El presidente Javier Milei retiro la designación de María Verónica Michelli y generó rechazo en el PRO, dudas en la UCR y críticas por presión al periodismo.
La decisión del presidente Javier Milei de retirar del Senado el pliego de María Verónica Michelli para la Justicia Federal de La Plata desató tensiones con bloques aliados. Legisladores de PRO y la UCR cuestionaron la medida y reclamaron explicaciones sobre los motivos del cambio de postura.
La polémica es aún mayor debido a que candidatura –propuesta por el propio presidente Milei a fines de marzo– ya había reunido las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para obtener dictamen y quedar en condiciones de ser votada por el pleno de la Cámara alta.
El presidente Javier Milei envió al Senado los pliegos para cubrir 62 vacantes en la Justicia que incluyen tribunales de La Plata.
El caso tiene un telón de fondo extraoficial que le agrega más condimento a la polémica. Según trascendió, el oficialismo argumentaría de manera informal que Michelli es cuñada del periodista de La Nación, el también platense Hugo Alconada Mon, quien publicó investigaciones vinculadas al caso $LIBRA y al patrimonio del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Más allá de esos trascendidos, hasta el momento, sin embargo, no se informaron oficialmente las razones de la decisión.
La postulación de Michelli para el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 3 de La Plata había conseguido el respaldo de nueve de los 17 integrantes de la Comisión de Acuerdos, todos pertenecientes a espacios que suelen acompañar iniciativas de La Libertad Avanza. Entre ellos figuran Carolina Losada, Maximiliano Abad, Mariana Juri, Flavia Royón, Carlos Espínola, Martín Goerling, Beatriz Ávila, Carlos Arce y Sandra Mendoza.
El pedido de retiro fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado con las firmas del presidente Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, aún no le asignó número de expediente al dictamen, pese a que ya contaba con las firmas requeridas, una situación que generó cuestionamientos en la Cámara alta.
Desde PRO, el senador misionero Martín Goerling, cercano a Mauricio Macri y presidente del bloque, ratificó el respaldo a la candidata. “La idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional. El pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones”, sostuvo.
Goerling agregó que “frenar el proceso en esta etapa, por motivos que aún se desconocen, genera desprolijidad institucional” y remarcó que el bloque macrista mantiene su apoyo a la postulación de Michelli.
En la UCR también surgieron reparos. Aunque los radicales evitaron fijar una posición definitiva antes de conocer los fundamentos oficiales, dejaron trascender que consideran insuficientes las versiones conocidas hasta ahora. “Queremos conocer los motivos antes de tomar una decisión”, señalaron fuentes del bloque encabezado por Eduardo Vischi.
Entre los legisladores radicales que firmaron el dictamen favorable se encuentran Abad, Juri y Losada. Dentro del espacio incluso advirtieron que la medida podría interpretarse como una señal preocupante hacia la prensa. “Esto es contra el periodismo y puede afectar a la libertad de expresión”, comentaron.
El retiro de un pliego enviado por el Poder Ejecutivo debe ser aprobado por el pleno del Senado, de acuerdo con el artículo 137 del reglamento de la Cámara. Por esa razón, el oficialismo deberá defender su postura si decide impulsar la votación en la sesión prevista para el próximo jueves.
En distintos bloques aliados consideran que será difícil revertir el respaldo ya expresado en comisión si la única explicación es el vínculo familiar de Michelli con un periodista. Además, remarcan que la magistrada no registra impugnaciones durante el proceso de evaluación.
La polémica también motivó pronunciamientos de entidades y dirigentes políticos. El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su “preocupación” por la decisión y sostuvo que el retiro de pliegos ya enviados por el Ejecutivo es una práctica “discutible” que debe aplicarse de manera restrictiva, especialmente cuando ya existe dictamen de comisión.
Por su parte, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro afirmó que la medida constituye “un mensaje mafioso y autoritario” dirigido contra quienes investigan al poder. En la misma línea, la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, calificó la decisión como “una arbitrariedad y un abuso de poder sin igual”.
También la asociación Integridad Republicana manifestó su “profunda preocupación” y advirtió que, de confirmarse los motivos atribuidos al retiro, se trataría de un hecho grave para la independencia judicial y un nuevo ataque al periodismo. El documento fue respaldado, entre otros, por Graciela Fernández Meijide, José Octavio Bordón, Alberto Garay y Fabio Quetglas.