Un proyecto del PRO propone cambiar el Código de Convivencia Ciudadana e impedir que se ejerza el trabajo sexual en los espacios públicos de La Plata.
Un proyecto presentado por la oposición en el Concejo Deliberante de La Plata volvió a instalar un tema que siempre genera polémica: la existencia de la Zona Roja en la capital provincial. En concreto, el PRO propone ahora una modificación al Código de Convivencia Ciudadana para prohibir directamente la prestación de servicios sexuales en la vía pública en la ciudad.
La propuesta es impulsada por el concejal del bloque del PRO, Nicolás Morzone, e introduce un cambio en la Ordenanza N° 12.170 que fue aprobada en noviembre de 2021 y que dispuso que la oferta de sexo solo puede llevarse a cabo en un lugar delimitado por el Ejecutivo municipal.
Las agresoras escaparon con un celular y dinero en efectivo luego de golpear a la víctima en la zona roja de La Plata durante la madrugada del domingo.
El crimen en la Zona Roja de La Plata dejó como saldo a un hombre muerto y a un detenido. Por ahora siguen sin identificar a la víctima.
"Queda expresamente prohibido ofrecer, solicitar, negociar o aceptar directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos, en los espacios públicos del partido de La Plata. Aquellas personas que incumplan con lo establecido en el presente, serán sancionados con multa de trescientos (300) a tres mil (3.000) módulos", establece el artículo 1° del proyecto que modifica el artículo 215 del Código.
En la ordenanza vigente, ese artículo establece que "el que ofreciere, solicitare, negociare o aceptare directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos, en los espacios públicos no autorizados, será sancionado con multa de cien (100) a novecientos (900) módulos. El Departamento Ejecutivo reglamentará los lugares y condiciones donde se permitirá el ejercicio de la actividad".
En los fundamentos del proyecto, el edil explica que la prohibición de la oferta sexual en la vía pública "surge ante la necesidad de preservar el orden público, proteger la integridad de nuestros vecinos en zonas residenciales donde actualmente se ofrecen este tipo de actividades, y garantizar asimismo, una convivencia ciudadana pacífica y en condiciones seguras".
"El ejercicio de la prostitución en la vía pública, especialmente en zonas residenciales, escolares o de esparcimiento, afecta directamente la calidad de vida de los vecinos, genera situaciones de acoso verbal o visual, y deteriora el entorno urbano en materia de higiene y seguridad, generando una potencial exposición de niños y adolescentes a escenas o situaciones que no son apropiadas para su desarrollo", agrega.
El concejal hace referencia a la situación que viven a diario los frentistas de El Mondongo, donde hoy está instalada desde hace años la Zona Roja y asegura que el ejercicio de la prostitución callejera "está muchas veces acompañado de venta de estupefacientes, consumo problemático, violencia física, y enfrentamientos".
También subraya que los vecinos denuncian que, como consecuencia del ejercicio de la prostitución en la zona, se multiplican los episodios de inseguridad, no hay controles policiales, el comercio local se ve seriamente afectado y además se desvalorizan las propiedades de quienes habitan allí.
Morzone asegura que la presencia de la Zona Roja en dicho barrio "ha favorecido la instalación de grupos organizados que explotan simultáneamente el trabajo sexual y el comercio de drogas a pequeña escala, generando un ecosistema delictivo que opera con total impunidad durante las noches y madrugadas".
Tras la aprobación del Código de Convivencia Ciudadana, la definición de la nueva Zona Roja generó meses de debate y numerosas reuniones con los vecinos del barrio El Mondongo, que pedían que las trabajadoras fueran mudadas. Finalmente, en julio de 2023, el exintendente Garro firmó el decreto que la trasladaba a la zona de la avenida 122 entre 52 y 55, en el límite tripartito con Berisso y Ensenada.
El Municipio comenzó a acondicionar esa calle del Bosque, en la que estaba previsto armar senderos, colocar sanitarios, tótems con botón antipánico y luminarias, pero la decisión fue rechazada por la asociación civil Otrans Argentina, que trabaja sobre la problemática que atraviesa la comunidad trans y travesti en el país por "discriminatoria y violatoria de los derechos humanos".
El 13 de noviembre de ese mismo año, el Juzgado N° 4 de La Plata hizo lugar a la presentación realizada por abogados de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y suspendió el traslado.