La defensa pidió arresto domiciliario para el joven de 14 años, pero la fiscal Carmen Ibarra se opuso. La Cámara ratificó la medida de seguridad por 2 años.
El caso por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que fue asesinada el 25 de febrero pasado durante un intento de robo de auto en La Plata, sumó un nuevo capítulo judicial. Este miércoles se realizó una audiencia de revisión en la que se debatió la situación procesal del adolescente de 14 años imputado como coautor del hecho, junto a su cómplice de 17 años.
En esta instancia, la defensa presentó un pedido concreto: que el encierro fuera reemplazado por un arresto domiciliario, con la idea de que pudiera continuar un proceso de contención en su casa y al cuidado de su familia. Para los defensores, mantener al chico en un centro cerrado es una decisión "desproporcionada" si se considera su edad y sus antecedentes personales.
El papá de Kim Gómez expresó su dolor al retirar el auto en el que ocurrió el brutal ataque, y optó por la donación para ayudar clubes de barrio.
La respuesta de la fiscal Carmen Ibarra fue contundente. La acusadora se opuso a cualquier flexibilización de la medida y sostuvo que la decisión de primera instancia debe mantenerse sin cambios. Según explicó, la medida de seguridad vigente es la única forma de garantizar tanto la asistencia integral que necesita el joven como la protección de la comunidad.
La tensión en la sala fue evidente. Cada intervención estuvo atravesada por el recuerdo del ataque que terminó con la muerte de Kim, un hecho que conmocionó a la región y el país y volvió a instalar la discusión sobre qué hacer con adolescentes que cometen delitos de extrema violencia pero, por su edad, no son punibles bajo el régimen ordinario.
En paralelo a esa audiencia, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata se pronunció en la misma línea que la Fiscalía. Los camaristas ratificaron la resolución de la jueza María José Lescano, quien había dispuesto una medida de seguridad por 2 años para el chico; y con esa confirmación quedó sellado que no habrá cambios inmediatos en el régimen al que está sometido el adolescente. El fallo fue interpretado como un espaldarazo a la magistrada de primera instancia y también como un mensaje político: en casos de tanta sensibilidad social, no hay margen para decisiones que puedan interpretarse como concesiones.
El razonamiento de la jueza Lescano, ahora respaldado por la alzada, se centró en la necesidad de que el joven permanezca en un dispositivo cerrado donde reciba tratamiento psicológico, educativo y social, bajo control permanente. El objetivo declarado es prevenir riesgos tanto para terceros como para el propio adolescente, cuya trayectoria vital ya aparece marcada por la violencia y la marginalidad.
La defensa, que había reclamado el arresto domiciliario, tendrá la posibilidad de volver a plantear revisiones periódicas. Sin embargo, con la Cámara confirmando la medida, el escenario inmediato quedó definido: el acusado seguirá bajo encierro.
El 25 de febrero la mamá de Kim estacionaba su auto cuando fue sorprendida por los dos adolescentes. El intento de robo derivó en una secuencia dantesca: la pequeña quedó atrapada con su cinturón de seguridad, fue arrastrada durante unas quince cuadras y perdió la vida a causa de las heridas sufridas. Desde entonces, la investigación avanzó rápido, pero el proceso judicial quedó condicionado por la edad de los imputados.
El adolescente de 17 años enfrenta una causa penal juvenil que podría derivar en una condena efectiva. En cambio, el de 14, solo puede estar sujeto a medidas de seguridad dado que no es punible. Esta diferencia jurídica es la que vuelve más áspero el debate público: ¿cómo debe responder el Estado cuando chicos por debajo de la edad de imputabilidad cometen delitos de máxima gravedad?
El caso Kim Gómez expone ese dilema de manera descarnada. La ley, las garantías constitucionales y las demandas sociales chocan en expedientes como este, donde la inocencia perdida de una víctima se confronta con la juventud quebrada de un victimario. Cada audiencia, cada fallo y cada revisión funcionan como ensayos de un sistema que todavía no logra dar respuestas claras.
Con la confirmación de la Cámara, el expediente del más joven de los implicados queda en una etapa de estabilidad, al menos por los próximos meses. Las revisiones periódicas serán la única puerta para eventuales cambios en la modalidad de su encierro. En tanto, la familia de Kim sigue reclamando justicia, aunque en este marco judicial esa palabra adopta un significado distinto. No habrá condenas tradicionales ni penas de prisión perpetua, sino medidas de seguridad y tratamientos tutelados que intentan equilibrar legalidad y protección social.
El caso continuará siendo observado de cerca por la comunidad y por los tribunales. Cada paso volverá a despertar preguntas sobre la eficacia de un sistema que, frente a crímenes como este, parece caminar sobre una delgada línea entre el respeto a la ley y la necesidad de dar respuestas a una sociedad conmocionada.