Tras el fallo de Casación que invalidó el juicio abreviado, la causa para Matías Rival tendrá una audiencia clave el 20 de abril antes de un nuevo debate oral.
La causa conocida como la del ternerito extraviado en la localidad de Brandsen, que tuvo en el banquillo al peón rural Matías Ezequiel Rival, volvió a cobrar impulso en el fuero Penal de La Plata luego de que el Tribunal de Casación bonaerense anulara la condena dictada en su contra y ordenara la realización de un nuevo juicio oral.
En las últimas horas, se avanzó con el proceso y fijó una audiencia preliminar para el próximo 20 de abril a las 9.30, instancia previa clave antes de ponerle fecha al nuevo debate. La resolución lleva la firma del juez Lucas Massaccesi, quien dispuso que el imputado deberá presentarse de manera presencial junto a sus abogados defensores, Ignacio Fernández Camillo y José Francisco Sánchez Peralta.
La audiencia se enmarca en la Resolución N°2.440/22 de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que creó un programa específico para fortalecer y optimizar las audiencias preliminares previstas en el Artículo N°338 del Código Procesal Penal. Se trata de una instancia cada vez más determinante, donde las partes delinean el alcance del futuro juicio.
En julio de 2020, en plena pandemia. Martín Rival, hermano de Matías, encontró un ternero recién nacido abandonado en la calle. Preocupado por el animal, se lo llevó a Matías -quien trabajaba como empleado rural en el campo El Mana, propiedad de Marcelo Claudio Nicliceppe- y le pidió que lo criara.
Antes de aceptar, Matías consultó a su patrón, quien autorizó que el animal permaneciera en el campo. Días después, la Policía llegó al lugar alertada por la denuncia de robo de un ternero en el campo vecino Puesto Nuevo de Pini. Aunque Matías explicó que el animal lo había traído su hermano y este se hizo cargo, solo él fue detenido. Martín se acercó a la comisaría a explicar y no lo quisieron escuchar ni le tomaron testimonio.
El caso llegó al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) V de La Plata y se fijó una audiencia de debate para el 1° de noviembre de 2024. Sin embargo, ese mismo día, la fiscalía y la defensora oficial acordaron suspender el debate y avanzar con un juicio abreviado. Esto implica que dichas partes se ponen de acuerdo en el monto de la pena, sin discutir la culpabilidad o inocencia del acusado, evitando así el proceso y el costo de un juicio oral.
Pocos días después, la jueza Carmen Palacios Arias homologó el acuerdo: 4 años de prisión, pero bajo arresto domiciliario con salidas laborales. Matías firmó creyendo que evitaría la cárcel. Poco después la fiscal Maribel Furnus solicitó la revocación del arresto domiciliario y el peón rural terminó preso.
El expediente tomó notoriedad no solo por lo insólito del hecho -la presunta sustracción de un ternero- sino también por el impacto institucional que generó el trámite judicial que terminó en una condena luego anulada, encendiendo alarmas en el ámbito judicial por las condiciones en las que se produjo ese acuerdo.
Tal como reconstruyó este medio en su momento, el proceso dejó al descubierto tensiones estructurales en torno al uso del juicio abreviado, especialmente en contextos de vulnerabilidad social. La nueva defensa cuestionó la validez del consentimiento prestado por el acusado, mientras que distintas miradas dentro del sistema pusieron en debate si se trató de una resolución ajustada a derecho o de un mecanismo aplicado de manera automática.
El Tribunal de Casación terminó dando la razón a los planteos críticos: anuló la sentencia y ordenó retrotraer el proceso a una etapa anterior, lo que en los hechos implica la realización de un juicio oral con todas las garantías.
La audiencia fijada para el 20 de abril no es un trámite menor. En ese ámbito, tanto la fiscalía como la defensa deberán exponer sus posturas respecto de la prueba que pretenden llevar al debate.
Según lo dispuesto por el juez Massaccesi, las partes deberán argumentar sobre la admisibilidad, necesidad, utilidad y pertinencia de los elementos probatorios. Además, podrán acordar estipulaciones –es decir, hechos no controvertidos– para acotar la extensión del juicio y hacerlo más eficiente.
También se abre la puerta a eventuales salidas alternativas, aunque en este contexto, y tras la anulación del juicio abreviado anterior, ese escenario aparece como menos probable, al menos sin nuevas condiciones que garanticen la plena validez del acuerdo.
Con este escenario, la causa se encamina hacia un nuevo juicio oral que volverá a poner bajo análisis no solo el hecho puntual investigado sino también el modo en que el sistema judicial aborda casos de menor cuantía penal pero alto impacto institucional.
El futuro debate tendrá como eje determinar la responsabilidad, o no, de Rival en el episodio del ternero, pero también funcionará como una suerte de “caso testigo” sobre los límites y alcances del juicio abreviado en la provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, la decisión de Casación marcó un precedente relevante: reforzó la necesidad de que los acuerdos abreviados se realicen con pleno respeto por las garantías constitucionales, especialmente en lo que hace al consentimiento libre e informado del imputado.
A la espera de la audiencia de abril, el expediente vuelve así al centro de la escena judicial en La Plata, con un proceso que, más allá de su origen, terminó poniendo en discusión aspectos sensibles del funcionamiento del sistema penal bonaerense.
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