El Gobierno creó un nuevo régimen de pensiones no contributivas, con criterios de acceso, condiciones de permanencia y mecanismos de control.
El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y creó un nuevo régimen de pensiones no contributivas, con criterios de acceso, condiciones de permanencia, incompatibilidades y mecanismos de control.
La medida se oficializó mediante el Decreto 84/2026, firmada por Javier Milei y publicada en el Boletín Oficial. La decisión respondió a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que ordenó aplicar la Ley 27.793 tras declarar inválido un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.
El Senado de la Nación dejó listo el proyecto de Presupuesto 2026 para tratarlo el 26 de diciembre, sin el capítulo 11, que había sido eliminado en Diputados.
La reglamentación estableció procedimientos administrativos y parámetros de evaluación socioeconómica. Según los considerandos, el sistema deberá articularse con reglas de compatibilidad de ingresos y con políticas de inclusión laboral, con el objetivo de ordenar prestaciones y unificar criterios para personas alcanzadas por el nuevo esquema.
El decreto incorporó la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política del área en esa cartera. La norma definió un abordaje integral que incluye dimensiones sanitarias, sociales y económicas, además del acceso a derechos, con la finalidad de concentrar la gestión institucional.
También instruyó a esa secretaría a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de los próximos 30 días. Además, la facultó a dictar normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación del régimen.
Por último, el decreto dispuso la conversión automática de las pensiones no contributivas vigentes en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Las medidas acordadas con el Consejo se aplicarán mediante cooperación entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La reglamentación rige desde el 3 de febrero de 2026.