El fiscal pidió prisión preventiva a Iván Tobar por intento de homicidio en la batalla del hospital de Gonnet. La defensa se opuso a todo.
La sede del fuero Penal de La Plata fue escenario de un momento procesal dirimente en el marco de la interna de la UOCRA. Este lunes se celebró una audiencia crucial en tribunales, donde la defensa intentó atacar las pruebas y rechazó los pedidos de prisión preventiva que el pasado 30 de abril fueron solicitados por el titular de la investigación, tal como ya informó 0221.com.ar en modo primicia.
En el marco de la investigación por los violentos hechos ocurridos el 25 de marzo pasado -que incluyeron una emboscada en pleno centro platense y una posterior batalla campal en el hospital de Gonnet-, el fiscal Gonzalo Petit Bosnic solicitó la prisión preventiva de Iván Tobar y otros siete imputados.
Aparecieron mensajes intimidantes en la ciudad en medio de la disputa sindical en la UOCRA entre los sectores de Iván Tobar y Cristian "Puli" Medina.
Desde la intervención en 2017, la seccional está dividida en tres sectores en pugna. Iván Tobar lidera el más poderoso, con el respaldo de UOCRA nacional.
El funcionario judicial calificó los hechos como "intentos de homicidio agravados por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de armas de fuego", en concurso real con "daño agravado", una imputación de máxima gravedad en el marco del Código Penal argentino.
La audiencia virtual se realizó en una sala del fuero Penal. Es que la interna de la seccional platense de la UOCRA -dominada históricamente por el clan Medina y en los últimos años disputada por Tobar, líder de la Agrupación Blanca y Azul- ha desbordado el plano sindical para entrelazarse con barras bravas, enfrentamientos armados, y una creciente preocupación en los ámbitos judiciales y políticos de la provincia.
Fuentes judiciales detallaron a este medio que en la investigación el fiscal Petit Bosnic detalló punto por punto la reconstrucción de los hechos ocurridos el 25 de marzo. El primero tuvo lugar pasado el mediodía en la intersección de diagonal 73 y 18, en el centro de La Plata. Allí, Fernando "Fernandito" Sacconi, ligado a la facción opuesta dentro del gremio, fue emboscado por un grupo que se movilizaba en un VW Vento. Los agresores lo apuñalaron y golpearon con la aparente intención de matarlo, y huyeron tras robarle la moto. Sacconi sobrevivió gracias a la asistencia médica recibida en el hospital San Roque, a donde fue trasladado de urgencia.
Apenas una hora después, se produjo el segundo episodio, de características aún más espectaculares: una caravana de camionetas y motos partió desde la sede de la Agrupación Blanca y Azul en 526 y 23. Las cámaras urbanas captaron su desplazamiento hasta el nosocomio. Allí irrumpieron en la guardia, atacaron a varias personas -entre ellas Manuel Ramos y Cristian Camilleri- y dejaron un reguero de sangre y pánico. Según la pericia forense, Camilleri fue herido con armas cortantes y un disparo de arma de fuego.
En la causa el fiscal fue contundente. Calificó a Iván Tobar como "instigador" de la batalla en el hospital, y pidió su prisión preventiva por homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso real con daño agravado. A su hijo Rodrigo Tobar y a otros miembros de su entorno -todos señalados como parte de la "juventud sindical"- los acusó como coautores del mismo delito. Entre ellos están su otro hijo Santiago Tobar, Nehuén García, Braian Gamarra, Emiliano D'Amico, Luis Nievas y Víctor Ybarra.
A Santiago Tobar y Franco Gamarra, además, se les imputa el hecho ocurrido en la calle contra Sacconi, es decir, tentativa de homicidio en concurso real con robo agravado por el uso de arma blanca.
El pedido de prisión preventiva busca evitar riesgos procesales, como el entorpecimiento de la investigación o la posibilidad de fuga. El fiscal resaltó que los imputados cuentan con recursos logísticos, respaldo territorial y vínculos con barras bravas -especialmente de Gimnasia y Estudiantes- que podrían facilitar su evasión. Además, señaló que las víctimas aún temen represalias.
El abogado de Tobar, Germán Oviedo, cuestionó el pedido del fiscal, asegurando que no hay pruebas suficientes que demuestren una orden directa de su cliente para el ataque. "Las acusaciones se basan en suposiciones, no en elementos objetivos", sostuvo. También solicitó varias nulidades por presuntas irregularidades en el proceso y que se dicet la falta de mérito para varios acusados.
Para esa parte no existió el dolo homicida. Deslizó que la pelea pudo haber terminado de peor manera y resaltó que las pericias médicas oficiales señalan que solo hubo "heridas leves" y que esa debería ser la acusación más gravosa.
En otro pasaje de su alegato el letrado acentuó que el fiscal no logró probar la instigación por parte de Iván Tobar, entiende que el fiscal "supone" que cómo es el referente dio la orden de agredir, pero no existen pruebas directas que avalen esa sospecha de la acusación pública.
La causa desnudó el avance de las facciones sindicales que recurren a barras para dirimir poder, un fenómeno creciente en los gremios de la construcción. Iván Tobar, el principal acusado, es un viejo conocido del escenario gremial y judicial platense: se presenta como el renovador del gremio tras la caída de Juan Pablo "Pata" Medina, pero carga con acusaciones de asociación ilícita, coacción y amenazas.
Tobar logró consolidar su agrupación desde la sede de 526 y 23, con fuerte respaldo logístico y político, aunque sin control formal del gremio. Su enfrentamiento con sectores que responden a "los históricos" -entre ellos Sacconi y otros que habrían mantenido vínculos con el clan Medina- derivó en esta espiral de violencia.
El hospital atacado, las calles tomadas por caravanas, y el uso de armas cortantes y de fuego en pleno día, son para la fiscalía pruebas contundentes de que no se trató de un hecho aislado ni espontáneo, sino de una ofensiva planificada, con roles definidos y con la intención de eliminar a opositores internos.
El juez de Garantías que interviene en la causa -Eduardo Silva Pelossi- deberá decidir si hace lugar al pedido de prisión preventiva para los ocho acusados. La resolución se conocería en los próximos días.
En paralelo, la investigación continúa abierta, y no se descartan nuevas imputaciones. La fiscalía trabaja sobre las comunicaciones previas a los hechos, el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados y el cruce de llamadas que podrían reforzar el vínculo de Tobar con la organización del ataque.
Fuentes judiciales señalaron que también se investiga el posible financiamiento de estos operativos violentos, lo que podría derivar en nuevas figuras penales como asociación ilícita.
El conflicto en la UOCRA La Plata, que alguna vez pareció encauzarse por vía institucional tras la detención del Pata Medina en 2017, vuelve a mostrar su costado más oscuro. Hoy, una sala de audiencias se convirtió en el nuevo escenario donde se libra una parte clave de esta guerra por el control del poder gremial.