El hecho ocurrió durante la pandemia y conmocionó a un barrio de la colectividad paraguaya en Melchor Romero. Otro acusado será juzgado en 2026.
Este jueves, en el Tribunal Oral Criminal IV de La Plata, finalizó la etapa de producción de prueba en el juicio por jurado ciudadano para Julio Sotelo, imputado por el crimen de Reinaldo Solís, ocurrido en septiembre de 2020 en Melchor Romero. La fiscal del caso, Victoria Huergo, alegará esta misma tarde y solicitará que el jurado lo declare culpable del delito de "homicidio en ocasión de robo".
La instancia de alegatos marcará un punto de inflexión en el proceso. Tras dos jornadas de audiencias intensas y la declaración de testigos claves, la fiscalía buscará convencer a los 12 ciudadanos que integran el jurado popular de la responsabilidad penal del acusado, quien llegó a juicio en libertad y eligió este mecanismo como estrategia de defensa.
Luis Raúl Ponce, condenado por el crimen de Andrés Núñez y prófugo durante 17 años, no podrá acceder a la prisión domiciliaria tras el fallo judicial.
Javier Alonso, encargado de la seguridad provincial, apuntó contra el Gobierno nacional por el uso político del caso ocurrido en La Matanza.
Por este mismo caso hay otro acusado, Santiago Oyhamburu, quien será juzgado en 2026 en otro proceso pero por un tribunal colegiado integrado por tres jueces técnicos.
Durante la segunda jornada del debate, realizada el miércoles, declararon tres testigos fundamentales. El más contundente fue Carla Gómez, vecina de la cuadra donde ocurrió el crimen. Desde su ventana, vio a Oyhamburu -coimputado que será juzgado en 2026- golpeando a Solís, y sostuvo con firmeza que Sotelo también participó activamente en la agresión: "Le pegó un piedrazo en la cara y le dio con una madera", afirmó.
Antes de ella, Luis Machuca, también vecino y compatriota del fallecido, había relatado que vio a Oyhamburu arriba de Solís "pegándole con los puños", mientras Sotelo se mantenía al lado, observando el castigo, y luego ambos se alejaron juntos. Su testimonio, aunque lo ubica en un rol más pasivo, fue clave para construir la secuencia del hecho.
Ambos relatos coincidieron en lo esencial: los dos acusados estaban en el lugar del ataque, y tras el mismo se retiraron del lugar en conjunto, lo que para la fiscalía refuerza la hipótesis de coautoría.
La tercera testigo fue Itatí Chilavert, organizadora de una fiesta (entonces clandestina) esa misma noche en el barrio Malvinas. Confirmó que los acusados no estaban invitados, pero se presentaron igual, y que luego salieron del domicilio y volvieron con signos de haber estado en una pelea. "Vi a Oyhamburu con la cara llena de sangre. Después me enteré de que hubo un muerto en el barrio", declaró. También afirmó que, tras conocerse el crimen, vecinos incendiaron la casa de Oyhamburu y Sotelo se fue del barrio.
Ese comportamiento posterior al hecho -el intento de evitar la exposición, la desaparición del entorno- será seguramente utilizado por la fiscal como indicio de culpabilidad. La reacción del vecindario también fue interpretada como una señal del rechazo social al hecho violento que los conmocionó durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) de 2020.
Concluida la etapa de prueba, el juicio entra en su recta final. Esta tarde del jueves, la fiscal Huergo presentará su alegato final ante el jurado, en el que solicitará que Sotelo sea declarado culpable del delito de homicidio en ocasión de robo.
Durante el debate, se reprodujeron también peritajes forenses, declaraciones de efectivos policiales y los informes de la autopsia, que describieron una muerte producto de múltiples traumatismos, entre ellos un golpe contundente en el rostro, compatible con los testimonios de los vecinos.
La defensa de Sotelo intentó sembrar dudas respecto a su participación directa, subrayando que no se encontraron elementos personales del acusado en el cuerpo de la víctima, ni pruebas genéticas determinantes. Sin embargo, el cuadro acusatorio se fortaleció con la multiplicidad de relatos que lo ubican como partícipe necesario del ataque.
Tras los alegatos de las partes, el jurado comenzará las deliberaciones. La decisión debe ser unánime. De no llegar a un veredicto común. Si se alcanza la unanimidad en el veredicto de culpabilidad, será el juez técnico Emir Alfredo Caputo Tártara quien imponga la pena en una próxima audiencia.
Por ahora, lo cierto es que el caso de Reinaldo Solís, un hombre que murió en una calle oscura de Melchor Romero durante los días más solitarios de la pandemia, está a punto de recibir una respuesta judicial. Si esa respuesta será la verdad o apenas un fragmento parcial de justicia, lo decidirán doce ciudadanos comunes, a puertas cerradas y con la ley en una mano y la duda en la otra.