Con el fin de la feria judicial, el expediente avanza hacia el juicio oral. El fiscal cerró la investigación, pero todavía buscan a un acusado que está prófugo.
La investigación por el feroz pelea entre las facciones de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en La Plata en la puerta del Hospital San Roque de Gonnet, protagonizada por barras de Estudiantes y Gimnasia; volvió a tomar impulso tras el fin de la feria judicial en el marco de un expediente que mantiene en vilo a la Justicia penal de la ciudad.
El fiscal Gonzalo Petit Bosnic cerró el sumario de la pesquisa y todo indica que la causa se encamina a la etapa de debate oral, tal como anticipó 0221.com.ar.
El expediente judicial reconstruye los hechos ocurridos en el marco de una feroz interna sindical que dejó heridos, daños materiales y un fuerte despliegue policial para controlar la situación.
La causa involucra a referentes y militantes de distintas líneas que se disputan el control del gremio, en un conflicto que ya tuvo episodios violentos previos y que volvió a estallar con intensidad.
En la instrucción se acumularon declaraciones testimoniales, registros fílmicos y pericias que describen un enfrentamiento planificado, con armas impropias y vehículos utilizados para el traslado de los grupos que participaron en la riña. En esa línea, el cuadro probatorio permitió a la fiscalía avanzar con procesamientos y detenciones, aunque uno de los acusados todavía permanece prófugo.
El expediente se desarrolla en un contexto de fuerte tensión gremial, con denuncias cruzadas y acusaciones públicas entre las facciones enfrentadas.
El fiscal dispuso el cierre del sumario, lo que significa que ya no se producirán más medidas de prueba en la etapa de instrucción; y la decisión abre el camino a la elevación a juicio, donde los acusados deberán responder por los delitos que se les imputan, que van desde lesiones y daños hasta amenazas y asociación ilícita.
El expediente se desarrolla en un contexto de fuerte tensión gremial, con denuncias cruzadas y acusaciones públicas entre las facciones enfrentadas. En paralelo, las defensas de algunos imputados cuestionaron la calificación legal y adelantaron que pedirán la nulidad de ciertas pruebas, lo que podría abrir un nuevo capítulo de planteos técnicos antes de que el caso llegue a la sala de audiencias.
El juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi avaló varias prisiones preventivas. La medida recayó sobre Exequiel David Ávila, Fabricio Agustín Borgert, Maximiliano Ezequiel Ramos, Jonatan Osvaldo Ruiz y Nicolás Agustín Tobar, todos supuestos ejecutores del ataque. En el texto del fallo, el magistrado afirma que existe "peligro cierto de frustración de los fines del proceso" si se los excarcela. Es decir, si quedaran libres podrían fugarse, intimidar testigos o destruir evidencia.
La misma prisión en la que están otros ocho hombres que responden a Iván Tobar —sus hijos Santiago y Rodrigo Tobar, Luis Nievas, Emiliano D'Amico, Nehuén García y Brian y Franco Gamarra—, a quienes se los acusa por el mismo hecho.
La excepción es Víctor Alexis Ybarra, quien fue excarcelado tras acreditarse su participación marginal en el ataque, aunque continúa imputado. El último que faltaba —Oscar Monzón, alias "Osty" y quien es señalado como uno de los organizadores de la emboscada— declaró ante el fiscal, pero no incriminó a nadie. Solo resta capturar a un prófugo. La Policía Bonaerense lo busca desde hace semanas.
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