Tras recibir 2.240 denuncias en seis meses, el gobierno de Axel Kicillof investiga tasas, créditos y costos financieros de seis apps.
El Gobierno bonaerense anunció medidas para proteger a las familias endeudadas con billeteras virtuales. La Provincia abrió una investigación tras recibir 2.240 denuncias y analizará las tasas, los créditos y los costos financieros aplicados por seis empresas durante el primer semestre del año.
La medida fue anunciada este jueves por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, luego de los reclamos recibidos por la Dirección de Defensa del Consumidor.
Un nuevo relevamiento realizado en todas las provincias argentinas revela datos alarmantes sobre las deudas de las familias argentinas.
Tras recibir 2.240 denuncias en seis meses, la Provincia puso bajo análisis las tasas, créditos y costos financieros de las fintech.
Las denuncias alcanzan a Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud. Los reclamos incluyen presuntos incumplimientos de la normativa de defensa del consumidor y situaciones de acoso y hostigamiento.
A partir de estas presentaciones, la Provincia abrió un expediente de investigación y comenzó a solicitar información a las empresas. Entre otros puntos, deberán explicar los criterios utilizados para establecer las tasas de interés y detallar cómo se compone el costo financiero total de los créditos.
Las compañías investigadas deberán presentar sus respectivos descargos. En caso de comprobarse incumplimientos, la normativa contempla multas de hasta $1.883 millones, además de la obligación de revertir las situaciones que hayan vulnerado los derechos de los consumidores.
Durante el anuncio, Kicillof también planteó el impacto del endeudamiento sobre las familias. Según señaló, el 60% de la población adulta está endeudada y cerca de 6 millones de personas se encuentran en situación de mora.
El gobernador remarcó que las billeteras virtuales ampliaron su participación en el sistema financiero y que ya no funcionan únicamente como medios de pago, sino que también colocan fondos y ofrecen créditos.
Por su parte, Costa explicó que las acciones buscan determinar si las empresas cumplen con las normas vigentes y conocer las condiciones bajo las cuales ofrecen financiamiento. La investigación continuará con la presentación de los descargos y el análisis de la información requerida.
