La Cámara Federal confirmó el régimen de detención especial para los acusados de extorsionar a Rodrigo Gómez desde cárceles de La Plata antes de su suicidio.
La Cámara Federal de San Isidro confirmó el régimen de detención de alto riesgo para los cuatro procesados por integrar una organización que realizaba extorsiones telefónicas desde cárceles de La Plata. La investigación vincula a la banda con las amenazas sufridas por el soldado Rodrigo Gómez antes de su suicidio en la Quinta de Olivos.
El tribunal de alzada confirmó el régimen de detención de alto riesgo para Tomás Matías Francavilla, Mauricio José Duarte Areco, Iara Ayelén Cosentino y Karen Yael Cufré, quienes permanecen con prisión preventiva y fueron enviados a juicio como presuntos integrantes de una organización dedicada a cometer extorsiones telefónicas desde establecimientos penitenciarios.
La muerte de Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos abrió una investigación que permitió reconstruir el funcionamiento del grupo que operaba desde La Plata.
El episodio ocurrió en la localidad de Arturo Seguí, en la zona norte de La Plata. La víctima intentó disuadir a los agresores y terminó herida.
De acuerdo con la investigación, Francavilla y Duarte Areco lideraban la organización desde la Unidad Penal Nº 36 de Magdalena, mientras que las maniobras también eran coordinadas desde la Unidad Penal N° 26 de Lisandro Olmos. Para la Justicia, esa capacidad de continuar organizando delitos desde prisión fue determinante para mantener las condiciones especiales de alojamiento.
Las defensas sostuvieron que el Ministerio de Seguridad carecía de facultades para establecer un régimen diferenciado mediante resoluciones administrativas y argumentaron que las restricciones vulneraban el principio de inocencia, ya que ninguno de los imputados posee una condena firme.
Los jueces Juan Pablo Salas y Marcelo Darío Fernández rechazaron esos planteos. En su resolución señalaron que la declaración de inconstitucionalidad constituye un remedio excepcional y concluyeron que tanto el Ministerio de Seguridad como el Servicio Penitenciario Federal actuaron dentro de las atribuciones legales para clasificar a los internos según su nivel de peligrosidad.
Los camaristas remarcaron además que el sistema no representa una sanción adicional, sino una herramienta destinada a impedir que organizaciones criminales continúen delinquiendo desde el interior de las cárceles. También destacaron que el régimen contempla evaluaciones individuales y se encuentra bajo control judicial.
En el caso de Cosentino y Cufré, la Cámara advirtió además que el recurso de apelación fue incorrectamente concedido, ya que ambas fueron incorporadas al programa de "Elevado Riesgo Comunitario" del Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, distinto del régimen general cuya constitucionalidad cuestionaban.
La causa se inició tras la muerte de Rodrigo Gómez, ocurrida el 16 de diciembre de 2025 en la Quinta Presidencial de Olivos. El soldado, de 21 años e integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, fue hallado sin vida en una garita de custodia tras quitarse la vida con su arma reglamentaria. Antes dejó una carta en la que explicó los motivos de su decisión.
A partir de ese documento, la investigación encabezada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado permitió reconstruir una maniobra de extorsión que comenzaba con perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas, entre ellas Evermatch, para luego trasladar las conversaciones a WhatsApp.
Según la pesquisa, las víctimas recibían posteriormente un audio de una persona que decía ser la madre de una supuesta menor de edad y advertía sobre una posible denuncia penal. Después intervenía otra persona que se presentaba como integrante de la Policía de la Ciudad utilizando la identidad de un efectivo real y exigía transferencias de dinero para evitar la denuncia y "ayudar con la situación".
Para la fiscalía, Gómez fue la primera víctima identificada y el 15 de diciembre transfirió $1.413.000 a dos cuentas de Mercado Pago. La investigación también acreditó otros dos hechos: uno ocurrido el 26 de diciembre, en el que un hombre transfirió $15.000, y un tercer caso en el que otra víctima depositó un total de $116.000 entre el 22 y el 28 de diciembre en cuentas vinculadas a dos de las acusadas.
Además de los cargos por asociación ilícita agravada y extorsión, el fiscal solicitó que Francavilla y Duarte Areco sean juzgados por la presunta instigación al suicidio de Rodrigo Gómez, delito previsto en el artículo 83 del Código Penal, que contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión. Respecto del resto de los acusados, requirió que enfrenten juicio como miembros de la asociación ilícita agravada y coautores de los tres hechos de extorsión investigados hasta el momento.
