Casos recientes exponen decisiones opuestas ante un mismo delito: el homicidio simple con dolo eventual. Un debate necesario en la Justicia de La Plata.
La confirmación de la condena a 9 años de prisión para Axel Nahuel D'Elía, responsable de la muerte de Iván Gómez durante una picada ilegal en el Bosque de La Plata, volvió a poner en el centro del debate un problema recurrente en el fuero penal platense: la ausencia de un criterio unificado en la Justicia para definir la situación de las personas acusadas por homicidio simple con dolo eventual.
Mientras D'Elía atravesó todo el proceso en libertad, incluso después de la ratificación de su condena por parte de la Casación bonaerense; otros imputados por hechos similares permanecen detenidos en cárceles comunes o con arresto domiciliario. La disparidad no solo genera cuestionamientos en los tribunales, sino también indignación en familiares de víctimas y en la opinión pública, que percibe un doble estándar en la aplicación de justicia.
El caso de D'Elía resulta paradigmático. La madrugada del hecho, en pleno Bosque platense, participaba de una picada ilegal cuando embistió y mató a Gómez, un joven que observaba las maniobras. El condenado no se detuvo a asistirlo, intentó fugarse y solo después fue identificado.
En primera instancia, fue sentenciado a 9 años de prisión, pena que recientemente fue confirmada por la Casación bonaerense. Sin embargo, el imputado jamás fue detenido: permaneció en libertad desde el inicio de la causa hasta la actualidad.
El contraste se hace más visible al analizar otros dos expedientes que avanzan en el mismo Departamento Judicial. Uno es el de Felicitas Alvite, conocida como La Toretto, quien atropelló y mató a Walter Armand en 2023.
En su caso, la Justicia resolvió de manera mucho más severa y pasó más de un año en una cárcel común, hasta que finalmente fue beneficiada con arresto domiciliario. La diferencia de conducta también es notoria: mientras D'Elía huyó, Alvite frenó de inmediato, llamó a la ambulancia y permaneció en el lugar.
El tercer expediente es el del abogado Maximiliano Insaurralde, acusado de atropellar y matar a la médica Ana Fiorino en un accidente de tránsito ocurrido en agosto de 2024 en la esquina de 7 y 49. El incidente, ocurrido en pleno centro platense, quedó registrado en una cámara de seguridad y las imágenes son impactantes.
Desde entonces permanece detenido en una cárcel común, con prisión preventiva confirmada por distintas instancias judiciales. A diferencia de Alvite, que consiguió el beneficio del arresto domiciliario, Insaurralde lleva más de un año privado de la libertad en un penal bonaerense. La familia de la víctima, por su parte, sigue reclamando justicia.
Para comprender las diferencias en las resoluciones judiciales, es necesario detenerse en la figura penal que se aplica en todos estos casos: homicidio simple con dolo eventual. El Código Penal de la Nación prevé que el homicidio simple se sanciona con penas de 8 a 25 años de prisión, mientras que la figura del dolo eventual aparece cuando el autor no busca directamente la muerte, pero actúa de tal manera que acepta la posibilidad de causar un desenlace fatal.
La figura del dolo eventual aparece cuando el autor no busca directamente la muerte, pero actúa de tal manera que acepta la posibilidad de causar un desenlace fatal
En términos simples, el dolo eventual se configura cuando una persona sabe que su conducta puede provocar la muerte de otro, y aun así decide continuar. En los homicidios viales, los jueces aplican esta figura cuando un conductor maneja con exceso de velocidad, participa de picadas ilegales, circula en condiciones extremas o realiza maniobras peligrosas que, por su naturaleza, podían derivar en una tragedia.
Más allá de la explicación legal, el problema aparece en la práctica: ¿qué hace la Justicia mientras la investigación está en curso? ¿Mantiene al acusado en libertad o dicta prisión preventiva? Los tres casos analizados muestran caminos completamente diferentes:
El análisis comparado expone la falta de un criterio uniforme dentro del mismo Departamento Judicial. La determinación de la medida cautelar depende de la interpretación de cada juez sobre los riesgos procesales: la posibilidad de fuga, la chance de entorpecer la investigación o el riesgo de reincidencia. Sin embargo, los hechos demuestran que, frente a situaciones similares, las respuestas fueron diametralmente opuestas.
En el caso de D'Elía los magistrados entendieron que no existía riesgo procesal suficiente para mantenerlo detenido. Pero la confirmación de la condena en Casación dejó en evidencia una contradicción: un hombre con sentencia firme a 9 años de cárcel sigue en libertad mientras sus pares, por hechos de gravedad similar, permanecen encarcelados.
Entretanto, en el caso de Alvite el Tribunal tuvo en cuenta la conmoción social del hecho, la visibilidad pública de la acusada como influencer y el riesgo de entorpecer la investigación, lo que derivó en un encierro prolongado que luego se morigeró con arresto domiciliario. Y en el de Insaurralde la prisión preventiva se justificó en la gravedad de la imputación y en el riesgo de fuga, teniendo en cuenta su condición de abogado con recursos para evadir a la Justicia.
La disparidad en los argumentos fue duramente cuestionada por abogados defensores y familiares de víctimas. Para unos, se trata de decisiones discrecionales que violan el principio de igualdad ante la ley. Para otros, son resoluciones independientes que reflejan el análisis particular de cada expediente.
La Plata no es ajena a las tragedias viales con consecuencias fatales. En 2021, el marido de Carolina Piparo también estuvo vinculado a un vehículo utilizado como arma. Fue detenido tras varias semanas de investigación, luego fue beneficiado con arresto domiciliario y finalmente excarcelado. Llegará a juicio oral en libertad.
El problema no es nuevo: la falta de lineamientos claros en los tribunales platenses genera resoluciones dispares, aún frente a hechos que comparten patrones muy similares.
El núcleo de la discusión gira en torno al uso de la prisión preventiva: según la legislación argentina y los tratados internacionales, se trata de una medida de excepción que solo debe aplicarse cuando hay riesgos procesales concretos, pero en la práctica se utiliza de manera dispar y en algunos casos es la regla.
Los familiares de las víctimas reclaman que la prisión preventiva se aplique de manera general en homicidios viales, argumentando que las penas previstas en el Código Penal son altas y que los imputados podrían intentar fugarse. Los defensores, en cambio, sostienen que mantener a una persona detenida sin condena firme vulnera la presunción de inocencia. En medio de ese debate, las decisiones judiciales en La Plata exponen la falta de un criterio uniforme y alimentan la percepción social de una justicia desigual.
Las decisiones judiciales en La Plata exponen la falta de un criterio uniforme y alimentan la percepción social de una justicia desigual
El caso D'Elía reavivó un debate que los tribunales platenses aún no resolvieron: ¿cómo actuar frente a imputados por homicidio simple con dolo eventual? La ausencia de un lineamiento unificado no solo afecta la seguridad jurídica de los imputados, sino que también golpea la confianza social en la Justicia. En un mismo fuero, con hechos similares, algunos acusados esperan el juicio tras las rejas, otros en sus casas y otros directamente en libertad. Mientras los expedientes avanzan, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿la Justicia evalúa cada caso con independencia y matices o la falta de criterios claros genera desigualdades evidentes que terminan erosionando su legitimidad?
La sociedad platense, marcada por tragedias viales recurrentes, espera una definición que aporte coherencia y previsibilidad. Porque en los tribunales, al igual que en las calles, la ausencia de reglas claras suele derivar en un escenario peligroso: el de la arbitrariedad.
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