Universidades de todo el país reclaman por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario e impulsa una nueva Marcha Federal.
El conflicto por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario continúa escalando y sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que se supiera que el Gobierno nacional analiza convocar a rectores de universidades nacionales para entablar negociaciones mientras intenta cumplir con el fallo de la Justicia.
El conflicto se mantiene como uno de los principales frentes abiertos para la administración nacional de Javier Milei, que por estas horas busca finalmente cumplir el fallo judicial que obliga a su aplicación.
El Gobierno busca modificar la Ley de Financiamiento Universitario para reducir su impacto fiscal, tras el fallo que le ordena pagar $2,5 billones.
La Marcha Federal Universitaria será en el mes de mayo y reunirá a estudiantes, docentes y gremios en todo el país en defensa de la educación pública
Según trascendió, el oficialismo trabaja en una convocatoria a rectores y autoridades universitarias para los primeros días de mayo, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita destrabar la situación y contener la creciente tensión. En Balcarce 50 sostienen que ya existió un intento de acercamiento en febrero, impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, que proponía una recomposición salarial del 12,3% para docentes y no docentes por lo perdido en 2025, pero la iniciativa no avanzó en medio de los tiempos legislativos.
En el oficialismo apuntan contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien acusan de haber frenado el proyecto. En su entorno, en cambio, niegan esa versión y aseguran que las prioridades legislativas responden a decisiones de la Casa Rosada. "Tenemos que acomodar los números para que funcione. No lo podemos pagar, en el mientras tanto vamos ganando tiempo para poder modificar la ley", admitió un referente libertario según publica la agencia Noticias Argentinas.
El Gobierno presentó un recurso extraordinario a través de la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, con la intención de dilatar los plazos. La inflación de marzo, que se ubicó en 3,4%, complicó aún más el escenario económico.
Fuentes oficiales también deslizaron que una de las alternativas en análisis es avanzar mediante un decreto, mientras se busca "arreglar el stock pasado" y abrir una nueva discusión en el Congreso.
Del lado de las universidades, el malestar crece ante la falta de definiciones. Las autoridades rechazan la existencia de un acuerdo previo y aseguran que en febrero apenas hubo "un aviso" por parte del Ejecutivo. Entre los principales reclamos se encuentran la falta de compensación por la pérdida salarial de 2024 y la ausencia de previsiones para 2026, lo que incrementa la incertidumbre en el sector.
En este contexto, el jefe de Gabinete Manuel Adorni mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para evaluar los pasos a seguir en la estrategia oficial. Mientras tanto, las universidades avanzan en la organización de una nueva movilización para los primeros días de mayo, que podría concretarse si no hay una propuesta que logre destrabar el conflicto.
El antecedente de la masiva Marcha Federal Universitaria de 2024 sigue presente en el Gobierno, aunque algunas voces oficiales relativizan el escenario actual. "La gente está cansada, no veo clima social como en aquel entonces", señalaron. Sin embargo, la presión continúa y el conflicto sigue abierto.
