El presidente Javier Milei argumentó que el proyecto atenta contra el equilibrio fiscal y contra los objetivos de política económica del Gobierno nacional.
El conflicto por el desfinanciamiento a las universidades nacionales continúa a flor de piel luego de la Marcha Federal Universitaria. El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario con el argumento de que no contempla una partida presupuestaria específica y atenta contra el equilibrio fiscal y los objetivos de política económica del Gobierno.
El Decreto N° 879/2024, publicado en el Boletín Oficial, establece que el norma aprobada por el Congreso de la Nación "no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento, acarrea problemas técnicos que imposibilitan su implementación ordenada, y afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno nacional".
La presidenta de la FUA, Piera Fernández de Piccoli, leyó el documento final de la segunda Marcha Federal Universitaria, con duras críticas al Gobierno.
En el Ejecutivo advierten que la eventual "aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000 (ochocientos once mil quinientos sesenta y nueve millones de pesos)" y agregan que "el presupuesto en ejecución de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado al proyecto de ley sancionado". Por esta razón, su implementación "demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional".
El escrito también postuló que la administración de los recursos públicos "debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración" y se advirtió que el proyecto "es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento".
En los fundamentos del decreto que fue publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Ejecutivo sostiene que "la medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional". En este sentido, se remarca que los incrementos salariales deben resolverse a través de la negociación colectiva.
El presidente y los ministros Guillermo Francos, Sandra Pettovello, Luis Caputo, Diana Mondino, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Federico Sturzenegger y Mariano Cúneo Libarona firmaron el documento en el que se cita el reglamento de la Cámara de Senadores e indica que "todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo".
"En atención a la falta de claridad de las disposiciones sancionadas, se podría llegar a interpretar erróneamente que el impacto total del proyecto consistiría en un total de PESOS UN BILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA ($1.516.944.675.060)", esgrimieron en segundo término. A su vez, se subrayó que dar cumplimiento "a la medida sancionada por el Congreso dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo". En esa línea, el Decreto sostiene además que "la economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa".
El veto subraya también que "la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional es la herramienta primordial para el ordenamiento y planificación del accionar gubernamental". En este sentido, el Gobierno asegura que el financiamiento de las universidades debe discutirse en el marco del presupuesto general, en lugar de mediante leyes específicas como la propuesta vetada.
La norma hace referencia, en esa línea, al impacto que la Ley tendría en los salarios, al afirmar que "la recomposición y actualización salarial del personal docente y no docente implicaría la utilización del CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49%) de la totalidad del presupuesto restante con el que cuenta la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO".
Por último, concluye que "la promulgación del proyecto de Ley por parte implicaría desconocer la plena voluntad negocial de los actores colectivos". En ese sentido, se reafirma que el financiamiento debe ser discutido en el momento de la sanción del Presupuesto Nacional correspondiente.