Luis Ponce, condenado en 2010 por secuestro, tortura y desaparición de Andrés Núñez, pidió irse a su casa. La Cámara Penal de La Plata lo definirá.
Luis Ponce, el excomisario condenado a reclusión perpetua por el crimen de Andrés Núñez, pidió este jueves su traslado a un régimen de arresto domiciliario. Todos los detalles de una sesión clave para el futuro de la causa que marcó al primero de los desaparecidos en la capital bonarense tras el regreso de la democracia.
La audiencia fue realizada en la Cámara Penal de La Plata. Sus defensores, Christian Romano y Juan Pesquera, argumentaron a favor de que vuelva a su casa. El fallo que definirá su futuro será firmado en los próximos cinco días hábiles por un tribunal conformado por tres jueces: Claudio Bernard, Silvia Oyhamburu y Eduardo Raúl Delbes. La querella, representada por la defensora oficial Raquel Ponzinibio, se opone.
Luis Ponce fue condenado en el año 2010 por delitos aberrantes: secuestro, tortura, homicidio y desaparición de Andrés Núñez, quien es considerado el primer desaparecido platense en democracia. El joven fue secuestrado y torturado en 1990 por efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y su cuerpo apareció calcinado, días después, en una zona rural del partido de General Belgrano.
Durante años, su familia y organismos de derechos humanos exigieron justicia. En ese marco, Ponce fue condenado a prisión perpetua, pero en las últimas semanas volvió a solicitar una morigeración de su pena a través del régimen de arresto domiciliario, lo que reactivó el dolor de la familia Núñez.
La audiencia de este jueves en la Cámara Penal de La Plata fue un nuevo capítulo en la extensa y dolorosa historia de la causa. Los defensores de Ponce, Christian Romano y Juan Pesquera, presentaron argumentos en los que expusieron cuestiones médicas y de edad avanzada del condenado. La defensa sostuvo que el arresto domiciliario sería una medida viable para garantizar condiciones dignas de cumplimiento de la pena sin comprometer la seguridad pública.
Por parte de la víctima, la representación estuvo a cargo de Raquel Ponzinibio, defensora oficial del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien fue designada por una disposición superior para patrocinar a la familia Núñez. La viuda de Andrés, Mirna Gómez, volvió a manifestar su rechazo al beneficio y remarcó que “no puede haber paz ni derechos humanos para los genocidas”.
El tribunal que evaluará el pedido de Ponce está compuesto de manera particular: además del juez Claudio Bernard y la camarista Silvia Oyhamburu, participa el titular de la Cámara Penal, Eduardo Raúl Delbes. Esta conformación especial responde a la necesidad de garantizar imparcialidad en un expediente que marcó la historia del poder judicial en la ciudad.
Al cierre de la audiencia, los magistrados informaron que tomarán una decisión “dentro del plazo de ley”, lo que implica que el fallo se conocerá antes del próximo martes. El caso, por su relevancia histórica y la carga simbólica que representa para la ciudad, es seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos, referentes políticos y distintos actores del ámbito judicial.
En paralelo, desde sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos se expresaron con preocupación frente al eventual otorgamiento del beneficio. Consideran que sería un mensaje negativo en un país que aún se encuentra en proceso de reparación por los crímenes cometidos desde el Estado, incluso en democracia.
Más allá del resultado, la discusión volvió a poner sobre la mesa la situación de los represores condenados y el alcance de los beneficios carcelarios. En este caso, se trata de una figura policial que, por su rol y responsabilidad jerárquica, fue encontrado culpable de delitos gravísimos contra los derechos humanos.