El Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata condenó a Pablo Sánchez por el homicidio simple de Alex Campos, un adolescente de 16 años.
Un empresario fue condenado a nueve años de prisión por atropellar y matar con su camioneta a un adolescente que cazaba liebres para subsistir en un campo luego del juicio oral desarrollado en el fuero Penal de La Plata. La víctima, Alex Ezequiel Campos, tenía 16 años al momento de su muerte.
El debate público, que se desarrolló durante varias jornadas, puso bajo la lupa un hecho cargado de violencia y desigualdad, ocurrido durante la cuarentena por COVID-19. La fiscalía, a cargo de Mariano Sibuet, sostuvo desde el inicio la imputación por “homicidio simple” contra el acusado, Pablo Sánchez, empresario y propietario del campo en el que se produjo el crimen. En su alegato pidió una condena de prisión perpetua por homicidio alevoso o una condena por homicidio simple.
La defensa, en cambio, intentó convencer al tribunal de que se trató de un caso de exceso en la legítima defensa o, en su defecto, de un homicidio culposo.
El fallo fue dictado este lunes por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) IV de La Plata, integrado por los jueces Carolina Crispiani, Emir Caputo Tártara y Ernesto Domenech, con la asistencia de la secretaria Analía Reyes.
Los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2020 en un campo de la localidad de Cañuelas. En plena cuarentena obligatoria por la pandemia de COVID-19, Alex Campos y otros dos jóvenes ingresaron a cazar liebres con sus galgos, una práctica frecuente en sectores populares rurales como medio de subsistencia alimentaria.
Pablo Sánchez, dueño del campo, los sorprendió mientras circulaban por el predio. A bordo de una camioneta Dodge RAM, persiguió a los jóvenes con el objetivo de echarlos del lugar. Según los testimonios y la reconstrucción judicial, en un momento de la persecución embistió de lleno a Alex, quien cayó al suelo con lesiones gravísimas. El empresario no lo asistió y se retiró del lugar. El joven fue encontrado sin vida poco después, con signos de haber sido arrollado.
El hecho generó un fuerte impacto en la zona y desató una investigación que avanzó con pericias técnicas, testimonios y pruebas de geolocalización, que fueron determinantes para acusar a Sánchez. Durante el debate, la fiscalía sostuvo que el empresario tuvo “intención de matar” y que actuó con “pleno desprecio por la vida humana”.
La defensa del imputado, a cargo de los abogados Fabián Améndola y su hijo Facundo Améndola —ambos conocidos por intervenir en casos mediáticos como el crimen de Fernando Báez Sosa—, intentó sin éxito instalar que el empresario había actuado en defensa de su propiedad privada y que la muerte de Campos fue consecuencia de un “exceso no deseado” en ese accionar.
Durante la cuarta audiencia, la defensa presentó una pericia alternativa que buscó contradecir los informes oficiales sobre la mecánica del hecho. Según ese informe, el impacto habría sido accidental y no podría atribuirse a una maniobra intencional del conductor. Sin embargo, el tribunal no consideró suficientes esas objeciones técnicas para desvirtuar la prueba acumulada por la fiscalía.
Además Sánchez no denunció la presencia de intrusos ni dio aviso a la Policía. Por el contrario, eligió intervenir directamente con violencia, utilizando su vehículo como arma. Tampoco prestó ayuda a la víctima luego del impacto, lo que agravó su responsabilidad penal.
Tras analizar todos los elementos del expediente, el Tribunal resolvió condenar a Pablo Sánchez a la pena de nueve años de prisión efectiva por el delito de homicidio simple, un delito que contempla penas de 8 a 25 años de cárcel. El empresario, que hasta ahora se encontraba bajo arresto domiciliario, deberá seguir cumpliendo la pena.
El fallo deja un fuerte mensaje sobre los límites de la defensa de la propiedad frente a la vida humana y vuelve a poner en el centro del debate una problemática estructural que atraviesa vastos sectores del conurbano y la provincia: la pobreza rural y las estrategias de supervivencia de cientos de jóvenes como Alex.
Alex Campos vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad. Tenía 16 años, no había terminado la escuela y ayudaba a su familia con lo que podía cazar en la zona. El uso de perros galgos, prohibido por ley para actividades deportivas, sigue siendo común como medio de sustento alimentario en zonas rurales del país.
La familia del adolescente pidió justicia desde el primer momento. Durante el debate, su familia y otros testigos relataron la desesperación tras conocer la noticia y denunciaron que, desde un inicio, hubo intentos de minimizar la gravedad del hecho por parte del entorno del empresario.
Organizaciones sociales, de derechos humanos y de defensa de los derechos de la niñez acompañaron el juicio y emitieron comunicados exigiendo una condena ejemplar.
La sentencia aún no está firme y podrá ser apelada por la defensa ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense. No obstante, la condena fue recibida con alivio por la familia de la víctima, que desde hace casi cuatro años reclama justicia.
El caso deja múltiples interrogantes abiertos. ¿Qué valor tiene la vida de un joven pobre en la Argentina rural? ¿Qué responsabilidades tiene el Estado cuando la desigualdad expulsa a miles de adolescentes a escenarios de altísimo riesgo? ¿Hasta dónde puede un propietario defender su tierra sin violar derechos humanos fundamentales?
Mientras se esperan los fundamentos del fallo, el nombre de Alex Campos se suma a la lista de jóvenes cuyas muertes violentas exponen la fractura social de un país que todavía discute cómo garantizar la vida antes que la propiedad.