Tras el aval del Senado al Presupuesto, Javier Milei busca avanzar con la reforma laboral que reclama el FMI y el empresariado.
Envalentonado tras la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal, Javier Milei se prepara para impulsar la reforma laboral. El proyecto enfrenta la resistencia de la CGT, el PJ y gobernadores peronistas, y abre un nuevo frente de conflicto político en el Congreso.
La sanción de la Ley de Presupuesto en el Senado representó un alivio clave para el gobierno nacional y fortaleció la posición política del Presidente luego del duro revés que había sufrido en la Cámara de Diputados con la caída del capítulo 11, que derogaba las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.
La CGT calificó de regresiva la reforma laboral, defendió la gestión bonaerense y respaldó el rol político de Axel Kicillof tras un encuentro en su sede.
Javier Milei difundió un mensaje por Navidad y Nochebuena, destacó logros económicos, políticos y sociales y anticipó nuevas reformas para el próximo tramo.
Tras las primeras amenazas de un tercer año de gestión sin Presupuesto, en la Casa Rosada se impuso el pragmatismo, en línea con los mensajes que llegaron desde el FMI, Washington y los potenciales inversores externos, que reclaman previsibilidad y reglas de juego estables definidas por ley y no por vetos presidenciales.
En ese contexto, los números obtenidos en el Senado fueron considerados muy positivos por el oficialismo. El Presupuesto fue aprobado en general con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, mientras que el artículo 30, que recortaba fondos para educación, ciencia y tecnología, quedó cerca de prosperar con 42 votos positivos.
"Es un hecho histórico", celebró Milei, quien también destacó la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, destinada a incentivar la exteriorización de dólares no declarados. "Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre", sostuvo el Presidente.
Con ese respaldo legislativo, Milei ahora apunta a un desafío mucho más complejo: lograr la sanción de la Ley de Modernización Laboral, durante la extensión del período de sesiones extraordinarias o al inicio de las ordinarias en marzo. La iniciativa es impulsada por los grandes empresarios, las PyMEs y el FMI, y es leída por sectores sindicales y opositores como una flexibilización laboral.
No será una discusión sencilla. El Gobierno ya debió retroceder en su intento de avanzar con el proyecto antes de fin de año por falta de votos, y ahora se prepara para enfrentar la resistencia de la CGT, el PJ y los gobernadores peronistas más duros, que defienden los actuales derechos laborales.
La estrategia oficial vuelve a apoyarse en la negociación con mandatarios provinciales dialoguistas, entre ellos peronistas, radicales y referentes del PRO, que estarían dispuestos a acompañar una reforma, aunque rechazan una eliminación indiscriminada de derechos de los trabajadores.
En este escenario aparece el rol clave de los gobernadores de Provincias Unidas, como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), que ya demostraron firmeza cuando se vieron afectados los intereses de sus distritos.
También generan atención las posturas de Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), habituales interlocutores del gobierno nacional, pero con reparos frente a la reforma laboral.
En paralelo, Axel Kicillof aparece como el principal opositor político a Milei en la provincia de Buenos Aires, donde la CGT planea respaldarse con su nueva conducción. Si bien el sindicalismo no descarta un plan de lucha con paros y movilizaciones, reconoce que el actual clima social podría limitar su impacto.
Así, el Presidente avanza decidido hacia la reforma laboral, con un Congreso fragmentado y un desenlace todavía incierto, que promete abrir uno de los debates más tensos de su gestión.