La Cámara Federal de La Plata deberá resolver si reabre la causa por torturas y vigilancia ilegal durante el macrismo. Los querellantes denuncian impunidad.
Siete años después de haber sido perseguidos, detenidos y vejados por vender sus productos en el Parque Saavedra, los feriantes absueltos por la Justicia penal volverán a presentarse ante los tribunales para que los investigados sean quienes los policías que los detuvieron.
Esta vez, depositan su esperanza en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que deberá resolver si revoca el archivo de la causa en la que denunciaron espionaje ilegal, torturas y violencia institucional en manos de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).
El acusado llegó al juicio oral en libertad. Los jueces ordenaron su detención en arresto domiciliario. La justicia de La Plata rechazó la doctrina Chocobar.
El ladrón que chocó a bordo de una moto robada en La Plata tras una persecución y murió, habría recibido un disparo. Investigan un posible gatillo fácil.
La resolución será clave: está en juego no solo su historia, sino el compromiso del Poder Judicial con el control del accionar represivo del Estado.
El planteo fue presentado por los abogados Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao y Andrés Noetzly, representantes legales de los seis feriantes absueltos en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata. Se trata de Javier Huertas, Estela Martínez, Claudia Monti, Alicia Lauge, Jorge Fierro y Roberto Martínez, víctimas de un operativo montado entre fines de 2018 y comienzos de 2019 que, según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), fue “ilegal desde el origen y en todos sus términos”.
El núcleo de la apelación radica en un conjunto de tareas de inteligencia realizadas por la Delegación local de la PFA, comandada por el comisario Lionel Julita y el agente Walter Bertuzzi, que incluyeron seguimientos, escuchas, infiltraciones y consultas a bases de datos personales, todo sin ninguna orden judicial. Como se consigna en el informe de la CPM, el acta que da inicio al operativo tiene fecha del 25 de octubre de 2018, cuando todavía no existía causa judicial abierta ni pedido formal de investigación por parte del Ministerio Público Fiscal.
“Se traspasaron todos los límites al disponer la ultraactividad de las fuerzas federales cuando no se constataba competencia alguna para tal intervención”, alertaron los organismos de derechos humanos que acompañan el planteo. La maniobra, según los querellantes, se habría desarrollado al calor de lo que luego se conoció como la Mesa Judicial PRO, con participación de funcionarios municipales y bajo el clima represivo del gobierno de Mauricio Macri.
Los agentes involucrados reconocieron en sede judicial haber realizado tareas de inteligencia sin autorización legal. Bertuzzi, incluso, llegó a decir que “la inteligencia ya no existe, es un cliché”. Sin embargo, el juez federal Alejo Ramos Padilla -reconocido por llevar adelante casos sensibles de persecución política en el pasado- archivó la denuncia por entender que no hubo delito. Esa decisión es la que ahora está bajo la lupa del tribunal superior.
El expediente también recoge denuncias estremecedoras sobre el trato recibido por las mujeres detenidas en la sede de la Delegación de la Policía Federal en La Plata. Alicia Lauge relató en el juicio oral que fue alojada junto a hombres, sin atención médica, sin acceso al baño y sometida a condiciones de hacinamiento: “Me enfermé a los dos días. Tenía fiebre y no me llevaron al médico hasta febrero. Me negaban el baño. Me hice encima. Entré sana y salí enferma”.
Claudia Monti, otra de las feriantes absueltas, también ofreció un testimonio desgarrador: “Me decían ‘Dale Conchita, sacate la ropa y bañate’, con la puerta abierta. Pedía una agente femenina y me lo negaban”. Ambas mujeres estuvieron siete meses privadas de su libertad, hasta que el juez Emir Alfredo Caputo Tártara, en diciembre de 2023, firmó una sentencia absolutoria que puso fin a esa causa armada.
No obstante, la Justicia Federal consideró que no había pruebas suficientes para investigar por torturas a los efectivos de la PFA. El juez Ramos Padilla descartó el relato de las víctimas, los registros médicos y los informes de la CPM, y archivó la causa por “inexistencia de delito”. Ahora será la Cámara la que decida si convalida o revoca esa postura.
En su presentación en el expediente, la CPM respaldó con dureza la apelación de los abogados defensores. El organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel sostuvo que las tareas de inteligencia desarrolladas en el marco de la causa judicial fueron absolutamente ilegales y que la participación de la Policía Federal excedía cualquier hipótesis de investigación penal.
“No existen hipótesis legales para habilitar el empleo de fuerzas federales en términos de actividad de inteligencia para investigar un delito local”, sostuvieron. El informe advierte además que se está frente a una “clara violación al Estado de Derecho” y que confirmar el archivo implicaría legitimar la represión estatal contra sectores vulnerables de la economía informal.
La Cámara Federal convocó a una audiencia para el próximo 17 de julio a las 12, instancia que podría poner en escena nuevamente los testimonios de las víctimas, el rol de los agentes de inteligencia involucrados y la decisión del juez de primera instancia. El pronunciamiento será clave para determinar si los hechos ocurridos en La Plata forman parte de un patrón sistemático de persecución o si, como intentaron instalar en 2018, solo se trataba de un grupo “ilegal” de vendedores ambulantes.
Mientras los abogados esperan una definición en el fuero Federal, otro expediente avanza —a paso lento— en la justicia penal ordinaria de La Plata. Se trata del reclamo por la restitución de los bienes secuestrados durante los allanamientos realizados hace ya siete años en Altos de San Lorenzo. Entre los objetos aún no devueltos figuran celulares, dinero en efectivo, una notebook, estructuras de los puestos de feria, documentación y hasta los ahorros de una menor para su cumpleaños de 15.
Pese a que el fallo absolutorio ordenó expresamente la devolución de todos los bienes incautados, la Cámara Penal de La Plata dictaminó que “no hay retardo” en la entrega y derivó la responsabilidad a la Fiscalía de Juicio. La defensa presentó un nuevo pedido en mayo de este año, el cuarto en los últimos dos años, con un inventario detallado de los objetos, pero hasta ahora no hubo respuesta favorable.
“El calvario judicial de los feriantes no terminó con la absolución. Se sigue extendiendo en el tiempo con una insólita inercia judicial”, dijo uno de los abogados ante este medio. Lo que comenzó como una causa armada en 2018 terminó en una red de impunidad, desinterés institucional y violencia silenciosa que parece no tener fin.
Los próximos pasos en la Cámara Federal de Apelaciones marcarán un hito en esta causa que ya lleva más de siete años. ¿Puede la justicia reconocer ahora lo que se negó a investigar durante tanto tiempo? ¿Hay voluntad institucional para sancionar a quienes ejercieron violencia estatal sobre los sectores más vulnerables?
La historia de los feriantes del Parque Saavedra está lejos de cerrarse. La memoria de lo vivido, las marcas del encierro injusto y el silencio de los expedientes son testigos de una causa que aún clama justicia. Mientras tanto, en los pasillos de los tribunales de La Plata, la pregunta que resuena es una sola: ¿hasta cuándo se puede archivar el dolor?