El proyecto del Gobierno nacional busca una reforma laboral con beneficios fiscales, nuevas reglas para contratos e incentivos al empleo formal.
El Gobierno relanza el debate por la reforma laboral con un ambicioso proyecto de ley presentado por la diputada Romina Diez. La iniciativa propone flexibilizar contratos, redefinir indemnizaciones y otorgar beneficios fiscales a empresas que generen empleo formal, en línea con los objetivos de dinamizar la economía y atraer inversiones.
La propuesta, bautizada Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, retoma un texto impulsado a fines de 2024 y busca ser la base para actualizar la legislación laboral vigente. Entre los cambios más relevantes, redefine el principio de irrenunciabilidad, amplía las facultades del empleador y establece nuevos criterios sobre beneficios sociales y condiciones de trabajo.
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De acuerdo con la iniciativa, el empleador podrá introducir modificaciones en las formas o modalidades del trabajo, siempre que no resulten irrazonables ni alteren aspectos esenciales del contrato. Además, se precisan los plazos para impugnar sanciones disciplinarias: los trabajadores contarán con 30 días corridos desde la notificación para cuestionarlas.
El texto también amplía el concepto de beneficios sociales no remunerativos, incluyendo almuerzos, útiles escolares, telefonía móvil y acceso a Internet, sin que estos se consideren parte del salario.
El proyecto mantiene los plazos actuales de licencias por enfermedad -3 o 6 meses de remuneración según antigüedad-, pero introduce un nuevo procedimiento de verificación médica a cargo del Ministerio de Capital Humano. Si el trabajador no se reincorpora tras un año de reserva del puesto, cualquiera de las partes podrá dar por finalizada la relación sin indemnización.
También se flexibiliza el régimen de vacaciones, permitiendo dividirlas en períodos no menores a una semana y garantizando que cada empleado pueda tomarlas en verano al menos una vez cada 2 años. Los trabajadores casados o en unión convivencial que trabajen para el mismo empleador podrán coordinar sus licencias.
En cuanto a las indemnizaciones, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) podrán abonarlas en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas, medida que también se aplica a sentencias judiciales por créditos laborales. En materia de remuneraciones y recibos de sueldo, se habilita el pago en efectivo, cheque o acreditación bancaria y se permite la instrumentación electrónica de los recibos, que deberán contener información detallada sobre el empleador, el trabajador, los conceptos liquidados y las deducciones practicadas.
El texto incorpora la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo establezcan regímenes adaptados a los cambios en las modalidades de producción, incluyendo la gestión de horas extras, bancos de horas y francos compensatorios, siempre respetando un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.
Uno de los ejes más fuertes de la iniciativa es la creación de un sistema de bonos de crédito fiscal para empresas que contraten nuevos trabajadores durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley. Los porcentajes del beneficio serán del 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes empresas, aplicables durante un año.
El beneficio solo se otorgará si la incorporación representa un incremento real de la nómina y el trabajador no tuvo empleo formal en los 3 meses previos, salvo en casos de programas de inserción laboral.
El proyecto, respaldado por legisladores como Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch y Carlos Zapata, busca reabrir la discusión en el Congreso en un contexto de apoyo electoral al oficialismo. El Gobierno apuesta a que esta reforma sirva para "modernizar las relaciones laborales" y "estimular la inversión privada", en línea con los objetivos de la Ley Bases. Con una fuerte impronta económica y una mirada puesta en la competitividad, el debate promete dividir posiciones en los próximos meses en el Congreso.