El Gobierno confía en tener los votos para conseguir el dictamen de la Ley Bases pero hay puntos centrales en los que aún no hay acuerdos.
El oficialismo consiguió el quórum y el Senado debate este miércoles la Ley Bases y el Paquete fiscal en una sesión especial que comenzó a las 10 y será maratónica. La expectativa y la tensión van en aumento en la Plaza del Congreso mientras la La Libertad Avanza (LLA) y los bloques dialoguistas todavía buscan acuerdos para varios puntos que son claves para ambas iniciativas.
La delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el Régimen de Promoción de Inversiones (RIGI) para atraer dólares, la privatización de empresas públicas, la restitución del Impuesto a las Ganancias y el blanqueo de capitales, en tres otros puntos; son varios de los capítulos de las normativas que generan mayor debate y podrían sufrir nuevos cambios en el tratamiento en particular que se llevará a cabo en el Congreso nacional.
En las próximas horas comenzará el debate de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Senadores. Votarán por capítulos y podría haber cuarto intermedio.
Sectores del peronismo y movimientos sociales se reunirán este martes a partir de las 19 para manifestarse contra la Ley Bases que se tratará en el Senado.
El arranque de la sesión develó una de las primeras incógnitas cuando tomó la palabra el presidente del bloque libertario Bartolomé Abdala y anunció que el oficialismo descartaba la idea de que Aerolíneas Argentinas, el Correo y RTA -que controla la TV y la readio púbicas- estén en la lista de empresas que pueden ser privatizables.
El otro punto relevante está vinculado con la moratoria previsional, cuyo capíulo también fue eliminado. Se trata de la derogación de la moratoria previsional y la creación la Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. Los cambios habían pasado el filtro de los diputados pero no obtuvieron el visto bueno de los senadores.
Uno de los capítulos que todavía genera una fuerte polémica es el que apunta a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para poder eliminar, fusionar o disolver organismos públicos, ya que si bien se han sumado entes que no pueden afectarse, hay muchos legisladores que se resisten a otorgar estas atribuciones al Gobierno de Javier Milei.
De todos modos, las bancadas que respaldarán el dictamen de mayoría ya se aseguraron que se mantendrán el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (ANLIS), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos.
La discusión, sin embargo, es más tensa en otro de los apartados fundamentales de las reformas impulsadas por el Ejecutivo. El RIGI es fuertemente resitido por gran parte de la oposición. El régimente está destinado a los grandes emprendimientos mineros y petroleros y prevé fuertes beneficios fiscales respecto de los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y Ganancias, así como otros tributos aduaneros y una estabilidad fiscal.
La iniciativa tuvo cambios en el Senado para fomentar el desarrollo de empresas locales que venderán sus servicios a los proyectos de inversiones del RIGI, al disponer que una empresa extranjera que está encarando una fuerte inversión adquiera productos de empresas locales si "hay oferta competitiva". También se estableció que deberá presentar un estudio que no afectará el mercado local y tendrá que calcular los puestos directos e indirectos con integración y programa de empresas locales.
Como ya se dijo más arriba, en los primeros minutos del debate en la Cámara de Senadores, el oficialismo anunció que estaba dispuesto a modificar el artículo 7 de la Ley Bases para quitar de las empresas “sujetas a privatización” Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA).
La privatización de esas empresas era uno de los puntos que generaban mayor rechazo dentro de algunos sectores denominados “dialoguistas” como parte de la UCR, y el oficialismo corría el riesgo de que ese artículo fuera rechazado durante el debate en particular.
En la media sanción de la Ley Bases en la Cámara de Diputados habían quedado 11 empresas sujetas a procesos privatizadores. Ahora, son 8 compañías de gestión estatal que aún quedan en la iniciativa.
El texto original proponía, además de Aerolínea, el Correo y RTA, la privatización total de Energía Argentina S.A., Intercargo SAU y otras que podrían ser privatizadas de manera parcial o concesionadas como Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; Belgrano Cargas y Logística S.A.; Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) y Corredores Viales S.A.
En el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASSA) fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin, un mecanismo similar al que se prevé para el Complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.
Pero en las primeras horas de debate se dio a conocer que el texto que tratarán los senadores en el recinto no incluye el capítulo que eliminaba la moratoria previsional y la creación la Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.
Los cambios habían pasado el filtro de los diputados pero no obtuvieron el visto bueno de los senadores. Esto deja vigente la moratoria jubilatoria tal como rige desde el Gobierno de Alberto Fernández y da por tierra con el retiro proporcional que se proponía.
Los cambios a las normas previsionales, además, afectaban en los hechos la edad en que se jubilaban más que nada las mujeres, no por un cambio en la edad mínima sino en las condiciones en las que podían adherirse al retiro proporcional propuesto. Esa alteración al régimen actual también fue dejada de lado y, en consecuencia, se mantendrá el status quo.
El artículo 226 de la ley Bases derogaba la moratoria previsional, sancionada en marzo del año pasado bajo la Ley N° 27.705. Y establecía un nuevo sistema para reemplazarla. En tanto que el artículo 227 contemplaba la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, para aquellas personas que hubieran alcanzado los sesenta y cinco (65) años de edad y que no cumplan con el requisito previsto en el artículo 19 Inciso “c” de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones.
El detalle de esa Prestación de Retiro Proporcional establecía que “el haber mínimo para los beneficiarios de esta prestación de retiro será el establecido en el artículo 14 de la Ley N° 27.260 y alcanzará únicamente a aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de dicha ley. El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo, en un plazo no mayor a treinta (30) días y establecerá los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino, y las condiciones por las que se regirá la prestación”.
Mientras tanto, quienes quedaran debajo de esa figura cobrarían a partir de esa edad un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En junio la PUAM es de 165.507,24 pesos. Sobre ese nivel, de acuerdo a la cantidad de años de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se proponía pagar un adicional. El haber hubiera sido diferente, por ejemplo, para una persona con 10 años de aportes que para otra con 25 años de aportes.
La proyección de la votación del Senado avisora un empate en 36 con el posible desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel. El conteo pone a toda la Cámara alta en tensión después de que se conoció el sentido de los dos votos radicales que estaban en duda.
El senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau -quien facilitó el quórum-, afirmó que la Ley de Bases tiene más "vicios que virtudes" y lo dijo durante la defensa de su dictamen de minoría, tras dejar en claro que votará contra la iniciativa del Gobierno.
Como contrapartida, el senador Maximiliano Abad (presidente de a UCR bonaerense) confirmó que votará en favor de la ley de Bases. Como hasta ahora contaba con 35 votos cada posicionamiento, todo indica que hrabrá un empate.