El gobierno de Javier Milei decidió pasar a disponibilidad a 286 trabajadores del INTA y 55 son de La Plata. Un fallo le puso un freno a la medida.
La Justicia falló este martes contra los pases a disponibilidad del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que había decidido el gobierno de Javier Milei y dispuso una sanción económica de $10 millones diarios en caso de que el Gobierno no se rectifique.
La medida judicial se perfila como un alivio para los 286 trabajadores del organismo que estaban en esa situación, que amenazaba —y aún lo hace— con tener un efecto devastador en las dependencias que el organismo tiene en La Plata y la región donde trabajan 72 personas, de las cuales 55 aparecen en los listados del ajuste.
Guillermo Francos aseguró que el ex titular de la Agencia de Discapacidad nunca informó a Javier Milei sobre presuntos sobornos y explicó su salida.
En septiembre, Javier Milei retomará su agenda internacional con un viaje a Estados Unidos antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
En la región funcionan dos Institutos de Investigación para la Agricultura Familiar (IPAF) de la Región Pampeana, una en Los Hornos —en dependencias de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)— y otro en Florencio Varela; una Agencia de Extensión Rural, ubicada en El Pato (Ruta 36); y una Oficina de Desarrollo Rural (ODR) en Berisso. Todas estas oficinas lo hacen con una fuerte inserción en el cinturón frutihortícola.
En esos lugares el INTA concentra el trabajo de 72 personas, 55 de las cuales son de planta permanente y trece contratados y becarios. El pase a disponibilidad afecta a los de planta, es decir al 76% del plantel; quienes a partir de ahora podrían ser destinados a otras áreas del Gobierno nacional, limitando totalmente la capacidad operativa de un ente esencia para la producción.
Pocas horas después de conocida la Resolución N°1.240/25 del jueves pasado, casi en simultáneo con la votación en el Congreso de la Nación que derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°462/25 que limitaba la autarquía de ese y otros organismos, los trabajadores afectados comenzaron a enterarse de la novedad. Entraban en un terreno de incertidumbre total pero a la vez comenzaba a desarmarse una estructura de años pensada para acompañar desde el Estado a los productores.
El fallo de este martes trae algo del alivio que buscaban. La Justicia obligó al Gobierno a dar marcha atrás con la Resolución y, en caso de que no cumpla con lo solicitado, el Poder Ejecutivo deberá pagar una multa diaria de $10 millones.
Más allá de la novedad, los empleados y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio que los representa, sostienen que en caso de concretarse el pase a disponibilidad es en realidad un despido encubierto y por eso siguieron yendo a los lugares de trabajo y se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente. Consideran que el impacto de la medida implica el cierre del organismo en la región y la desactivación de sus políticas.
Denuncian que con el decreto, el ministro de Economía Luis Caputo desconoce la decisión que había tomado el Congreso y viola una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de San Martín, que había ordenado al Poder Ejecutivo no realizar ningún cambio administrativo en el INTA por un lapso de 6 meses.
"La disponibilidad implica que estás un tiempo, según la antigüedad de cada uno entre 6 y 12 meses, en situación de esperar que te llamen de otra dependencia del Estado para trabajar", explica a 0221.com.ar el delegado de ATE, Germán Gonaldi, quien además es contratado y trabaja en Los Hornos.
Sin embargo, aclara que se trata de un "despido encubierto". A la larga, va a resultar siendo un cese efectivo porque si al vencerse ese plazo no hubo una reubicación, los trabajadores quedarán sin funciones. En ese marco, los integrantes de las distintas dependencias en la región están en asamblea permanente, todo el tiempo en los lugares de trabajo. El objetivo es defender ese lugar, dado que el vaciamiento de agentes termina siendo la desaparición de un área clave para el desarrollo y la producción agropecuaria.
Si las presentaciones realizadas no surten efecto y el desguace se concreta, el recorte dispuesto por el Gobierno nacional en el INTA —que también afecta al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)—, impactará de lleno en esas dependencias.
Aunque se profundizó con los pases a disponibilidad, el recorte no es nuevo ya que antes se sintió en el presupuesto para el funcionamiento de los distintos programas. "Apenas contábamos con combustible", recuerda Gonaldi. En esa misma línea fueron desapareciendo las distintas líneas de trabajo, como la de agroecología o cualquier política que remitiera a la cuestión social y el vínculo con los pequeños productores.
Para el delegado se desconoce los logros del INTA incluso en el terreno de la generación de tecnología para mejoras la producción, como el desarrollo del microtractor Chango, que ya se está comercializando y fue generado en el IPAF; o la sacheteadora, una pasteurizadora digital para simplificar el trabajo de los pequeños tamberos.
La situación que se desencadenó a partir del decreto que determinó los pases a disponibilidad —ahora suspendidos por la Justicia— llevó a que los trabajadores planifiquen acciones de visibilización. La primera de ellas está prevista para este miércoles, para que los trabajadores del INTA expliquen la situación que atraviesan en una reunión de Ciencia y Técnica el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en tanto que el viernes tienen prevista una exposición de maquinarias que se realizará en Gorina.
Se esperaba que la semana que viene se realice un acción más grande en Los Hornos, sobre la avenida 66, en la zona donde está el Instituto de Investigación para la Agricultura Familiar.