El juez Eduardo Silva Pelossi avaló el pedido del fiscal Gonzalo Petit Bosnic y dejó detenidos a la mayoría de los acusados por los brutales ataques.
La feroz interna gremial que sacude a la UOCRA La Plata sumó este miércoles una decisión clave: el juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi dictó la prisión preventiva para siete de los imputados, acusados de integrar una banda que actuó con una violencia inaudita en la vía pública y dentro de un hospital.
El magistrado avaló en su totalidad el pedido del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien había calificado los hechos como "tentativa de homicidio agravada", entre otros delitos. La medida alcanza a integrantes de la Agrupación Blanca y Azul, con conexiones con las barras bravas de Estudiantes y Gimnasia.
Desde la intervención en 2017, la seccional está dividida en tres sectores en pugna. Iván Tobar lidera el más poderoso, con el respaldo de UOCRA nacional.
El único que quedó en libertad fue Víctor Alexis Ybarra, quien conducía uno de los vehículos de la caravana que llegó al hospital de Gonnet. El juez consideró que no hay elementos suficientes para sostener que participó activamente en la agresión, aunque sigue imputado en la causa y podría enfrentar nuevas medidas si aparecen más pruebas.
La resolución judicial recayó sobre Iván Tobar, sus hijos Rodrigo y Santiago Tobar, Luis Nievas, Nehuén García, Emiliano D'Amico, Braian Gamarra y Franco Gamarra, todos acusados de formar parte del grupo que protagonizó dos hechos de altísima violencia el 25 de marzo: el ataque callejero a Fernando Sacconi y la emboscada con armas de fuego y blancas dentro del centro de salud, donde resultó herido, entre otros, Cristian Camilleri, jefe de la hinchada de Gimnasia.
Para el fiscal Petit Bosnic, quien llevó adelante una reconstrucción pormenorizada de la secuencia, los imputados actuaron bajo un plan común, con reparto de funciones y clara intención homicida. El juez coincidió: "Los elementos probatorios reunidos permiten tener por acreditada prima facie la existencia del hecho, su calificación legal, y la participación de los imputados, quienes habrían obrado en un marco de acuerdo previo y con uso de violencia extrema".
Los hechos investigados comenzaron al mediodía del 25 de marzo, cuando Fernando Sacconi circulaba en moto por diagonal 73 y fue interceptado por un vehículo VW Vento. Lo persiguieron como en una emboscada hasta la calle 36 entre 14 y 15, donde lo golpearon brutalmente, lo apuñalaron y le robaron la ropa, mientras filmaban la agresión con un celular. Sacconi sobrevivió gracias a la intervención policial y médica.
Una hora más tarde, la misma banda -según la fiscalía- se trasladó en caravana desde la sede gremial de 526 y 23 hasta el hospital de Gonnet, adonde había sido derivado Sacconi. Cerca de 50 sujetos, muchos encapuchados, descendieron con hachas, cuchillos, varillas y armas de fuego, y arremetieron contra quienes encontraban en el lugar. Al menos cuatro personas fueron heridas, incluyendo a Camilleri, que recibió un balazo.
Las cámaras de seguridad del COM, del hospital y de particulares, fueron clave para identificar a varios de los agresores. También se secuestraron armas blancas, dos vainas servidas y un proyectil encamisado, además del Fiat Uno gris en el que se trasladaban algunos de los implicados.
Para el juez Silva Pelossi, los hechos tienen un patrón común: una lógica de acción planificada y ejecutada por una estructura organizada, con Iván Tobar como líder e instigador. En su resolución, sostuvo que hay "abundantes elementos de convicción" para vincular a Tobar con la dirección de los hechos, no solo por su rol como jefe de la agrupación “Blanca y Azul” sino por su vínculo directo con varios de los agresores (entre ellos, sus dos hijos Rodrigo y Santiago) y su aparición en las cámaras del Centro de Monitoreo.
El juez entendió que los imputados deben permanecer detenidos para evitar riesgos procesales y asegurar el normal desarrollo del proceso, ya que existe posibilidad de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga. Además, señaló que el nivel de violencia desplegado evidencia una peligrosidad procesal real y concreta.
La única excepción fue Víctor Alexis Ybarra, a quien se lo vio descender de una Volkswagen Suran minutos antes del ataque en el hospital. Para el juez, su mera presencia en el lugar no alcanza por ahora para justificar su prisión preventiva, aunque no fue desvinculado del expediente.
La defensa de los imputados, a cargo del reconocido penalista Germán Oviedo, ya anunció que apelará la resolución ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, bajo el argumento de que no hay pruebas suficientes de que sus defendidos hayan tenido intención homicida. Sostienen que fue “una confrontación callejera” y no un intento de asesinato planificado.
Mientras tanto, las víctimas y sus entornos celebraron la decisión como un paso importante hacia la justicia.
La resolución judicial no solo marca un antes y un después en esta causa: vuelve a exponer los lazos entre estructuras gremiales violentas y barrabravas organizadas en la ciudad. Varios de los imputados tienen vínculos con la tribuna de Estudiantes, y uno de los principales heridos es el jefe de la barra de Gimnasia. El trasfondo es una feroz disputa por el control territorial, político y económico de la UOCRA local, que se agravó tras la caída del clan Medina.
La fiscalía no descarta nuevas imputaciones ni la posibilidad de encuadrar los hechos bajo figuras más amplias, como asociación ilícita, si se comprueba que hubo financiación, planificación logística y distribución de roles en una estructura criminal.
La próxima etapa será clave: la Cámara deberá definir si ratifica las preventivas o da lugar a los planteos de la defensa. Pero por ahora, siete integrantes del "grupo Tobar" seguirán detenidos. La guerra por el poder en la UOCRA La Plata ya no se libra solo en las obras: ahora se pelea en los tribunales.