El Gobierno activó el debate parlamentario sobre la baja de edad de imputabilidad con un dictamen consensuado con la oposición y llama a sesión.
La baja de edad de imputabilidad quedó en el centro de la agenda legislativa tras un acuerdo entre el Gobierno y sectores opositores. El oficialismo convocó a una sesión especial para tratar la reforma del régimen penal juvenil, que fija en 14 años la edad mínima de punibilidad para menores en conflicto con la ley en Argentina.
El entendimiento se alcanzó luego de que el bloque oficial aceptara avanzar con un dictamen alternativo al proyecto original del Poder Ejecutivo. La propuesta inicial planteaba bajar la edad a 13 años, pero no reunió los votos necesarios para prosperar en el recinto durante el período extraordinario.
La baja de edad de imputabilidad volvió a la agenda pública y el papá de Kim Gómez habló del proyecto oficial, el rol del Estado y la necesidad de prevención.
Arranca una semana clave en el Congreso, con poroteo ajustado y tensiones por la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad y la Ley de Glaciares.
"Teníamos previsto insistir con la iniciativa original, pero no tenemos los votos. Esta es la ley posible", reconocieron desde el oficialismo. La definición llegó tras la advertencia de bloques dialoguistas, que solo acompañarían el texto consensuado en mayo y que nunca se debatió formalmente.
La convocatoria a sesionar se concretó tras una reunión encabezada por Martín Menem en Diputados. Allí se acordó reactivar el tratamiento del dictamen que perdió estado parlamentario en diciembre y ordenar un cronograma acelerado para llevar el tema al recinto.
El plan legislativo prevé que las comisiones se constituyan el martes y ratifiquen el dictamen al día siguiente. La sesión quedó fijada para el jueves 12, con el objetivo de avanzar antes del cierre del período extraordinario, previsto para el 1 de marzo.
Desde el bloque libertario aseguran contar con los apoyos necesarios para iniciar el debate. "Ya tenemos asegurados 136 votos para arrancar la sesión", deslizó un referente parlamentario. Salvo sectores de Unión por la Patria y la izquierda, habría respaldo mayoritario.
El proyecto establece que la pena máxima para menores será de 15 años, solo en delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad quedará como último recurso, priorizando sanciones alternativas como tareas comunitarias y medidas de reparación.
Durante el encuentro, los bloques provinciales reclamaron financiamiento para implementar el nuevo sistema. El oficialismo aceptó incorporar una cláusula que habilita convenios entre la Nación y las provincias, a medida que adhieran al régimen, para cubrir los costos operativos.