El juez Kreplak mantiene la causa activa y señala a los dueños de los laboratorios como principales responsables por el fentanilo clínico en mal estado.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, habilitó la investigación durante la feria judicial -período donde los tribunales suspenden temporalmente sus actividades regulares- para avanzar en la causa por las muertes de 54 pacientes tratados con fentanilo clínico. Los dueños de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. son los principales apuntados.
La medida fue dispuesta tras 19 allanamientos que arrojaron nuevas pruebas, entre ellas el presunto desvío ilegal de cinco kilos de droga. Kreplak ya ordenó la inhibición de bienes de 24 personas vinculadas a la causa y prohibió su salida del país para evitar posibles fugas.
Ernesto Kreplak ordenó un peritaje al Cuerpo Médico Forense para determinar si hubo relación entre fallecimientos y la administración de fentanilo HLB.
La Justicia detectó que HLB Pharma, fabricante de los lotes de fentanilo contaminado, movilizaba fármacos en vehículos de uso alimentario.
Según indicó Infobae, en la documentación judicial el Kreplak identificó oficialmente a Ariel García Furfaro y Jorge Manuel Salinas como responsables de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Según consta, también son propietarios del laboratorio Apolo, que tuvo una importante causa judicial años atrás.
En junio de 2016, una explosión en la planta de Apolo en Rosario dejó cinco personas heridas. La investigación concluyó que el incidente fue consecuencia de fallas en el sistema de seguridad y deficiencias en el mantenimiento de la caldera industrial. Por ese hecho fue imputado Ariel García Furfaro y su hermano Damián, entre otros. El fiscal Walter Jurado los acusó de estrago culposo agravado y lesiones graves, por no haber realizado controles técnicos ni contratado personal especializado.
García Burfaro estuvo dos años y siete meses preso en la Unidad 9 de La Plata por intento de homicidio. Allí se recibió de abogado. Durante la pandemia, intentó ingresar cincuenta millones de dosis de la vacuna Sputnik V. De hecho, en 2020, un integrante de HLB Pharma viajó a Rusia con la primera comitiva que envió Argentina, junto a la entonces Secretaria de acceso a la Salud de Nación, Carla Vizzotti. pero sus antecedentes penales impidieron la operación.
Jorge Salinas fue procesado por fraude al PAMI. Se lo acusó, junto a otros empresarios, de desviar más de 21 millones de pesos mediante facturación apócrifa y contratos irregulares con el sistema de salud. También vinculado a Apolo, entre 2005 y 2012, aunque no figuraba como propietario al momento de la explosión, su historial empresarial motivó nuevas investigaciones por vaciamiento, evasión fiscal y relaciones con laboratorios en Paraguay, desde donde habría traficado suero médico. También se evaluó el rol del Estado ante las reiteradas infracciones cometidas por Apolo. Según consta en la causa, hubo múltiples clausuras, habilitaciones incumplidas e inspecciones irregulares bajo la gestión de Salinas.
El intendente de Rosario (donde fallecieron 35 personas por fentanilo contaminado), Pablo Javkin, denunció lazos entre los dueños de los laboratorios y el narcotráfico. Además, solicitó ser querellante en la causa y dijo que García Burfaro tuvo vínculos con Andrés Gerardo Lamboy, quien operaba con el “Rey de la efedrina”, Mario Segovia.
En el expediente figura que, en marzo de 2025, HLB Pharma almacenaba 4,5 kilos de citrato de fentanilo y Laboratorios Ramallo tenía 0,45 kilos. La empresa informó que destruyó la sustancia el 13 de mayo, el mismo día que estalló la crisis sanitaria.
Esa jornada, la ANMAT inhabilitó a ambos laboratorios para seguir operando. Las autoridades sanitarias adoptaron la medida como consecuencia directa de la investigación judicial por el suministro de fentanilo contaminado a centros médicos.
La justicia sigue investigando si parte del fentanilo fue desviado al mercado ilegal. Kreplak busca determinar si hubo omisiones en los controles y si los imputados facilitaron, directa o indirectamente, el ingreso del opioide al circuito clandestino.