Tras la Marcha Federal Universitaria, distintos informes de consultoras privadas revelan la situación que atraviesan las universidades.
Este miércoles se realizó la segunda Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió el mando del Gobierno nacional y el principal reclamo de las universidades fue contra el anunciado veto a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por la oposición en el Congreso a mediados de septiembre.
La norma, que finalmente recibió el veto del presidente en las primeras horas de este jueves, ajusta el presupuesto universitario por inflación, retroactivo al 1° de diciembre del año pasado, y establece que los fondos deberán actualizarse de forma mensual. Esta medida beneficiará a las 60 universidades nacionales, basándose en la cantidad de estudiantes, egresados, carreras, y otros factores como hospitales y actividad científica.
La presidenta de la FUA, Piera Fernández de Piccoli, leyó el documento final de la segunda Marcha Federal Universitaria, con duras críticas al Gobierno.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo total de la ley equivale al 0,14% del PBI, unos $740.000 millones. De ese total, poco más de $441.000 millones (0,8% del Producto) corresponde a la recomposición de salarios docentes y no docentes.
El veto a la Ley de Financiamiento no fue la única razón de la marcha, ya que el presupuesto de las universidades nacionales sufrió un duro ajuste llevado adelante por el Gobierno argentino para lograr el equilibrio fiscal y el tan mentado déficit cero.
Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), las transferencias devengadas de la administración central a universidades nacionales para financiar gastos corrientes entre enero y septiembre tuvieron una caída real de 30,2% en comparación con el mismo período de 2023.
Las 60 entidades educativas relevadas sufrieron un recorte en las transferencias durante este año. Las más perjudicadas fueron la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (-68,5%), la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (-56,2%), la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (48,7%), la Universidad Nacional de Hurlingham (-47,1%) y la Universidad Nacional de Moreno (-46,3%).
En el Gobierno argumentan que muchas de las universidades no rinden cuentas del manejo del dinero. A la vez, comparan el presupuesto universitario con el de otras políticas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y contraponen los aumentos que recibieron los docentes del sector con los que fueron dados al resto de los trabajadores del Estado.
"La inversión en universidades tiene un peso relativo similar al de la AUH (7%) dentro del presupuesto total del Ministerio de Capital Humano. En cuanto al alcance, la AUH impacta en 4 millones de beneficiarios mientras que el presupuesto universitario llega a 710.466 alumnos regulares", resaltó un trabajo elaborado por el Consejo Coordinador de Políticas Sociales del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, que también puso en duda la condición de regularidad del alumnado.
"Al examinar la asignación presupuestaria de la Secretaría de Educación, vemos que el 74% del presupuesto se destina a cubrir universidades, mientras que sólo el 16% se orienta a la educación básica (inicial, primaria y secundaria)", continúa ese trabajo.
En ese marco, en la cartera que lidera la citada ministra recalcaron -según citó el sitio TN.com.ar- que las universidades recibieron un 270% de aumento en los gastos para su funcionamiento. Esa decisión -que no impacta en salarios, investigación ni infraestructura- llegó luego de la primera marcha universitaria, realizada en abril. Entonces, sin embargo, las universidades salieron a aclarar que el incremento fue claramente insuficiente y solo para gastos de mantenimiento y funcionamiento, que representan un 10% de los fondos que gestionan.