La Plata, entre el Parque Saavedra y la Delegación de la Policía Federal Argentina (PFA), fue el escenario donde en octubre de 2018 comenzó una historia que hoy incomoda a los pasillos del poder judicial. Fue allí, bajo la falsa premisa de "combatir una organización ilegal de alquiler de gazebos", que se desplegó un operativo de vigilancia, persecución y encierro que terminó con seis feriantes tras las rejas, sometidos a tratos inhumanos y acusados de delitos que nunca pudieron probarse.
Los acusados fueron absueltos años después por el Tribunal Oral en lo Criminal IV, pero la historia no terminó con esa sentencia. Ahora, una segunda batalla se libra en la Justicia Federal: los abogados defensores denunciaron que hubo tareas de inteligencia ilegal por parte de la PFA, torturas en la sede de la delegación local y participación activa de funcionarios municipales. El juez federal Alejo Ramos Padilla archivó la investigación. Los abogados apelaron y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) respaldó el planteo con un informe demoledor.
Espionaje ilegal en tiempos de Mauricio Macri
El núcleo del conflicto radica en una serie de tareas de inteligencia realizadas por agentes de la Delegación local de PFA, entre ellos el comisario Lionel Julita y el agente de inteligencia Walter Bertuzzi. En octubre de 2018, según consta en el expediente judicial y en el informe de la CPM, estos agentes comenzaron a realizar tareas de seguimiento, escuchas, infiltraciones con agentes encubiertos y consultas en bases de datos como el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y registros vehiculares. Todo sin orden judicial.
Juicio feriantes Parque Saavedra
El juicio oral se desarrolló en el fuero Penal ordinario de La Plata con una amplia cobertura de 0221.
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La vigilancia ilegal fue dirigida contra los feriantes Javier Huertas, Estela Martínez, Claudia Monti, Alicia Lauge, Jorge Fierro y Roberto Martínez. Las tareas comenzaron antes incluso de que existiera formalmente una causa judicial. El acta de inicio de estas tareas, firmada el 25 de octubre, se anticipó por más de un mes al oficio emitido por la fiscal el 26 de noviembre, que simplemente pedía corroborar un domicilio.
"Se traspasaron todos los límites al disponer la ultraactividad de las fuerzas federales cuando no se constataba competencia alguna para tal intervención", advirtió la CPM en su informe dirigido al Tribunal Oral, al que accedió 0221.com.ar. "El delito endilgado no era tal y no se trataba de organización de tipo ilegal alguna, sino simplemente de un grupo de feriantes libremente organizados para sustentarse en la economía informal", afirmaron Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García.
Torturas y abuso de poder en la Policía Federal Argentina
Pero lo que ocurrió durante el juicio fue aún más grave. Monti y Lauge relataron con crudeza el calvario que vivieron durante su detención de siete meses en la Delegación de la PFA de La Plata.
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Los feriantes siguen reclamando la devolución de sus propiedades secuestradas en los allanamientos del año 2018
"Me enfermé a los 2 días. Tenía fiebre y no me llevaron al médico hasta febrero", contó Lauge en la audiencia. "Me negaban el baño. Me hice encima. Entré sana y salí enferma", añadió, mientras describía una detención en condiciones de hacinamiento junto a hombres, sin atención médica y con episodios de violencia psicológica. Monti, por su parte, recordó: "Me decían 'dale Conchita, sacate la ropa y bañate', con la puerta abierta. Pedía una agente femenina y me lo negaban".
Los testimonios —acompañados por pruebas documentales y registros de audio— fueron contundentes, pero la Justicia Federal decidió archivar la denuncia por torturas, alegando "inexistencia de delito". El archivo fue resuelto por Ramos Padilla, juez que en otros casos ha sido símbolo de investigaciones de alto voltaje político. Esta vez, sin embargo, falló con una resolución duramente cuestionada por los querellantes.
Una apelación con nombres, fechas y una sospecha central
La apelación interpuesta por los abogados Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao y Andrés Noetzly sostiene que el archivo de Ramos Padilla incurre en una serie de "tergiversaciones" graves: de los hechos, del derecho y de la realidad. Los abogados afirman que no hubo ninguna orden judicial que autorizara las tareas de inteligencia y que la Fiscalía provincial tampoco fundamentó por qué recurrió a la Policía Federal —una fuerza federal sin jurisdicción en delitos comunes provinciales— y no a la Policía Bonaerense.
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Andrés Noetzly, Ignacio Fernández Camillo y Adrián Rodríguez Antinao, abogados de los feriantes, de defensores a querellantes.
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Además, alertaron sobre el contexto político del año 2018, en plena gestión del entonces intendente PRO y bajo la conducción nacional de Mauricio Macri. "La maniobra fue directamente vinculada con lo que se conoció como la Mesa Judicial PRO", afirmaron los abogados. Y apuntaron contra el agente Bertuzzi, hoy oficial tercero de Inteligencia, por publicar en redes sociales mensajes reivindicatorios de la última dictadura y de Jorge Rafael Videla.
"La Justicia Federal sostuvo que las tareas fueron legales, pero se basó en una orden que no existe en el expediente. No hay salto de foliatura, desglose, ni pérdida de fojas. No existe", subrayaron los letrados. Incluso citaron las propias declaraciones de los agentes, que reconocieron haber realizado "tareas de inteligencia" sin autorización judicial. Según Bertuzzi, "la inteligencia ya no existe, es un cliché".
El respaldo de la CPM
El respaldo institucional a la apelación llegó de parte de la CPM. En su presentación, el organismo recordó que los hechos denunciados configuran una "clara violación al Estado de Derecho" y alertó sobre la impunidad que podría consolidarse si no se revierte el archivo. "No existen hipótesis legales para habilitar el empleo de fuerzas federales en términos de actividad de inteligencia para investigar un delito local", enfatizaron.
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Los feriantes de Parque Saavedra que fueron absueltos
Lisandro Amado para Perycia
La CPM también señaló que hubo participación activa del Ejecutivo municipal en las maniobras. Funcionarios como Fernando Padovan (hoy fiscal de instrucción) y Darío Ganduglia —Secretario y Subsecretario de Seguridad del municipio en aquel entonces— aportaron documentos con relevamientos fotográficos, datos personales y redes sociales de los denunciados. "Esto constituye un vicio sustancial al arrogarse ilegítimamente facultades de otros poderes", concluyó el informe.
¿Y ahora qué? La memoria, la justicia y el poder
El expediente sigue su curso en la Cámara Federal de La Plata, que deberá resolver si revoca o confirma el archivo dictado por Ramos Padilla. La decisión será clave no sólo para los feriantes absueltos, sino para el futuro de la justicia en casos de espionaje político, persecución a trabajadores organizados y tortura institucional.
La historia de los feriantes del Parque Saavedra no es una anécdota judicial más. Es el retrato crudo de una práctica estatal que, lejos de ser parte del pasado, persiste entre los pliegues de la democracia. La absolución los devolvió a la libertad, pero la impunidad de quienes los espiaron, los encerraron y los torturaron aún espera sentencia.
