El Ministerio de Justicia de la Nación pidió ante la CIDH que Milagro Sala deje la prisión domiciliaria y vuelva a cumplir su condena en una cárcel común.
El gobierno nacional solicitó que Milagro Sala deje la prisión domiciliaria en La Plata y vuelva a cumplir su condena en una cárcel común. El planteo fue reiterado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y apunta a que la dirigente jujeña cumpla de manera efectiva la pena que tiene firme.
El pedido fue realizado a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que reclamó el cese de la medida que mantiene a Sala bajo arresto domiciliario desde 2017. Según informó el Ministerio de Justicia, el objetivo es que la condena se ejecute "sin privilegios", como ocurre con el resto de las personas condenadas.
La exdirigente Milagro Sala permanece internada en el hospital San Roque de Gonnet. Sufrió una nueva descompensación y alertaron que deberá permanecer allí.
El Gobierno activó el debate parlamentario sobre la baja de edad de imputabilidad con un dictamen consensuado con la oposición y llama a sesión.
Desde la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona remarcaron que Sala, exlegisladora jujeña y dirigente de la organización Tupac Amaru, fue condenada por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, y sostuvieron que debería cumplir su pena tras las rejas.
Milagro Sala tiene una condena firme a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta, dictada por la Justicia de Jujuy y ratificada por la Corte Suprema. Al haber cumplido dos tercios de la pena el mes pasado, quedó habilitada por el Código Penal a tramitar su libertad condicional.
En la presentación ante la CIDH, la oficina a cargo de Joaquín Ignacio Mogaburu rechazó las denuncias de "hostigamiento judicial" formuladas por la defensa y aportó documentación sobre la situación actual de la condenada. Allí se advirtió que ese planteo busca "fabricar un relato para sostener un privilegio".
El Gobierno también señaló que Sala violó las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización judicial, lo que activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y derivó en medidas de control propias del régimen de ejecución penal.
En el comunicado oficial, el Ministerio de Justicia aseguró que la Argentina cumple con sus obligaciones internacionales, pero cuestionó que la medida de la Corte Interamericana se haya transformado en un beneficio. "Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel", concluyó el texto.