Viernes 11 de julio, fuero Penal de La Plata. La sala está casi vacía. Es la misma en la que hace dos semanas, doce ciudadanos dijeron “culpable” sin titubeos. El mismo espacio donde Julio “Loli” Sotelo fue esposado de inmediato, con la mirada quieta, sin pedir explicaciones por un crimen. Esta vez, no hay tensión en los bancos. No hay prensa. Solo los rostros de siempre: abogados, la fiscal que no deja papeles sueltos. Y un juez -Emir Caputo Tártara- que escucha en silencio.
La audiencia de cesura no tiene el dramatismo del veredicto. No hay sorpresas, ni gritos. Pero es allí donde se decide la pena. Y eso es tanto como decidir cuánto pesa una vida rota.
La fiscal Victoria Huergo entra sin estridencias. Su tono es el mismo: firme, preciso, casi clínico. Habla como quien no busca venganza, sino sentido. Como quien sabe que el tiempo de llorar ya pasó.
“No voy a leer toda la prueba”, dice. “Pero me remito a ella”. Cita testigos. Batista, Gómez, Machuca. Reconstruye, otra vez, esa escena en la que dos hombres golpean a otro que ya está en el suelo. Se detiene en la posición del cuerpo, en las 22 lesiones que dejó la autopsia: 14 externas, 8 internas, todas en rostro y cráneo. Una paliza sin defensa posible. Una muerte sin escapatoria.
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Victoria Huergo, fiscal de juicio de La Plata, logró el veredicto de culpabilidad por el crimen en Melchor Romero.
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No levanta la voz. No la necesita. La frialdad de los datos ya es suficiente. La autopsia, recuerda, no mostró heridas de defensa. Solo destrucción. Aplastar una vida, como si no valiera nada. En la balanza de la justicia, cada palabra pesa como un golpe.
El odio en los márgenes de La Plata
Luego, la fiscal avanza sobre el punto más incómodo. ¿Por qué mataron a Reinaldo Solís? No fue un robo. No fue un accidente. No fue, siquiera, una pelea común. Fue algo más oscuro. “Este fue un crimen de odio”, dice. La palabra cae como un ladrillo sobre el expediente abierto tras el asesinato en 159 y 35. Y entonces, todo encaja. El llamado revanchista de Santiago Oyhamburu, la aparición intempestiva de Sotelo en la escena, la violencia desmedida. “Nada tuvo que ver en este hecho la miseria, la pobreza. Esto no fue un robo de alimentos. Fue una ejecución”.
En esa frase, Huergo le cierra la puerta a cualquier intento de justificar la violencia por el contexto social. La carencia económica -dice- no es una atenuante si se trata de venganza. No si se mata a una persona vulnerable, ebria, desarmada, acostada en el piso. No si se hace con una piedra en la cara, con una madera con clavos, con un objeto “pesadísimo” manchado de sangre.
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Julio "Lali" Sotelo, llegó a juicio en libertad y fue esposado en la sala de audiencias tras el veredicto condenatorio.
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¿Qué atenuantes admite?
La fiscal solo concede dos: la falta de antecedentes penales y el buen concepto familiar. Nada más. Rechaza de plano los pedidos de la defensa que aluden a la pobreza, a los hijos de Sotelo, incluso a un niño discapacitado.
“Julio Sotelo se dedicaba a las changas y al cartoneo. Su familia es numerosa, unida, cooperativa. Pueden salir adelante. El Estado puede asistirlos”, afirma.
No hay concesiones. Solo una línea recta entre el crimen y la pena.
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Filmina del alegato multimedia del Ministerio Público que fue exhibido al jurado ciudadano.
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Un barrio, un nombre, una historia
Antes de terminar, la fiscal se detiene en un detalle que parece menor pero no lo es. Pide que se tenga en cuenta el carácter de la víctima. Y entonces menciona a Reinaldo Solís no solo como cuerpo golpeado, sino como persona: querido en su barrio, homenajeado por sus vecinos, recordado con un comedor comunitario que lleva su nombre -Copa de Leche “El Rey”- y un monolito en el lugar donde cayó.
Ese recuerdo -más humano que forense- busca restaurar lo que el crimen quiso borrar: la dignidad de una vida interrumpida.
“Era una persona tranquila. Querida por todos. Y esa pérdida tiene que pesar”.
No hay gritos en la sala. Tampoco hay consuelo. Solo la frase final de la fiscal, que pide una condena clara: 18 años de prisión para Julio Sotelo. Por coautor de homicidio. Por haber sido parte de un crimen ejecutado entre sombras, cuando el país entero estaba encerrado por una pandemia, y un hombre -uno solo- no tuvo quien lo salvara.
La defensa juega su carta final
Del otro lado, la defensa se aferra al mínimo legal. Ocho años. El argumento es previsible: carencia de antecedentes, contexto vulnerable, hijos pequeños, vínculos familiares. Hablan del dolor que atraviesa a toda la familia de Sotelo, de los efectos colaterales de una condena.
Pero el aire, esta vez, parece inclinarse hacia el otro lado. El crimen fue demasiado brutal. La víctima, demasiado indefensa.
Lo que sigue es espera.
El juez Caputo Tártara se tomará unos días. La resolución se conocerá la próxima semana.
La justicia tarda, pero a veces llega. Fragmentada, sí. A veces remendada. Pero llega. Y si bien este juicio no saldó todas las deudas -Santiago Oyhamburu será juzgado en 2026-, al menos fijó una verdad. Doce personas comunes dijeron: esto fue un crimen. Y ahora queda decidir cuánto vale ese veredicto en años.
