Tras la pérdida de 50 mil puestos de trabajo motivada por la paralización de la obra pública y el ajuste, la UOCRA se encuentra en estado de asamblea permanente.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se declaró en estado de "alerta" y asamblea "permanente", a nivel nacional, en todas las obras públicas y privadas del país tras denunciar que se perdieron 50 mil puestos de trabajo en dos meses.
El gremio que conduce Gerardo Martínez informó a través de un comunicado difundido el lunes por la noche, que la medida "obedece a la pérdida de puestos de trabajo, producto de la paralización de las obras públicas y la desaceleración de la inversión de las obras privadas en ejecución". A esto le sumaron "la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo".
Será por la actualización del impuesto a los combustibles, tal como lo definió AFIP. El impacto sería de entre un 3% y 4 % en el precio final.
Anticiparon que la inflación de febrero estará por encima de las previsiones del presidente Javier Milei, quien había dicho que un 15% "sería un numerazo".
De acuerdo a estimaciones propias, en los últimos dos meses el rubro de la construcción perdió "50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos". La UOCRA responsabilizó por la pérdida a "la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno". En este aspecto, además denunciaron "la ausencia de gestión e interlocutores válidos" dentro del gobierno de Javier Milei.
A la paralización de la obra pública se sumó el hecho de que los niveles de actividad en el sector privado no compensan "la drástica caída" del sector público. "Nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública", expresaron desde el sindicato.
"Es inaceptable que el Gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas; que no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país", concluyó el comunicado de la UOCRA.
A principios de febrero, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) declaró el estado de emergencia del sector. En ese momento, la entidad advirtió que había unos 200 mil puestos de trabajo en riesgo y responsabilizaron, principalmente, al "desborde inflacionario" de 2023 y los primeros meses de 2024.
Es que, según el Índice del Costo de Construcción (ICC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los precios del sector registraron un aumento del 30% en diciembre, es decir, 5 puntos porcentuales por encima de la inflación de ese mes. A su vez, el índice de enero fue de 15,5%. En este contexto, la CAMARCO reclamó readecuar los contratos en cuanto a "precios, plazos y deudas" para poder mantener el nivel de actividad.