Tras la anulación de absoluciones por el homicidio de Juan Farías, los jueces del TOC II de La Plata se apartaron y ordenaron sortear un nuevo tribunal.
La causa conocida como “megabanda criminal”, uno de los expedientes más complejos y extensos de la historia judicial reciente de La Plata, sumó un nuevo capítulo clave: el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) II resolvió excusarse de seguir interviniendo y ordenó que se designe un nuevo cuerpo de jueces para llevar adelante el debate que deberá revisar las absoluciones por el crimen de Juan Farías.
La decisión, firmada por los jueces Andrés Vitali, Santiago Paolini y Silvia Hoerr, se produce como consecuencia directa del fallo de la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense, que en septiembre de 2024 anuló las absoluciones dictadas en 2023 por el delito de homicidio criminis causae y ordenó la realización de un nuevo juicio.
El expediente vuelve así a foja cero en uno de sus tramos más sensibles: la responsabilidad penal por el asesinato de Farías, ocurrido en el año 2010 en el barrio La Loma, un hecho que había quedado sin condenas en el fallo original y que ahora deberá ser nuevamente debatido por un tribunal distinto.
El 6 de marzo de 2023, tras un extenso debate oral, el TOC II de La Plata dictó un veredicto que combinó condenas y absoluciones en un entramado delictivo que incluía asociación ilícita, delitos con armas y presuntas conexiones con hechos violentos.
En ese fallo, el exjuez de Garantías César Melazo fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión por asociación ilícita, además de otros delitos vinculados a la tenencia ilegal de armas y encubrimiento. Junto a él, también fueron condenados Gustavo Abraham Bursztyn (7 años), Gustavo Gregorio Mena (6 años), Adrián Oscar Manes (4 años y 6 meses) y Jorge Carlos Bertoni (4 años), todos por su participación en la organización.
Además, Enrique Edgardo Petrullo recibió una pena de 4 años de prisión por tráfico de influencias agravado.
Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos del veredicto fue la absolución de todos los imputados por el hecho más grave: el homicidio criminis causae de Juan Farías, que la acusación vinculaba a un robo violento.
Ese tramo del fallo fue apelado tanto por la fiscalía como por los representantes de los particulares damnificados. Los fiscales de juicio Mariano Sibuet y Victoria Huergo, junto a los abogados de la familia Farías, cuestionaron la absolución y sostuvieron que el tribunal había valorado de manera errónea la prueba.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense les dio la razón en septiembre de 2024. En su resolución, los jueces rechazaron todos los recursos de las defensas —confirmando así las condenas— pero hicieron lugar a los planteos de la acusación respecto del homicidio.
En consecuencia, anularon las absoluciones de Gustavo Bursztyn, Gustavo Mena, Adrián Manes, Carlos Barroso Luna, Héctor Vega y Martín Fernández por el delito de homicidio criminis causae y ordenaron que se realice un nuevo juicio con jueces distintos.
Ese punto fue determinante: el máximo tribunal penal de la provincia consideró que el fallo original no estaba debidamente fundado en relación a ese hecho y que debía dictarse un nuevo pronunciamiento “ajustado a derecho”.
A partir de esa orden, el TOC II debía organizar el nuevo debate. Sin embargo, los mismos jueces que intervinieron en el juicio original entendieron que no podían volver a intervenir.
En la resolución firmada este abril, Vitali, Paolini y Hoerr señalaron que ya se habían pronunciado sobre los puntos que ahora deben volver a discutirse, lo que compromete su imparcialidad.
Por eso, resolvieron excusarse en función de lo previsto en el artículo 47 del Código Procesal Penal bonaerense, que establece las causales de apartamiento cuando un magistrado ya intervino previamente en el caso.
La decisión fue adoptada por unanimidad y abre paso a una nueva etapa procesal: la designación de un tribunal completamente distinto que deberá hacerse cargo del debate.
Con la excusación formalizada, el expediente fue elevado a la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata, que ahora deberá realizar el sorteo de los jueces que integrarán el nuevo tribunal.
Ese cuerpo será el encargado de llevar adelante el juicio oral ordenado por Casación, centrado exclusivamente en el análisis del homicidio de Juan Farías.
Esto implica que no se revisarán las condenas ya firmes por asociación ilícita y otros delitos —que quedaron confirmadas tras el rechazo de los recursos de las defensas— sino únicamente el tramo que fue anulado.
El nuevo tribunal deberá evaluar nuevamente toda la prueba vinculada al crimen, escuchar a testigos y partes, y dictar un nuevo veredicto que determine si hubo o no responsabilidad penal de los imputados en ese hecho.
La causa “megabanda” se convirtió en un expediente paradigmático dentro del fuero penal bonaerense, no solo por la figura del exjuez involucrado sino también por la trama delictiva investigada, que incluyó acusaciones de robos organizados, manejo de armas y vínculos con estructuras policiales.
El caso demandó años de investigación y un juicio oral extenso, con múltiples imputados y una gran cantidad de prueba.
El crimen de Juan Farías, en particular, siempre fue uno de los ejes más sensibles del expediente. La acusación sostuvo que se trató de un homicidio cometido para consumar u ocultar otro delito, lo que encuadra en la figura de homicidio criminis causae, uno de los delitos más graves del Código Penal.
La absolución dictada en 2023 generó fuerte controversia, especialmente entre los familiares de la víctima, que reclamaron desde entonces la revisión del fallo.
Con este nuevo escenario, el proceso entra en una etapa clave. El sorteo del nuevo tribunal será el primer paso para reactivar un juicio que, aunque parcial, vuelve a poner bajo análisis uno de los hechos más graves del caso.
Luego vendrá la fijación de fecha para el debate oral, la producción de prueba y, finalmente, un nuevo veredicto.
Será, en los hechos, una segunda oportunidad judicial para esclarecer el homicidio de Juan Farías y determinar si hubo responsabilidades penales que quedaron sin sanción en el primer juicio.
Mientras tanto, las condenas dictadas en 2023 permanecen firmes, consolidando la existencia de una asociación ilícita liderada por el exjuez Melazo, pero dejando abierta —todavía— la definición sobre el episodio más violento de toda la causa.
El expediente, lejos de cerrarse, suma así un nuevo capítulo que promete volver a colocar bajo la lupa a uno de los casos más resonantes de la justicia penal en La Plata.