Los abogados de uno de los detenidos sostienen que policías bonaerenses y la supuesta víctima se confabularon para fabricar una causa falsa en La Plata.
Lo que comenzó como un operativo policial contra una supuesta banda de estafadores colombianos conocida como "Los Parceros", detenida a plena luz del día en La Plata, se ha transformado en una causa judicial plagada de dudas, inconsistencias y denuncias graves contra los propios agentes encargados de la investigación.
La defensa de uno de los imputados asegura que todo fue una celada montada con la complicidad de la Policía Bonaerense y el presunto damnificado. El expediente quedó ahora bajo la lupa del juez.
El acusado llegó al juicio oral en libertad. Los jueces ordenaron su detención en arresto domiciliario. La justicia de La Plata rechazó la doctrina Chocobar.
El ladrón que chocó a bordo de una moto robada en La Plata tras una persecución y murió, habría recibido un disparo. Investigan un posible gatillo fácil.
La presentación fue realizada por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, defensores de Robinson Alexander Moreno Gahona, uno de los tres ciudadanos colombianos detenidos. El planteo, al que accedió 0221.com.ar, solicita la nulidad absoluta de las actuaciones policiales y judiciales por considerarlas "producto de una actuación ilegal, manipulada y violatoria de garantías constitucionales elementales".
Según los letrados, el procedimiento fue "una pantalla para encubrir una maniobra extorsiva", similar a la que involucra a Pablo Piccirillo, exmarido de la modelo Jesica Cirio, actualmente detenido por una causa en la Ciudad de Buenos Aires en la que se le imputa haber armado una escena con armas y drogas falsas para forzar un cobro indebido. En este caso, los defensores apuntan contra la presunta víctima, Juan Domingo Cariaga, y contra al menos tres efectivos de la DDI La Plata.
En su escrito, la defensa sostiene que la investigación se inició con una "falsa noticia criminis" que no solo fue inventada sino que permitió a la Policía "asumir ilegítimamente la instrucción" en connivencia con Cariaga. La secuencia descripta por los oficiales -una supuesta pelea callejera entre los imputados y Cariaga- es, para los abogados, "completamente inverosímil".
"La versión policial no resiste el más mínimo análisis. Se habla de un 'olfato policial' que detectó una situación irregular en plena calle, pero no hay imágenes, testigos imparciales ni pruebas que lo respalden. El acta de procedimiento está plagada de falsedades", señalan Gascón y Molina en su presentación.
Los oficiales mencionados son identificados en el expediente como Barroso y Quiroga y especialmente Jonatan Barroso, a quien se acusa de haber "instalado la versión inicial de los hechos" de manera intencionalmente falsa, incluyendo la afirmación de que Moreno Gahona portaba un arma. La defensa niega categóricamente ese dato y asegura que el revólver calibre 38 fue "plantado".
Las inconsistencias también alcanzan a la supuesta víctima, Juan Domingo Cariaga, quien según los abogados dio múltiples versiones contradictorias. En su primera declaración afirmó que no conocía a una persona colombiana identificada como "Jonn Jairo", pero luego surgieron videos que lo muestran conversando y manipulando grandes sumas de dinero junto a él. También negó que los hechos ocurrieran en su oficina -ubicada en la avenida 38 entre 11 y 12-, aunque luego debió admitir que ese lugar sí le pertenecía.
Cariaga sostuvo que fue agredido en la calle, pero la descripción que dio Moreno Gahona indica que todo ocurrió dentro del inmueble. Más aún: la hora consignada en el acta policial (17) no coincide con la hora de la declaración (18.30), y tampoco hay explicación convincente sobre la presencia de Cariaga en La Plata, dado que reside en José León Suárez.
El cúmulo de irregularidades fue tal que la fiscalía interviniente ya ordenó la remisión de antecedentes para investigar a Cariaga por el presunto delito de falso testimonio.
Otro eje de la denuncia gira en torno al secuestro de teléfonos celulares. Según la defensa, el iPhone 15 negro y el Samsung S25 de Moreno Gahona nunca fueron incorporados al expediente ni secuestrados en el acta inicial. En cambio, se presentó otro iPhone -de color gris y sin especificación de modelo- recién 17 días después del operativo. Este aparato, afirman los defensores, no pertenece al imputado y podría haber sido "manipulado o alterado", ya que se lo incorporó sin la cadena de custodia correspondiente.
El único testigo de actuación tampoco pudo brindar sustento sólido al relato policial. Según su testimonio, cuando fue convocado, los tres ciudadanos colombianos ya estaban reducidos, esposados y "tirados en el piso", lo que impide que haya presenciado lo ocurrido previamente. Además, su relato de que los imputados fueron sacados del edificio contradice la versión policial de una pelea en la vereda.
"Benítez no fue testigo de ningún hecho, simplemente firmó lo que la policía le indicó", sostienen los abogados. Esta falta de testigos imparciales, sumada a la supuesta manipulación de pruebas y a las inconsistencias en los dichos de la víctima, constituyen, según los defensores, un "andamiaje fraudulento" diseñado para mantener presos ilegalmente a ciudadanos extranjeros.
El planteo de nulidad busca que se declare inválido todo el procedimiento -incluyendo la detención y la incautación de elementos- y se disponga la inmediata libertad de los imputados. "Estamos frente a un operativo montado, sin control judicial ni fiscal, dirigido con la finalidad de incriminar a inocentes y sustraer sus pertenencias", argumentan.
En su presentación, la defensa detalló las garantías constitucionales que, a su entender, fueron vulneradas por la actuación de la Policía Bonaerense:
Los abogados también citan artículos de la Constitución Nacional y Provincial, y la Convención Americana de Derechos Humanos, que respaldan su pedido. Además, anunciaron que, de no obtener una respuesta favorable, recurrirán a la Corte Suprema.
Ahora, será el juez de Garantías Nº 1 de La Plata, Guillermo Atencio, quien deberá analizar el planteo. De aceptarse la nulidad, tanto Moreno Gahona como los otros dos detenidos recuperarían la libertad y la investigación podría tomar un rumbo totalmente distinto: desde una causa por estafa, portación de arma y documentación falsa, a un proceso por privación ilegítima de la libertad, encubrimiento y falso testimonio, con policías y un empresario como protagonistas.
"No se puede permitir que una investigación penal preparatoria esté montada sobre mentiras, arbitrariedades y abuso de poder", concluye el escrito. La resolución del juez se espera en los próximos días, y podría marcar un antes y un después en el manejo de los operativos encubiertos en la ciudad de La Plata, en base al peligroso olfato policial.