El Ministerio de Salud se presentó como querellante en la causa que investiga la muerte de pacientes tras recibir fentanilo presuntamente contaminado.
El Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por Mario Lugones, fue aceptado como querellante en la causa judicial que investiga la muerte de más de 50 pacientes internados en distintas provincias del país tras recibir dosis de fentanilo presuntamente contaminado. La medida fue autorizada por el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak.
Desde la cartera sanitaria nacional informaron que la presentación se basó en "el interés legítimo del Estado nacional de contribuir al esclarecimiento del caso y garantizar la protección de la salud pública". Además, destacaron que el Ministerio viene colaborando desde el inicio de la causa mediante informes técnicos y documentación relevante.
Tras 53 las muertes sospechosas en hospitales de tres provincias y aún podrían circular 300 mil ampollas de fentanilo contaminado en todo el país.
Leonel Ayala tenía 32 años y era docente. Su familia denuncia fallas médicas y el uso excesivo de fentanilo durante su internación en La Plata.
La participación como querellante busca profundizar la intervención estatal en una causa considerada de "alto impacto sanitario y con alcance interjurisdiccional". En ese marco, el Ministerio puso a disposición sus recursos técnicos, científicos y humanos para colaborar con la producción de pruebas y la identificación de los posibles responsables.
La investigación judicial comenzó en mayo, tras una denuncia de la ANMAT que alertó sobre una serie de muertes ocurridas en el Hospital Italiano de La Plata, donde varios pacientes en terapia intensiva fallecieron luego de recibir ampollas de fentanilo. Las dosis correspondían a lotes adquiridos al laboratorio HLB Pharma y elaborados por Ramallo.
El expediente, que comenzó en La Plata, también abarca casos registrados en Rosario, la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos de la provincia. Fuentes judiciales confirmaron que hasta ahora se han verificado 52 muertes vinculadas a bacterias que se habrían colado en la cadena de producción del analgésico opioide.
A pesar del avance en la recolección de pruebas, hasta el momento no hay personas imputadas ni detenidas. La Justicia continúa analizando los procedimientos de la ANMAT y la documentación secuestrada en los allanamientos, mientras intenta determinar si hubo negligencia, impericia o dolo en el proceso que derivó en las muertes.
En paralelo, tres centros de salud de Rosario también solicitaron ser parte como querellantes en la causa, dado que allí se registraron algunos de los fallecimientos.
Por su parte, el laboratorio HLB Pharma, involucrado en la causa, difundió en los últimos días dos comunicados con sus descargos. En uno de ellos, difundido en su sitio web oficial, aseguró que "una bacteria multirresistente propia del ámbito hospitalario sencillamente no es posible en el entorno de un laboratorio", y acusó a competidores de querer distorsionar los hechos para obtener beneficios económicos.
Además, en un escrito judicial presentado por Nilda Furfaro, madre de los presuntos responsables de la firma, se denunció una "campaña de desprestigio mediático" y se negó que existan faltas graves de trazabilidad o advertencias sanitarias previas por parte de la ANMAT. Según la ex presidenta de HLB Pharma Group, los señalamientos del organismo regulador respondían mayormente a cuestiones administrativas y no a irregularidades sanitarias.
Mientras la causa avanza y se suman nuevas pruebas, la intervención del Ministerio de Salud como querellante refuerza el compromiso del Estado en el esclarecimiento de un hecho que conmueve al sistema sanitario nacional.