La jueza María José Lescano desestimó la morigeración de la medida de seguridad, pero solicitó al Organismo de Niñez bonaerense una propuesta institucional.
El caso por el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en febrero pasado en La Plata durante un intento de robo a su madre, sumó un nuevo capítulo judicial con la audiencia de revisión de la situación de uno de los adolescentes imputados.
La jueza de Responsabilidad Penal Juvenil, María José Lescano, resolvió no hacer lugar al pedido de morigeración de la medida de seguridad en modalidad de arresto domiciliario para el joven de 14 años, aunque instó al Organismo de Niñez de la Provincia de Buenos Aires a elaborar una propuesta institucional para su alojamiento.
La defensa del adolescente había solicitado que se modificara la medida actual por un régimen menos severo, bajo la premisa de garantizar el derecho a un entorno familiar. Sin embargo, la magistrada entendió que, en esta instancia, no se encuentran dadas las condiciones para que el acusado regrese a su hogar mientras avanza la investigación.
Durante la audiencia, la fiscal Carmen Ibarra se opuso de manera contundente al pedido de la defensa. Argumentó que, más allá de la corta edad del imputado, los hechos que se le atribuyen -el ataque junto a otro menor de 17 años que derivó en la muerte de Kim Gómez- revisten una gravedad excepcional. Según la funcionaria judicial, esa circunstancia impide el tránsito a una modalidad más flexible de detención.
La investigación determinó que la noche del 25 de febrero pasado, los dos adolescentes intentaron robarle el auto a la madre de Kim en la zona sur de la ciudad. En medio del ataque, la niña resultó gravemente herida y murió poco después. El hecho causó una profunda conmoción social y derivó en una serie de medidas urgentes por parte de la Justicia platense.
Aunque rechazó el arresto domiciliario, la jueza Lescano hizo lugar a un pedido complementario: instó al Organismo de Niñez de la Provincia a que presente una propuesta institucional que contemple un espacio adecuado para alojar al adolescente. La medida busca equilibrar el interés superior del niño imputado con la necesidad de resguardar a la sociedad y garantizar el proceso judicial.
Fuentes judiciales consultadas explicaron que, de este modo, se abre la posibilidad de que el joven sea derivado a un centro especializado en contención y seguimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, siempre bajo supervisión estatal y con controles regulares.