de trabajadoras sexuales (mujeres, travestis y transexuales) que pululan por las cercanías de la plaza Matheu, muchas de las cuales también comparecieron, aunque, en general, con una notable y coincidente reticencia. Ninguno de esos testimonios aportó elementos sustanciales a la investigación, según coinciden en señalar fuentes tribunalicias y abogados con intervención en la causa.

La desaparición de Johana Ramallo planteó un desafío mayúsculo a las organizaciones que trabajan con las temáticas de género y violencia entre las que hubo discusiones, desacuerdos y tensiones alrededor de las distintas estrategias sobre cómo construir una narrativa del hecho y sus circunstancias tanto a nivel judicial como mediático para evitar censuras y estigmatizaciones sexistas. Así, la construcción del relato público del caso se fue desplegando lentamente dejando ver solo ciertos aspectos, omitiendo otros que se consideraron contraproducentes. Por caso, sólo más de un mes después del hecho fue explicitada la condición de Johana como la de una “trabajadora sexual”.

Tal vez sea ese dilema y su propia complejidad lo que sirva para explicar algo paradójico ocurrido en los primeros días: para construir una imagen emblemática del caso se apeló a la fotografía de Johana en su DNI, cuando tenía 16 años y exhibía una apariencia bastante cambiada respecto del momento de su desaparición, siete años más tarde. Esto que podría servir para permear prejuicios sexistas, parecía contrario a una mayor eficacia de la búsqueda.

Apenas asumieron la representación de la madre de Johana como querellantes, los abogados Víctor Hortel, Silvina Perugino y Josefina Rodrigo, buscaron cambiar la carátula -que guía la orientación de la investigación- por una que reflejara el único convencimiento que la madre de Johana sostiene hasta hoy: que su hija no se ausentó por sus propios medios y que alguien la retiene contra su voluntad. Para los letrados era clave apartar de la instrucción a la policía bonaerense, más específicamente a la Delegación Departamental de Investigaciones a cuyos efectivos la fiscalía había encomendado la pesquisa. “Es sabido que la policía siempre tiene algún tipo de connivencia, participación o encubrimiento de actividades vinculadas con la prostitución o el tráfico de estupefacientes”, apuntó Hortel en aquel momento en declaraciones a la prensa.

El 21 de septiembre de 2017, Hortel y sus colegas pidieron formalmente ante el fiscal general federal, Hernán Schapiro, que investigara lo ocurrido a Johana como un presunto caso de trata de personas con fines de explotación sexual. Habían pasado casi dos meses y la causa parecía estar en el punto cero.

VIDEO: LAS ÚLTIMAS HORAS DE JOHANA

 

EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO

Los primeros días de octubre, tras la inhibición de la justicia provincial, el expediente llegó al juzgado de Kreplak quien, con presteza recibió a Marta Ramallo en su despacho y le prometió poner todos los recursos a su alcance y el mayor empeño para intentar dar con Johana.

-Mire, doctor, le agradezco que me atienda. Solo tengo para decirle que los tiempos que se está tomando la Justicia no son los de mi hija ni los de mi nieta que espera ver a su mamá cuanto antes- balbuceó la mujer antes de romper en llanto.

Kreplak armó un equipo para abocarse en forma exclusiva al seguimiento del caso que es coordinado por la doctora Noelia Matalone, secretaria del juzgado N° 3. Desde el Ministerio Público se dio participación a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic). En la provincia tuvieron intervención, entre otras áreas, el Consejo Provincial de las Mujeres y la Subsecretaría de Acceso a la Justicia. De hecho, al cumplirse un mes de la desaparición el Secretario de Derechos Humanos bonaerense Santiago Cantón, recibió a Marta y se comprometió a acompañar la búsqueda y a gestionar una audiencia con la gobernadora María Eugenia Vidal que hasta ahora no se concretó.

Los nuevos responsables de la causa replantearon la investigación. Al revisar lo actuado advirtieron algunas irregularidades que les llamaron la atención y sirvieron para convencerlos de la necesidad de apartar a la policía bonaerense y apelar a una fuerza extraterritorial. Así, se dio intervención a una división de elite de la Policía Federal.

Sólo entonces el Ministerio de Seguridad bonaerense emitió un despacho de “búsqueda de personas” en el que se informó que Johana Luján Ramallo, DNI 38.584.879, nació San Vicente el 15 de noviembre de 1993; que lleva cuatro tatuajes en su cuerpo: un tribal en la cintura; un escorpión en el hombro derecho; y las letras “T” en el tobillo derecho y “M” en el izquierdo. Además, en el texto, incluido en el Boletín Informativo N° 70 difundido el 13 de octubre por la cartera a cargo Cristian Ritondo, se menciona que la joven “padece adicción a la cocaína y a la marihuana, no encontrándose en tratamiento”.

Muchos llamados, en su mayoría a la línea 145 de atención telefónica gratuita para casos de trata de personas -que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación-, han aportado datos que ubicaban a la joven buscada en diferentes puntos de La Plata o fuera de ella, incluso más allá de los límites de la provincia y hasta en el exterior. Esos rastros condujeron a los investigadores a sitios diversos, en algún caso, inverosímiles que pronto se convirtieron en callejones sin salida.

El expediente judicial está repleto de testimonios de personas que aseguran haber visto a Johana sin que en ningún caso se hayan podido confirmar esos dichos. En estos meses, los operativos para dar con la joven se multiplicaron sin resultado alguno a los ojos de la familia y sus allegados. Hasta el momento la Justicia rastreó a Johana en una docena de barrios de las afueras del casco platense como Villa Elvira, El Paligüe, Villa Alba y, entre otros, Altos de San Lorenzo. Al último de los lugares citados se llegó luego de un testimonio en el que se aseguraba que Johana estaba allí viviendo con un novio que regenteaba un desarmadero de autos. El operativo dio con el sujeto y su pareja, que se llamaba Johana, pero no era quien se está buscando.

También se siguieron pistas más allá de la ciudad, incluso, fuera del país. Una mujer que había sido captada por una red de trata en el Gran Buenos Aires y trasladada al Paraguay donde logró escapar declaró ante la Protex haber visto a Johana en un prostíbulo en Asunción. Pero allí tampoco la ubicaron.

En el fárrago de la causa aún está pendiente la ampliación de la declaración de la chica que se ve junto a Johana en el registro de las cámaras de seguridad de la estación de servicio YPF ubicada en la esquina de 1 y 63. Identificada aquí solo como “N”, por razones legales, esa testigo clave era en aquel momento menor de edad y se la preservó por la fragilidad de su estado de salud que obligó a someterla a un tratamiento y a disponer una medida curativa. En aquellos días la chica también estuvo ausente, pero reapareció 48 horas más tarde. La única declaración que hizo ante la Justicia no arrojó nuevas evidencias. Entonces se limitó a decir que, por lo que ella sabía, “era común que Johana se fuera de su casa”. Sin embargo, tanto en la familia de la joven desaparecida como en la Justicia están convencidos de que “N” sabe más de lo que atestiguó, pero que no estaban dadas las condiciones para que declarara. Lo cierto es que en los últimos meses, cuando los instructores judiciales volvieron a buscarla para que ampliara o rectificara sus dichos no lograron dar con ella.

Además, figura en el expediente, bajo estricta reserva de identidad, el testimonio de otra chica que solía juntarse con Johana en la zona roja; donde se prostituían, muchas veces solo a cambio de sustancias para calmar su adicción. Esa declaración habla de una entrega con participación de alrededor de cinco sujetos aunque no se los identifica. Todos cabos sueltos.

Marta Ramallo está convencida de que en la desaparición de su hija intervinieron proxenetas que operan en la zona roja con la complicidad entre miembros de la Bonaerense. Esos señalamientos se fueron acentuando con el correr de los meses. Al cumplirse seis meses de la desaparición en una manifestación delante de la Casa de Gobierno bonaerense, los organizadores colgaron en las rejas que protegen al edificio las caras del Jefe de la Policía, Fabián Perroni; del titular de la DDI, Pedro Beltrame; del comisario de la 9na, Matías Saez; y del jefe de calle de esa seccional, Guillermo Salas. No obstante, según aseguraron fuentes tribunalicias no existen en el expediente imputaciones directas hacia ningún uniformado. Casi con una vinculación temporalmente directa y obscena, apenas enfocó sus denuncias hacia los uniformados, Marta empezó a recibir amenazas. A fines de abril último su casa fue tiroteada, entre otros episodios que la mujer denunció públicamente.

Marta suele repetir que “a Johana primero la desapareció el Estado” al condenarla a la miseria y el abandono y arremete, “luego la complicidad policial, judicial y política”. “Les conocemos las caras a los proxenetas”, asegura; y apunta directamente a la Comisaría 9na que, dice, “se queda con parte del dinero que se recauda con los cuerpos de nuestras hijas. Hay una organización criminal en toda esa zona que capta a chicas, muchas de ellas menores de edad, para explotarlas sexualmente”.

Así las cosas, fuentes ligadas a la investigación insisten en que “no hay elementos suficientes en la causa para determinar la existencia de una red de trata que esté reteniendo a Johana. Si lo tuviéramos ya hubiésemos actuado”, advierten.

Los vaivenes del caso incluyeron ciertas desavenencias entre Marta, su entorno y los abogados que la representaban, que a lo largo de estos meses cambiaron en tres oportunidades: al grupo encabezado inicialmente por Hortel -ligado al kirchnerismo- lo reemplazó a principios de este año la dupla de Luz Santos Morón y Pía Garralda, ambas profesionales integran colectivos defensores de los derechos humanos y tienen militancia activa en fuerzas trotskistas. Sin embargo, estas letradas se alejaron de la causa en mayo y su lugar fue ocupado fugazmente por representantes de la Fundación María de los Ángeles que preside Susana Trimarco, los que, a su vez, también terminaron por resignar su actuación en el caso, al punto que la Justicia intimó a la señora Ramallo a reponer a sus patrocinantes. El mes pasado volvieron a hacerse cargo de la defensa Hortel y compañía, que desde entonces se abocaron a leer lo ocurrido en la causa durante el paréntesis de más de de cuatro meses en que dejaron de actuar en el proceso.

Esos desacoples se conjugaron con otra particularidad singular en el caso dada por la circulación de información por fuera del expediente. Un relato que se va construyendo en el escenario de la calle y que retrata una historia de abandono y vulneraciones que dibujan el contorno de un final previsible.

Asimismo, y pese a la estricta reserva con que el juez Kreplak intenta revestir a la investigación, en más de una ocasión quedó en evidencia una preocupante filtración de datos surgida inequívocamente de actores con acceso a la causa. Así ocurrió cuando, a principios de este año, el magistrado dispuso el allanamiento en media docena de domicilios en los que funcionaban prostíbulos pero, cuando llegaron los efectivos de la Policía Federal los sitios ya habían sido “visitados” por la Bonaerense. A su vez, al dar cuenta de una amenaza de una persona que le daba datos del caso y de su familia Marta consideró que esa información sólo pudo haber salido de los tribunales. Pero el episodio más grave se produjo el 7 mayo pasado, cuando decenas de periodistas recibieron por WhatsApp el anticipo de un allanamiento en la Unidad Penal N°34 de Melchor Romero. Hasta allí se había llegado por una denuncia recibida en la organización Madres de Víctimas de Trata que sostenía que una mujer había estado durante años cautiva en un sótano de la citada cárcel. Fue el último gran operativo que se hizo público. Nada. Y ya pasó un año.

LEÉ LA PRIMERA PARTE DEL INFORME: ESPERAME, amarga crónica de una ausencia anunciada

LEÉ LA TERCERA PARTE DEL INFORME: Zona roja, el lugar donde mueren las promesas

LEÉ LA CUARTA PARTE DEL INFORME: Johana Ramallo, en la ciudad de la trata

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