Comenzó en La Plata el juicio oral al exintendente de Berisso, Enrique Slezack, acusado de "peculado y estafa", por presuntas maniobras irregulares durante su gestión. La causa, iniciada en 2013, apunta a la venta de un terreno ubicado en la zona de Villa Argüello a un precio muy por debajo del mercado.
En la apertura del juicio, el propio Slezack declaró de manera extensa y deslizó acusaciones que salpicaron a una escribana procesada en la misma investigación. La audiencia tuvo lugar este jueves 15 de mayo, tras una serie de postergaciones. El debate debía comenzar en mayo pero del año 2024.
El acusado hizo un recorrido por toda su trayectoria política y dio muestras que uno de los ejes en su paso por distintos cargos de la función pública fue la regularización del uso del suelo y que cada berissense pueda tener su propiedad unifamiliar escriturada y en regla.
El inicio de un juicio oral esperado
El juicio oral que finalmente comenzó este jueves en el Tribunal Oral Criminal I de La Plata pone en el banquillo a Enrique "Quique" Slezack, quien fue intendente del municipio de Berisso entre los años 2003 y 2015. Está acusado de los delitos de peculado en concurso real con estafa, figura prevista en el artículo 261 del Código Penal argentino, que contempla penas de entre dos y diez años de prisión, además de la inhabilitación absoluta perpetua.
La causa había quedado empantanada durante años por distintos factores: dilaciones judiciales, la inactividad provocada por la pandemia entre 2020 y 2022, y un episodio más reciente, en mayo de 2024, cuando el juicio se suspendió a raíz de un parte médico que diagnosticó al acusado con Gripe A y recomendaba reposo por 72 horas. A pesar de ese nuevo freno, el expediente volvió a tomar impulso y el juicio comenzó con la exposición del propio acusado.
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Enrique Slezack dio su versión de los hechos y aportó documentos municipales para sostener su versión.
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Durante su declaración, Slezack ofreció su versión de los hechos y aseguró no haber recibido nunca ninguna advertencia o sanción del Tribunal de Cuentas bonaerense, el organismo que tiene bajo su órbita el control de los fondos municipales. Su descargo pareció creíble para varios de los presentes y, sin nombrarla directamente como responsable, dejó expuesta a la escribana María Luján Fogel, quien fue procesada en la misma causa, pero cuya situación procesal no fue definida hasta el momento. Hoy debía declarar como testigo, pero a pedido del fiscal de juicio, se desistió hasta tanto se aclare su situación procesal.
Acusaciones, maniobras y una escribana en la mira
Uno de los pasajes más relevantes de la declaración del exjefe comunal giró en torno a un presunto intento de soborno. Según su testimonio, en una oportunidad se le acercaron tres abogados no identificados que le ofrecieron “cerrar” la causa de forma extrajudicial a cambio de 50 mil dólares. Para concretar ese pago, le habrían sugerido que pidiera el dinero a la escribana Fogel. Aunque no dio nombres ni más detalles sobre los supuestos emisarios del pedido, sus palabras apuntaron directamente a la escribana como presunta autora de la maniobra investigada.
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Los abogados Juas Pesquera y Christian Romano a cargo de la defensa técnica de Slezack.
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Esta revelación generó inquietud en la sala. La situación procesal de Fogel, quien había sido alcanzada por el procesamiento en los inicios del expediente, nunca fue resuelta del todo por la justicia. A pesar de que el juicio que comenzó este jueves tiene a Slezack como único imputado, las menciones a la escribana abren la puerta a nuevas medidas procesales una vez que finalice el debate oral.
El tribunal que lleva adelante el juicio está conformado por los jueces Hernán Decastelli, Cecilia Sanucci y Ramiro Fernández Lorenzo. Por la defensa de Slezack actúan los penalistas Christian Romano y Juan Pesquera, reconocidos en el fuero platense. Se espera que el debate se extienda con una nueva audiencia programada para este viernes en la sede del fuero penal.
Una causa que tardó más de una década en llegar a juicio
La denuncia contra Slezack fue radicada el 8 de marzo de 2013. Desde entonces, el expediente transitó los caminos lentos de la justicia penal bonaerense, a los que se sumaron largos períodos de inactividad durante la pandemia de COVID-19. Recién este año se logró fijar fecha de debate, aunque con un nuevo contratiempo en mayo de 2024, cuando el exintendente presentó un certificado médico emitido por una clínica privada que confirmaba que cursaba Gripe A.
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Esa postergación se sumó a una lista de dilaciones previas, incluyendo cambios de defensor y trámites periciales que demoraron el avance de la causa. La etapa oral representa, entonces, un punto clave en un expediente que había quedado relegado en los anaqueles del fuero penal platense.
Más allá del resultado judicial, el juicio pone nuevamente en el centro de la escena a un actor político del conurbano bonaerense que, durante su gestión, tuvo vínculos con distintas terminales del peronismo. Slezack fue, en sus inicios, un firme exponente del kirchnerismo. Con el tiempo, tejió relaciones con el entonces gobernador, el hoy libertario Daniel Scioli y, más adelante, cerró filas con el exministro Florencio Randazzo, en una muestra de su pragmatismo político.
El contexto político e institucional
Berisso no es un municipio más en la historia del peronismo: es la ciudad desde donde partieron muchas de las columnas obreras que el 17 de octubre de 1945 protagonizaron la jornada fundacional del movimiento. Gobernar ese territorio tiene una carga simbólica que no pasó desapercibida durante los doce años de mandato de Slezack. En ese marco, el juicio también interpela una forma de administrar recursos públicos, y la relación entre el poder político y los controles institucionales.
La defensa de Slezack insiste en que no hubo perjuicio al erario municipal ni irregularidades contables. Para eso se apoya en la supuesta ausencia de observaciones por parte del Tribunal de Cuentas, que debería haber alertado ante cualquier uso indebido de fondos. Sin embargo, la acusación entiende que el delito de peculado no requiere necesariamente que existan advertencias administrativas previas, ya que se trata de una figura penal que sanciona el uso de recursos públicos en beneficio propio o de terceros, con o sin auditorías previas.
El debate continuará con la declaración de testigos y la presentación de pruebas.