El juez ordenó que otro acusado siga detenido en La Plata mientras se tramita el arresto domiciliario. Otro recuperó la libertad por decisión de la fiscal.
La investigación en La Plata por la presunta organización que habría utilizado identidades ajenas para abrir billeteras virtuales y mover dinero vinculado con casinos online clandestinos sumó dos novedades procesales contrapuestas: el juez de Garantías Agustín Crispo dictó la prisión preventiva de Juan Ignacio Campoli Sillero, mientras que Cristian Alejandro Scigliano recuperó la libertad porque la fiscal Betina Lacki decidió no pedir esa medida en su contra.
En el caso de Campoli Sillero, la resolución implica que continuará detenido mientras avanza el proceso, aunque su defensa solicitó que la prisión sea reemplazada por un arresto domiciliario. Ese pedido está en trámite y todavía debe resolverse.
Scigliano, en cambio, salió en libertad por aplicación del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense. La fiscalía entendió que no solicitaría su prisión preventiva y requirió que se dispusiera su soltura. El juez estableció reglas de conducta que deberá cumplir para permanecer en libertad y ordenó retenerle el pasaporte.
Las dos decisiones se producen en una causa que investiga una presunta estructura dedicada a captar datos personales y biométricos, abrir cuentas financieras a nombre de terceros y utilizarlas para canalizar dinero. Uno de los registros analizados por los investigadores presenta un flujo bruto superior a 27.149 millones de pesos.
Campoli Sillero es analista de sistemas, oriundo de Mar del Plata, y los investigadores lo ubican dentro del circuito financiero de la organización. Se presentó voluntariamente ante la fiscal Lacki luego de permanecer prófugo y fue indagado con la asistencia del abogado Valentín Fernández.
Su defensa sostiene que trabaja como arbitrajista de criptomonedas desde 2021 y que realizaba cientos de operaciones diarias para convertir pesos en activos digitales, principalmente USDT. Según esa explicación, los fondos que recibió pudieron provenir de personas vinculadas con el circuito investigado, pero él no habría conocido su origen ni participado de la actividad de los casinos clandestinos.
Fernández cuestionó que esas operaciones permitan atribuirle la pertenencia a una organización criminal. También planteó que, en todo caso, podría discutirse una eventual figura de encubrimiento, aunque aclaró que la defensa rechaza incluso esa posibilidad.
El abogado solicitó medidas para respaldar la actividad que atribuye a su cliente, entre ellas requerimientos de información a Binance y la incorporación de documentación sobre sus operaciones.
Sin embargo, Crispo dictó la prisión preventiva de Campoli Sillero. Frente a esa decisión, la defensa pidió que la detención sea morigerada mediante un arresto domiciliario. El planteo está en pleno trámite y deberá recibir una resolución judicial.
La situación de Cristian Alejandro Scigliano tuvo un desenlace diferente. La fiscal Lacki resolvió no solicitar su prisión preventiva y aplicó el artículo 161 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que regula la posibilidad de disponer la libertad cuando el Ministerio Público considera que no pedirá esa medida.
La norma contempla dos supuestos. Si el juez todavía no ordenó la detención, el fiscal puede disponer la libertad de la persona aprehendida. Si ya existe una orden judicial de detención, puede requerirle al juez que ordene la soltura porque no solicitará la prisión preventiva.
El artículo también establece que la persona liberada debe denunciar su domicilio real, informar cualquier cambio y comprometerse a comparecer cuando sea citada durante el proceso.
En el caso de Scigliano, además, el juez le impuso reglas de conducta y dispuso la retención de su pasaporte. Esas condiciones buscan asegurar que permanezca a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.
La libertad por aplicación de esta norma no significa que el expediente haya terminado para Scigliano ni equivale a una declaración de inocencia. La decisión comunicada es que la fiscalía no pidió su prisión preventiva y que recuperó la libertad bajo las condiciones fijadas judicialmente.
Para entender el expediente hay que volver al origen de la investigación. La causa se inició a partir de la denuncia de una empleada de limpieza vinculada con el Patronato de Liberados, quien contó que le habían ofrecido dinero a cambio de sus datos personales y de someterse a un procedimiento de captura biométrica, incluido el escaneo del iris de los ojos.
A partir de ese relato, la fiscal Lacki comenzó a investigar una presunta maniobra para utilizar datos de personas vulnerables en la apertura de cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Según la hipótesis acusatoria, las personas captadas entregaban su DNI, fotografías y datos biométricos a cambio de una suma de dinero. Después, esas identidades digitales habrían sido utilizadas para abrir cuentas en distintas plataformas financieras.
Las cuentas no necesariamente quedaban bajo el control de las personas a cuyo nombre estaban registradas. Para los investigadores, algunas habrían funcionado como intermediarias para recibir y transferir fondos que luego circulaban entre distintos operadores.
La pesquisa busca establecer quiénes captaban a las personas, quiénes gestionaban las cuentas, quiénes recibían el dinero y qué destino tenían finalmente los fondos.
La principal hipótesis de la fiscalía es que esas cuentas habrían sido utilizadas para canalizar dinero relacionado con casinos online clandestinos. Los investigadores analizaron transferencias entre billeteras virtuales, cuentas bancarias y otros servicios financieros, además de movimientos con criptomonedas.
Uno de los registros incorporados al expediente corresponde a una cuenta de Haz Pagos con un flujo bruto de más de 27.149 millones de pesos, producto de ingresos y egresos por cifras de magnitud similar.
Ese monto representa el volumen total de movimientos analizados. No significa que todo ese dinero haya sido declarado judicialmente ilícito ni que haya estado en poder de una sola persona.
La causa también examina operaciones con activos digitales vinculadas con Catriel Taubenschlag, cuya equivalencia fue estimada en más de 10.800 millones de pesos al momento de los análisis incorporados al expediente.
Entre los principales imputados está la abogada Albertina Mangini, quien trabajaba en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados del Departamento Judicial La Plata. La fiscalía sostiene que habría aprovechado su actividad y sus contactos con personas vulnerables para captar a quienes luego aportarían sus datos personales y biométricos.
Mangini fue detenida el 13 de agosto y, posteriormente, el juez Crispo dictó su prisión preventiva. Más adelante, el magistrado hizo lugar a un pedido de arresto domiciliario presentado por sus defensores, Alfredo Gascón y Miguel Molina. Esa medida quedó sujeta a que la resolución adquiera firmeza e incluye monitoreo electrónico y la prohibición de comunicarse con víctimas, testigos y otros imputados.
En el expediente también aparecen Ignacio Leonel Marchioni y Mauro Perrotta, cuyas detenciones fueron convertidas en prisión preventiva. Las imputaciones difieren según el rol que la Justicia atribuye provisionalmente a cada uno.
En el caso de Mangini, Crispo consideró que había elementos para sostener provisoriamente una asociación ilícita y una defraudación mediante el uso indebido de datos, aunque en esa instancia entendió que no había elementos suficientes para atribuirle participación en el lavado de activos. Marchioni quedó vinculado con la asociación ilícita y el lavado, mientras que Perrotta fue relacionado con otros tramos de la operatoria, incluido un panel de juego clandestino.
Las medidas cautelares no constituyen condenas y las responsabilidades individuales siguen bajo investigación.
Durante los procedimientos realizados en La Plata, Quilmes, Mar del Plata y La Falda, Córdoba, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación, además de un automóvil de alta gama.
También incautaron dinero en efectivo: 2.787.440 pesos argentinos, 3.300 dólares estadounidenses, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong, según la información incorporada a la investigación.
El análisis de esos dispositivos y de la documentación financiera apunta a identificar nuevas cuentas, establecer las conexiones entre los operadores y precisar el destino de los fondos.
Con la entrega de Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag quedó como el único prófugo conocido en la causa. Su nombre aparece relacionado con operaciones financieras y movimientos de activos virtuales que forman parte de la investigación.
Mientras la fiscalía mantiene la búsqueda, también debe avanzar en la definición de las situaciones procesales individuales. En el caso de Campoli Sillero, la prisión preventiva ya fue dictada y la defensa intenta reemplazarla por el arresto domiciliario. Scigliano, por su parte, recuperó la libertad porque Lacki decidió no pedir su preventiva, aunque deberá respetar las reglas de conducta fijadas por el juez.
El expediente sigue abierto y la investigación busca determinar cómo funcionaba el circuito, quiénes tenían conocimiento de la presunta actividad ilegal y qué responsabilidad le corresponde a cada uno de los involucrados.
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