Comenzará un nuevo juicio para un trabajador rural acusado de abigeato agravado, tras la anulación de su condena. El caso puso en jaque al juicio abreviado.
El caso del ternerito extraviado, ahora conocido como “Bigotito”, volverá a escena con un dato clave: ya tiene fecha el segundo juicio oral en La Plata para el peón rural Matías Ezequiel Rival, en un expediente que trascendió lo penal para convertirse en un emblema de las tensiones del sistema judicial bonaerense.
Todo comenzó a mediados de 2020, con la denuncia por la desaparición de un ternero en un establecimiento rural de Brandsen. La investigación apuntó rápidamente a Rival, un trabajador del ámbito rural que terminó imputado por el delito de abigeato agravado.
La versión del acusado indica que su hermano encontró al animal recién nacido abandonado en la calle y que se lo llevó a Matías -quien trabajaba como empleado rural en el campo El Mana, propiedad de Marcelo Claudio Nicliceppe- para que lo criara, a lo cual accedió tras ser autorizado por su patrón.
En un primer momento, la causa se resolvió mediante un juicio abreviado. En ese marco, el acusado, por recomendación de la defensa oficial, aceptó su responsabilidad y acordó una pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo bajo arresto domiciliario, con salida laboral, evitando así la realización de un juicio oral.
Sin embargo, lo que parecía un trámite habitual cambió drásticamente cuando el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de La Plata, a pedido del fiscal de Ejecución revocó el arresto domiciliario y ordenó la detención de Rival en una unidad penitenciaria. Esta decisión, tomada en contradicción con lo pactado, fue el detonante que llevó al acusado a cambiar de defensa.
Tras la condena asumió la nueva defensa -integrada por Ignacio Fernández Camillo y Francisco Sánchez Peralta- y cuestionó las condiciones en las que se había producido ese acuerdo, poniendo en duda que el consentimiento de Rival hubiera sido verdaderamente libre e informado.
El caso escaló hasta el Tribunal de Casación bonaerense, que finalmente anuló la condena. El fallo fue contundente: consideró que el proceso no había garantizado adecuadamente los derechos del imputado y ordenó retrotraer la causa para la realización de un juicio oral. El nuevo debate comenzará el 4 de junio.
La decisión de Casación marcó un punto de inflexión. No solo dejó sin efecto la condena, sino que también reabrió el expediente bajo un nuevo escenario procesal, con todas las garantías propias de un juicio oral y público. A partir de allí, el caso volvió a foja cero en términos prácticos. Se fijó una audiencia preliminar -realizada en abril de este año- donde las partes discutieron la prueba que será incorporada al debate.
En esa instancia, tanto la fiscalía como la defensa delinearon sus estrategias: qué testigos convocar, qué peritajes sostener y qué hechos considerar no controvertidos para acotar la discusión en el juicio. También se evaluaron posibles salidas alternativas, aunque el antecedente de la anulación del juicio abreviado dejó ese camino prácticamente descartado, al menos bajo las condiciones en las que se había planteado originalmente.
En medio del proceso, se conoció un dato que terminó de darle identidad al caso: el ternero en cuestión fue bautizado como “Bigotito”. Detrás de ese apodo pintoresco se esconde, sin embargo, un caso que excede ampliamente lo anecdótico. Para muchos operadores judiciales, el expediente se convirtió en un ejemplo concreto de los riesgos de aplicar herramientas procesales de manera automática, sin atender a las particularidades de cada imputado.
El juicio que comenzará el 4 de junio no será uno más. Por un lado, deberá determinar si Rival es culpable o inocente del delito de abigeato agravado. Pero, al mismo tiempo, funcionará como una prueba de fuego para el sistema judicial.
El rol del fiscal Lucas Domsky será clave: deberá sostener la acusación en un escenario distinto, con mayor exposición y bajo el escrutinio que generó la intervención de Casación.
Del lado de la defensa, Fernández Camillo y Sánchez Peralta buscarán desmontar la imputación y reforzar los cuestionamientos que ya habían logrado torcer el rumbo del expediente en la instancia anterior.
El juez Lucas Massaccesi, por su parte, tendrá la responsabilidad de conducir un debate que se anticipa bajo la lupa, garantizando el equilibrio entre las partes y el respeto por las garantías constitucionales.
Aun antes de este segundo juicio, el caso “Bigotito” ya había dejado su marca. Puso en discusión el alcance del juicio abreviado en la provincia de Buenos Aires, una herramienta ampliamente utilizada pero que, como quedó en evidencia, no está exenta de cuestionamientos.
También visibilizó las tensiones que atraviesan a los sectores más vulnerables dentro del sistema penal, donde muchas veces las decisiones se toman en contextos de desigualdad estructural.
Con el inicio del nuevo juicio oral programado para el próximo 4 de junio, la causa vuelve a estar en el centro de la escena. Lo que comenzó como la investigación por un ternero extraviado se transformó en un caso testigo que ahora tendrá un nuevo capítulo decisivo en los tribunales de La Plata.
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