Una mujer abusada por su padre y su hermano en Magdalena busca evitar la prescripción de la causa. Un tribunal con sede en La Plata define el futuro del caso.
Una mujer denunció haber sido violada por su padre y su hermano desde los 7 años y hasta que cumplió los 18. Casación definirá si la causa prescribió o puede continuar su recorrido en el fuero Penal de La Plata.
Mariela Beatriz Ruiz, una docente oriunda de Magdalena, acusó formalmente a su padre, Roberto Emir Ruiz, y a su hermano, Hernán Eduardo Ruiz, de haberla abusado reiteradamente durante su infancia y adolescencia. La causa llegó al Tribunal de Casación Penal bonaerense, que debe resolver si el proceso judicial continúa o si se considera prescripto, como pide la defensa. La Cámara Penal de La Plata ya había resuelto que el caso no estaba prescripto y había anulado la decisión previa del Juzgado de Garantías 1, que lo había considerado fuera de plazo.
Un Tribunal de La Plata lo halló culpable por delitos en perjuicio de su sobrina, con quien tuvo una relación de pareja en un contexto de violencia de género.
Un hombre fue acusado de abusar de una nena de 10 años en una pensión de La Plata. Los vecinos lo atacaron y casi lo linchan antes de que llegara la Policía.
La historia de Ruiz comenzó a salir a la luz tras más de 20 años de silencio. Según su denuncia, desde 1985 hasta 1996 -desde que tenía 7 hasta los 18 años- fue víctima de abusos sexuales sistemáticos cometidos por los dos hombres más cercanos de su entorno familiar: su padre y su hermano. Las agresiones ocurrieron en su hogar, en la localidad bonaerense de Magdalena, y dejaron marcas profundas en su psiquis y en su vida emocional.
Durante años soportó en soledad el peso del trauma. Luego de más de una década de tratamiento psicológico y psiquiátrico, logró contar su historia primero a su entorno más íntimo —su esposo y sus hijos— y luego a la Justicia. La denuncia fue presentada ante el fuero Penal de La Plata y, desde entonces, inició un largo recorrido judicial que ahora se encuentra en un punto clave: el análisis por parte del Tribunal de Casación Penal bonaerense, máxima instancia en el ámbito provincial, que debe resolver si la causa sigue adelante o si queda definitivamente cerrada por prescripción.
Fue una tarde de carnaval, frente a un cajero automático, cuando Mariela sintió que ya no podía callar más. Según relató en su denuncia y en entrevistas públicas, algo hizo “clic” en su interior y decidió, por fin, enfrentar los fantasmas del pasado. “Me desperté”, dijo. Rompió el silencio y se animó a contar el infierno que había vivido durante años a manos de su padre y su hermano. De ese modo, inició también un camino personal de reparación y justicia.
“No me importa el tiempo que haya pasado. Necesito que se sepa lo que viví y que los responsables se hagan cargo”, manifestó la docente, que se define hoy como una mujer empoderada, acompañada por su familia y dispuesta a enfrentar todas las instancias necesarias. Considera que su caso no es solo una búsqueda individual de justicia, sino también un llamado a toda la sociedad para visibilizar los abusos intrafamiliares y la violencia sexual infantil, muchas veces escondidos detrás de apariencias y silencios impuestos.
Tras la denuncia, el expediente judicial comenzó a transitar las distintas instancias del fuero Penal platense. Inicialmente, el Juzgado de Garantías N°1 de La Plata consideró que el caso estaba prescripto, dado que los hechos ocurrieron entre 1985 y 1996 y que la denuncia fue presentada muchos años después. Sin embargo, la Cámara Penal de La Plata revocó esa decisión, al entender que en casos de abuso sexual infantil pueden aplicarse criterios especiales sobre el cómputo de los plazos de prescripción, especialmente cuando la víctima no pudo denunciar en su momento debido al trauma sufrido.
El argumento central de la Cámara fue que el trauma vivido por Mariela le impidió declarar o actuar judicialmente durante décadas. En consecuencia, consideró que el plazo de prescripción no debía computarse de manera automática desde el momento de los hechos, sino desde que la víctima estuvo en condiciones psicológicas y emocionales de realizar la denuncia. De esta manera, el tribunal de alzada dispuso que la causa debía continuar.
Ahora, el caso se encuentra en manos del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata. Allí, la defensa oficial de los acusados insiste en que la causa está prescripta y que debe cerrarse de forma definitiva. Casación tiene la última palabra en el ámbito bonaerense. Una vez que resuelva si el proceso puede seguir o no, se definirá si los acusados serán finalmente juzgados por los graves delitos denunciados.
Mariela se convirtió en una referencia para otras víctimas de abuso que aún no han podido hablar. Sabe que su historia es dolorosa, pero también cree que contarla puede ayudar a romper otros silencios. “Lo que me pasó fue terrible, pero lo que más me duele es pensar que hay muchas mujeres que todavía no pueden hablar”, dijo en una entrevista. “El abuso sexual infantil deja heridas que no cierran fácilmente, y muchas veces el tiempo que necesitamos para hablar es mucho más largo de lo que la Justicia espera”, explicó.
Por eso, para ella es fundamental que el expediente no quede archivado. Considera que declarar prescripta la causa sería una forma de sellar la impunidad, de enviar un mensaje equivocado a la sociedad y a quienes atraviesan situaciones similares. “Necesito que mis agresores rindan cuentas ante un tribunal, como cualquier otro ciudadano acusado de un delito”, enfatizó.
Más allá del caso individual, el expediente que analiza Casación podría marcar un precedente para causas similares. La decisión del máximo tribunal penal de la Provincia tendrá repercusión en otras situaciones donde las víctimas tardan muchos años en contar lo sucedido, ya sea por miedo, vergüenza, manipulación emocional o secuelas psicológicas. En ese sentido, la aplicación de una perspectiva de género y de derechos humanos es clave.
Organizaciones que trabajan con sobrevivientes de abuso sexual y violencia de género siguen el caso de cerca. Algunas de ellas ya se han pronunciado públicamente para respaldar a la denunciante y pedir que se respete su derecho a la verdad y la justicia. Mientras tanto, Mariela aguarda con entereza la resolución de un tribunal que puede cambiar el rumbo de su historia personal y el de muchas otras personas.