Un fallo en La Plata cierra una causa tras más de una década y refuerza el derecho al plazo razonable
Un camarista de La Plata declaró extinguida la acción penal por violación al plazo razonable. En su voto reafirmó que el proceso tiene límites constitucionales.
En un fallo con fuerte contenido constitucional, el camarista Raúl Dalto dispuso el sobreseimiento de una persona al considerar que el proceso penal que lo investigaba se extendió más allá de los límites tolerables por el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. La resolución, dictada en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, declaró extinguida la acción penal y puso fin a una causa que llevaba más de una década de tramitación.
El expediente investigaba al imputado por el delito de peculado y había sido elevado a juicio luego de una compleja secuencia procesal que incluyó cambios de calificación, nulidades y retrocesos en la investigación. Sin embargo, para Dalto el punto central no era la discusión sobre el fondo del caso, sino la duración del proceso y la responsabilidad estatal en esa demora.
En su voto, el magistrado sostuvo que la prolongación de la causa configuró una afectación manifiesta del derecho constitucional y convencional a ser juzgado dentro de un plazo razonable, una garantía reconocida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución Nacional.
Raúl Dalto
Raúl Dalto es juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata
"La garantía del plazo razonable no constituye una cláusula retórica sino un límite material al ius puniendi", sostuvo el camarista al explicar que, cuando esa garantía es vulnerada de manera estructural, el Estado pierde legitimidad para continuar la persecución penal.
Un proceso que superó los límites de la razonabilidad en La Plata
El caso había comenzado en 2014 y atravesó múltiples etapas procesales. En determinado momento incluso llegó a celebrarse una audiencia de debate oral bajo una calificación jurídica distinta, pero el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la nulidad para reformular la imputación y continuar la investigación bajo la figura de peculado. Ese retroceso procesal –que implicó volver a la etapa de instrucción– fue uno de los elementos que la defensa señaló como violatorio de garantías básicas como el ne bis in idem (la garantía constitucional y del derecho penal que prohíbe juzgar o sancionar a una persona dos veces por los mismos hechos), el debido proceso y la seguridad jurídica.
Dalto no avaló todos los planteos de nulidad de la defensa, pero sí coincidió en que la prolongación del expediente había alcanzado un punto incompatible con los estándares constitucionales. Para el camarista, la duración del proceso excedió ampliamente lo razonable si se analizan los criterios que fijan la jurisprudencia y la doctrina: la complejidad del caso, la conducta de las partes y el accionar de las autoridades judiciales.
La incertidumbre que genera un proceso penal sólo es tolerable dentro de márgenes temporales compatibles con la razonabilidad La incertidumbre que genera un proceso penal sólo es tolerable dentro de márgenes temporales compatibles con la razonabilidad
El magistrado destacó que el objeto del proceso no presentaba una complejidad extraordinaria y que gran parte de las demoras eran atribuibles a la propia actividad jurisdiccional. Esa circunstancia, remarcó, no puede recaer sobre el imputado. "La incertidumbre que genera un proceso penal sólo es tolerable dentro de márgenes temporales compatibles con la razonabilidad", escribió Dalto al fundamentar su decisión.
El límite al poder punitivo del Estado
Uno de los puntos centrales del voto es la interpretación del derecho al plazo razonable como un límite real al poder punitivo del Estado y no simplemente como una pauta orientativa.
Dalto citó precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el caso "Suárez Rosero vs. Ecuador", donde se estableció que el objetivo del plazo razonable es evitar que una persona permanezca durante años bajo la incertidumbre de un proceso penal sin resolución definitiva. También recordó jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que refuerza esa idea: el derecho a ser juzgado en un plazo razonable es independiente de los plazos de prescripción previstos por la ley. Es decir, incluso cuando la acción penal no está prescripta formalmente, puede quedar sin efecto si la duración del proceso se vuelve irrazonable.
En ese sentido, el camarista señaló que la respuesta judicial adecuada ante una violación estructural del plazo razonable no puede limitarse a advertencias o exhortaciones a acelerar el trámite. Cuando el daño ya está consumado, la única salida compatible con el orden constitucional es la extinción de la acción penal. Por eso resolvió declarar extinguida la acción penal y dictar el sobreseimiento en los términos del Artículo N°323 del Código Procesal Penal bonaerense.
Un criterio que Dalto viene sosteniendo en otros fallos
El pronunciamiento se inscribe en una línea jurisprudencial que Dalto viene desarrollando en distintos expedientes en la Cámara Penal de La Plata, donde suele enfatizar el rol activo de los jueces en el control de las garantías procesales y en la valoración crítica de la prueba.
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El fallo del juez Raúl Dalto se inscribe en una jurisprudencia propia en esa misma línea
En otro fallo reciente que generó repercusión en el ámbito judicial, el camarista había cuestionado el valor automático que muchas veces se asigna a los informes periciales en los procesos penales. Allí sostuvo que "el juez es perito de peritos", una expresión con la que buscó remarcar que los magistrados no pueden delegar su función de valoración en los expertos. En la misma línea, Dalto había advertido que los dictámenes técnicos son herramientas de asesoramiento y no decisiones vinculantes, y que los jueces deben examinarlos a la luz de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El nuevo fallo, centrado ahora en el plazo razonable, refuerza esa misma concepción: la tarea judicial no se limita a aplicar mecánicamente reglas procesales, sino que implica garantizar que el ejercicio del poder punitivo del Estado respete los límites que fija la Constitución.
Un mensaje hacia el funcionamiento del sistema
El sobreseimiento dispuesto por la Cámara no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia del imputado respecto del hecho investigado. Dalto lo aclaró expresamente en su voto: la decisión no se basa en la inexistencia del delito ni en la falta de responsabilidad, sino en la imposibilidad jurídica de continuar un proceso que ya violó garantías fundamentales. Ese matiz es clave para comprender el alcance del fallo. La resolución apunta más al funcionamiento del sistema judicial que al contenido del caso concreto.
La decisión no se basa en la inexistencia del delito ni en la falta de responsabilidad, sino en la imposibilidad jurídica de continuar un proceso que ya violó garantías fundamentales
En otras palabras, el tribunal entiende que el Estado no puede sostener indefinidamente un proceso penal cuando ha sido incapaz de resolverlo dentro de los tiempos que exige el orden constitucional. La decisión, además, reaviva un debate que atraviesa desde hace años al sistema judicial argentino: el impacto que tienen las demoras estructurales en la legitimidad de los procesos penales.
Para Dalto, el plazo razonable no es un aspecto accesorio del proceso penal, sino un elemento que condiciona su legitimidad. Cuando ese límite se rompe, el proceso deja de ser una herramienta válida para ejercer la potestad punitiva del Estado. "La violación manifiesta y estructural del plazo razonable constituye un impedimento sustancial para la continuación válida de la persecución penal", concluyó el camarista al respecto.
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El fallo exoneró a un hombre que enfrentó un proceso judicial durante más de 10 años
La Resolución fue acompañada por el otro integrante de la sala y quedó firme en el expediente. Con ella se cerró definitivamente una causa que llevaba más de 10 años en trámite. Y, al mismo tiempo, dejó una señal hacia el interior del sistema judicial: la duración de los procesos también forma parte de la justicia. Cuando ese tiempo se vuelve excesivo, la Constitución impone un límite que los jueces –como recordó Dalto– están obligados a hacer valer.
