Juan Campoli Sillero fue indagado y ahora la fiscal define si pedirá su prisión preventiva. El analista de sistemas dio una versión exculpatoria en La Plata.
Juan Ignacio Campoli Sillero, uno de los sospechosos de la causa que investiga una presunta organización dedicada a captar datos personales y biométricos para abrir billeteras virtuales y mover grandes sumas de dinero, fue indagado en La Plata por la fiscal Betina Lacki y negó su participación en los hechos que se investigan, pero quedó formalmente procesado luego de la declaración.
El analista de sistemas, oriundo de Mar del Plata, había decidido presentarse voluntariamente ante la Justicia luego de permanecer prófugo. Su entrega se produjo en la sede de la UFIJ 2 de la capital bonaerense, donde se tramita el expediente.
La fiscal pidió la prisión preventiva de Albertina Mangini y otros detenidos por una causa en La Plata que investiga movimientos por $27.000 millones.
Juan Ignacio Campoli Sillero se presentó en la UFIJ 2 de La Plata y será indagado por la fiscal Betina Lacki.
Durante la indagatoria, Campoli Sillero dio su propia versión de los hechos, de carácter exculpatorio, y estuvo asistido por el abogado Valentín Fernández, quien asumió su defensa.
Ahora se abre un período de análisis para la fiscal Lacki. La representante del Ministerio Público tiene hasta 30 días corridos para definir si solicitará la prisión preventiva de Campoli Sillero, una decisión que deberá fundamentarse en los elementos reunidos durante la investigación y en la evaluación de los riesgos procesales. La situación del analista de sistemas es particularmente relevante para la pesquisa porque los investigadores lo ubican dentro del circuito financiero de la presunta organización.
La causa comenzó a partir de una denuncia que permitió reconstruir una presunta maniobra basada en la utilización de datos personales y biométricos de terceros. Según la hipótesis de la fiscalía, determinadas personas habrían sido captadas para entregar su DNI, fotografías y datos biométricos, incluso mediante procedimientos de reconocimiento facial o captura del iris, a cambio de dinero.
Con esa información se habrían abierto cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de terceros. Esas cuentas luego habrían sido utilizadas para recibir y transferir dinero vinculado con una estructura de juego online clandestino. La investigación apunta a establecer quiénes captaban a las personas, quiénes gestionaban las cuentas y quiénes controlaban finalmente los fondos.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el volumen de dinero que circuló por algunas de esas cuentas. En particular, una cuenta de Haz Pagos analizada en el expediente registró un movimiento bruto de más de 27.149 millones de pesos, producto de ingresos y egresos por montos de magnitud similar.
Ese número representa el volumen de operaciones financieras que está bajo análisis y no equivale a dinero que haya sido atribuido personalmente a alguno de los acusados ni implica que todo ese flujo haya sido determinado judicialmente como ilícito.
La pesquisa también analiza operaciones con criptoactivos y transferencias entre distintas cuentas y billeteras para determinar el recorrido del dinero y sus eventuales beneficiarios finales.
Campoli Sillero es analista de sistemas de computación y tiene domicilio en Mar del Plata. En la investigación aparece mencionado en el tramo financiero de la presunta estructura.
Los investigadores también reconstruyeron vínculos con el circuito de empresas financieras que aparece mencionado en el expediente. Campoli Sillero fue cliente de LB Finanzas y también figura registrado en Sur Finanzas, una financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Su nombre aparece además entre las personas relacionadas con el recorrido de los fondos que analiza la fiscalía. Sin embargo, a partir de su indagatoria, será ahora la fiscalía la que deberá confrontar su explicación con la evidencia financiera, documental y digital reunida durante la investigación.
El hecho de haber sido indagado significa que fue formalmente escuchado como imputado y pudo ejercer su derecho de defensa. No implica una declaración de culpabilidad.
El expediente tuvo un avance importante días atrás, cuando el juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Crispo, dictó la prisión preventiva de Albertina Mangini, Ignacio Leonel Marchioni y Mauro Perrotta.
La resolución consideró que, en esta etapa de la investigación, existían elementos suficientes para sostener la presunta participación de los tres en distintos tramos de la organización. Las imputaciones no son idénticas para todos.
En el caso de Mangini, el juez consideró acreditados provisoriamente elementos para sostener su presunta participación en una asociación ilícita y una defraudación mediante el uso indebido de datos, aunque entendió que no había elementos suficientes, por el momento, para atribuirle participación en el lavado de activos.
Marchioni quedó vinculado provisoriamente con la asociación ilícita y el lavado de activos, mientras que en el caso de Perrotta la resolución judicial encontró elementos relacionados con los distintos componentes de la maniobra investigada.
El juez también dispuso la inhibición general de bienes de Mangini, Marchioni y Perrotta, una medida cautelar destinada a impedir la disposición de determinados bienes registrables mientras avanza el expediente. La prisión preventiva, al igual que la inhibición, es una medida cautelar y no constituye una condena.
Uno de los puntos centrales que intenta determinar la fiscalía es cómo se conectaban dos extremos de la maniobra: la captación de personas y el movimiento posterior del dinero. La investigación sostiene que algunas personas vulnerables habrían sido utilizadas para generar cuentas digitales que después quedaban bajo control de terceros.
En ese esquema aparece también Albertina Mangini, quien se desempeñaba en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados. Para la fiscalía, su actividad laboral le habría permitido entrar en contacto con personas que podían encontrarse en una situación de vulnerabilidad.
La causa se inició precisamente a partir del relato de una trabajadora vinculada al Patronato, quien afirmó que le ofrecieron dinero a cambio de proporcionar sus datos y someterse a un procedimiento de captura biométrica. Posteriormente habría detectado movimientos financieros que no reconocía.
A partir de esa denuncia se amplió la investigación y comenzaron a aparecer múltiples cuentas, billeteras virtuales y operaciones financieras que ahora son sometidas a peritajes.
La presentación de Campoli Sillero modificó además el escenario de los acusados que permanecían fuera del alcance de la Justicia. Hasta su entrega, eran dos los prófugos: Campoli Sillero y Catriel Taubenschlag. Ahora, tras la indagatoria del analista de sistemas, Taubenschlag es el único sospechoso que continúa prófugo en la causa.
Taubenschlag aparece vinculado en la investigación con operaciones financieras y movimientos de activos virtuales. Según los elementos analizados en el expediente, se detectaron operaciones con criptomonedas por varios millones de unidades de USDT, cuyo valor en pesos fue estimado en más de 10.800 millones al momento de los análisis incorporados a la causa.
Su defensa ya había presentado un pedido de eximición de prisión y reclamado conocer los elementos que sustentaban la orden de detención.
Mientras tanto, la fiscal Lacki deberá analizar ahora la situación particular de Campoli Sillero. Su declaración exculpatoria será confrontada con la evidencia reunida durante la investigación. El plazo de hasta 30 días corridos que tiene la fiscal para resolver si solicita o no su prisión preventiva será una de las próximas definiciones relevantes del expediente.
La causa continúa así con tres acusados bajo prisión preventiva, Campoli Sillero detenido a la espera de la definición fiscal y Taubenschlag como único prófugo, mientras los investigadores siguen reconstruyendo el circuito de dinero, las cuentas utilizadas y la eventual participación de cada uno de los involucrados.
