La defensa de Iván Tobar cuestiona la legalidad de la imputación por el video que habría buscado condicionar a magistrados en medio de la interna de la UOCRA.
La guerra sindical por el control de la seccional local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) volvió a tener una derivación explosiva en los tribunales federales de La Plata. Esta vez, el protagonista central es Iván Tobar, rival declarado del exlíder gremial Juan Pablo "Pata" Medina, y ahora procesado con prisión preventiva por el juez federal Ernesto Kreplak.
El exreferente de la barrabrava de Estudiantes y actual dirigente de la Agrupación Blanca y Azul, que busca hacerse con la conducción del gremio, está acusado de instigar la realización de un video intimidatorio dirigido a magistrados que debían resolver una causa clave contra Medina y su familia.
Según el fallo, Tobar habría sido el ideólogo de una maniobra que incluyó la producción y difusión de un video en el que supuestos seguidores del clan Medina profirieron amenazas dirigidas al juez Alejandro Esmoris y al fiscal Marcelo Molina, encargado en ese entonces de una causa federal por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el histórico referente de la UOCRA.
El video circuló en las redes sociales entre la noche del 25 de agosto de 2021 y la madrugada del día siguiente. La coincidencia temporal con la audiencia clave en la que se definía el futuro judicial de Medina alimentó las sospechas.
Kreplak consideró que esa pieza audiovisual fue armada deliberadamente para sembrar temor y afectar la decisión judicial. La defensa de El General sostiene sinembargo que no hay prueba directa que lo vincule con esa maniobra.
El jueves 26 de junio último se realizó en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata una audiencia oral decisiva para el futuro judicial de Tobar. Su defensa, a cargo del abogado Germán Oviedo, pidió revocar el procesamiento y la prisión preventiva dictada por Kreplak. En su presentación, Oviedo se centró en desarmar punto por punto los fundamentos de la medida del juez federal.
"El principal argumento de la defensa es que la imputación contra Tobar se basa en conjeturas, no en pruebas objetivas ni directas", explicó una fuente con acceso al expediente. En efecto, la figura penal que se le atribuye al sindicalista es la de instigador, pero hasta el momento la causa no cuenta con una prueba concreta que lo ubique como responsable directo de la realización del video.
La acusación se apoya, principalmente, en una declaración testimonial: la de David "Tino" Alzogaray, un excolaborador de Tobar, quien recién 2 años después del hecho —y ya alejado de la Agrupación que lidera el exbarrabrava— aseguró que el video se filmó por indicación suya. Sin embargo, Alzogaray no se ubica a sí mismo como partícipe y hay testigos que lo contradicen, lo que también derivó en su procesamiento y detención.
"La imputación a Tobar se sostiene sobre la base de una declaración oportunista, hecha años después de los hechos y sin corroboración objetiva", advirtió la defensa. Y agregó otro punto clave: "Desde agosto de 2021 hasta marzo de 2025, la prueba, el riesgo procesal y la imputación fueron siempre los mismos. Sin embargo, recién fue detenido después del escándalo en el hospital de Gonnet", en referencia al episodio de violencia entre facciones de UOCRA y barras locales.
Uno de los argumentos más insistentes de la defensa de Tobar se basa en un aspecto cronológico crucial: no está probado que el video amenazante haya sido efectivamente visto por los jueces Esmoris o el fiscal Molina antes de que tuvieran que tomar una decisión en la causa contra el Pata Medina.
"La filmación se viralizó durante la noche del 25 de agosto y la madrugada del 26. La audiencia judicial se celebró durante la mañana del 26. La denuncia formal del hecho fue recién después de las 13 horas. Es decir, no hay evidencia de que el video haya influido en la decisión judicial", indicaron las fuentes. Por lo tanto, cuestionan la hipótesis de coacción o condicionamiento: "¿Cómo puede sostenerse que hubo una amenaza eficaz, si no hay constancia de que los magistrados vieron el mensaje antes de resolver?", se preguntan en el entorno de Tobar. La cronología del caso, afirman, debilita sustancialmente la imputación.
Además, se cuestiona la amplitud temporal de la imputación por asociación ilícita. Según el fallo de Kreplak, Tobar habría integrado una organización delictiva desde el 10 de junio de 2021 hasta el 28 de marzo de 2025, día en que fue detenido. Pero la defensa señala que la causa federal se inició el 26 de agosto de 2021 y, por lo tanto, el juez solo puede investigar hechos anteriores a esa fecha. "Es un disparate jurídico que le imputen hechos posteriores a la denuncia. Eso viola principios básicos del derecho penal", remarcan.
La situación procesal del referente de la UOCRA podría cambiar drásticamente si la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hace lugar al recurso de apelación planteado por su defensa. De prosperar el planteo, el procesamiento y la prisión preventiva dictados por Kreplak serían revocados y Tobar podría recuperar su libertad en las próximas semanas.
De hecho, en la causa paralela que tramita en el fuero Penal ordinario —relacionada con la feroz pelea ocurrida el 25 de marzo de 2025 en el Hospital San Roque de Gonnet, en el marco de la interna gremial— Tobar fue excarcelado por falta de pruebas. En ese expediente, se lo acusaba de haber instigado una emboscada contra barras de Gimnasia, cuando fueron a buscar información sobre el estado de salud de Fernandito Sacconi, herido horas antes en el barrio La Loma.
La defensa de Tobar sostiene que fue ese episodio el que precipitó su detención en la causa federal. "Durante 4 años no lo detuvieron. Solo lo hicieron cuando apareció vinculado a los hechos del hospital. Pero si por eso lo dejaron libre por falta de pruebas, ¿cómo van a usarlo como argumento para mantenerlo preso en esta otra causa?", planteó su abogado.
El devenir judicial de Tobar depende ahora de lo que resuelva la Cámara Federal. La audiencia oral del 26 de junio dejó a la vista las flaquezas de la imputación, al menos desde la perspectiva de la defensa, pero también reavivó las tensiones de una interna gremial que no da tregua. El expediente federal por amenazas a magistrados no solo es un capítulo más en la feroz disputa por el control de la UOCRA, sino también una prueba de fuego para el sistema judicial. Entre acusaciones cruzadas, operaciones encubiertas, testigos de dudosa credibilidad y decisiones judiciales bajo sospecha, lo cierto es que el caso todavía tiene más incógnitas que certezas. Y, como suele pasar en estas causas con alto voltaje político y gremial, todo puede cambiar en un fallo.