El soldado que integraba la custodia presidencial en la Quinta de Olivos se suicidó tras recibir extorsiones constantes de reclusos de Magdalena y La Plata.
La muerte de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario de 21 años que integraba la custodia de la Quinta de Olivos, desató una extensa investigación que terminó revelando la existencia de una banda integrada por reclusos de La Plata y Magdalena que se dedicaba a realizar extorsiones.
Oriundo del interior del país, el gendarme había llegado a la provincia de Buenos Aires con la expectativa de consolidar su carrera militar y atravesaba un período de fragilidad emocional, lejos de su familia.
Un operativo en Gonnet permitió detener a dos hombres y también a una mujer por el robo a la casa de un docente en La Plata. Recuperaron los objetos robados.
Con las nuevas tarifas de micros de la Costera Metropolitana y Misión Buenos Aires, el viaje diario entre La Plata y Capital Federal rondará los $10.000 por día.
Según la investigación encabezada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, todo comenzó en diciembre pasado con un contacto a través de una aplicación de citas. Un perfil femenino, que se presentaba como "Julieta", de 19 años, inició una conversación que durante varios días transcurrió sin señales de alerta. Detrás de ese perfil no había ninguna joven real, sino el primer paso de un esquema de extorsión digital montado desde el interior del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y con apoyo externo para la administración del dinero.
La situación cambió de manera abrupta cuando Gómez recibió un mensaje de voz exaltado y amenazante, atribuido falsamente a la madre de una menor. En ese audio, la mujer lo acusaba de haber enviado mensajes inapropiados a su hija y aseguraba que estaba por radicar una denuncia penal. Para los investigadores, ese mensaje fue clave y lo denominaron el "audio del terror", diseñado para generar pánico inmediato.
Minutos después llegó un segundo audio, aún más intimidante. Un hombre se presentó como funcionario policial especializado en delitos contra menores y afirmó que existía una denuncia en trámite, con pruebas ya recolectadas. Utilizaba un lenguaje técnico, se mostraba seguro y advertía que, sin contacto inmediato, el caso sería remitido a la fiscalía. Nada de eso era real. Ni el cargo, ni el nombre, ni la supuesta dependencia existían. Todo formaba parte de una escena cuidadosamente montada desde una celda, con el objetivo de quebrar psicológicamente a la víctima.
A partir de ese momento, el soldado fue sometido a un hostigamiento constante. Llamadas, mensajes y audios se sucedían con amenazas cada vez más graves: detención inminente, exposición pública, destrucción de su carrera militar y daño a su familia.
Llamadas, mensajes y audios se sucedían con amenazas cada vez más graves: detención inminente, exposición pública, destrucción de su carrera militar y daño a su familia
El análisis de audios vinculados a otras víctimas permitió reconstruir el mecanismo completo. Tras enumerar delitos graves y penas de prisión, los extorsionadores instalaban la urgencia y luego ofrecían una falsa salida a cambio de dinero. La exigencia inicial rondaba los $500.000, monto que luego se "negociaba" y podía abonarse en cuotas mediante billeteras virtuales o cuentas de terceros. En paralelo, imponían el aislamiento absoluto. Prohibían hablar con familiares, abogados o autoridades y ordenaban mentir sobre el destino del dinero. Las amenazas incluían supuestas detenciones personales y represalias directas si la víctima dudaba o intentaba resistirse.
En el caso de Gómez, la Justicia determinó que soportó durante semanas este circuito de presión psicológica y extorsión económica. En su celular quedaron registros de transferencias, mensajes desesperados y, en la carta que dejó antes de morir, mencionó el contacto por la aplicación y la presión sufrida, elemento clave para entender el trasfondo del caso.
La jueza Arroyo Salgado ordenó peritajes digitales, análisis de cuentas bancarias, rastreo de líneas telefónicas y allanamientos simultáneos en cárceles y domicilios bonaerenses. Así se estableció que la organización operaba desde las unidades penitenciarias involucradas, utilizando celulares ingresados de manera ilegal.
El esquema incluía colaboradoras externas, principalmente mujeres, que prestaban sus cuentas bancarias para recibir y redistribuir el dinero. En total fueron detenidas siete personas, entre internos y colaboradores externos, y se secuestraron teléfonos, chips, computadoras y documentación con registros de montos y víctimas.
Durante la presentación pública del caso, Arroyo Salgado advirtió sobre la gravedad de las estructuras criminales que funcionan desde el encierro. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apuntó al uso de celulares en prisión y afirmó: "Un celular en la mano de un delincuente que está preso es permitirles tener un arma en una celda".
Para los investigadores, los audios son una prueba central del expediente. No solo documentan la extorsión, sino que muestran cómo el miedo, la urgencia y las amenazas fueron utilizados como herramientas de control. Desde una celda, un grupo de delincuentes logró instalar en la mente de un joven soldado la idea de que su vida estaba irremediablemente arruinada.
