El fiscal y el particular damnificado recurrieron la domiciliaria de Patricia Godoy por falso testimonio y piden revocarla por riesgo de fuga.
El beneficio de arresto domiciliario otorgado a Patricia Godoy, condenada por falso testimonio agravado, quedó ahora bajo revisión. Tanto la fiscalía como el particular damnificado apelaron la resolución del Tribunal Oral Criminal IV de La Plata y solicitaron que la mujer siga cumpliendo la pena en una unidad penitenciaria.
La decisión del juez, que había concedido la morigeración de la coerción el pasado 13 de marzo, fue cuestionada con dureza por ambas partes acusadoras, que coincidieron en un punto central: el fallo es arbitrario y no tiene sustento suficiente para apartarse de la prisión efectiva.
El TOC N°4 condenó a 7 años de prisión a Marcelo Tagliaferro y a 4 años a Patricia Godoy. Ambos quedaron detenidos tras la lectura del veredicto.
La Cámara de Apelaciones de La Plata rechazó los habeas corpus de Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy, condenados por mentir contra Osvaldo Martínez.
El primero en avanzar fue el fiscal Mariano Sibuet, quien presentó un recurso formal ante el mismo tribunal para que la medida sea revisada por la Cámara. En su escrito, pidió directamente la revocación del arresto domiciliario y que se mantenga la detención en una cárcel.
Entre sus principales argumentos, sostuvo que no existen los presupuestos legales para conceder una morigeración de la pena. Según explicó, este tipo de beneficios son excepcionales y deben estar fundados en razones humanitarias o de salud que no puedan ser atendidas en el ámbito carcelario, algo que —afirmó— no ocurre en este caso.
Además, dejó planteada la posibilidad de continuar la discusión en instancias superiores, incluyendo el Tribunal de Casación bonaerense e incluso la Suprema Corte, en caso de que la Cámara no haga lugar al planteo.
En paralelo, el particular damnificado —Osvaldo Martínez— también presentó su propia apelación, con un tono aún más contundente. En su escrito calificó la resolución como “dogmática y arbitraria” y cuestionó la valoración de la prueba realizada por el tribunal.
Uno de los ejes centrales de la apelación de la querella es el peligro de fuga. Según plantearon, la situación procesal de Godoy se agravó tras la condena, lo que incrementa los riesgos de eludir la acción de la Justicia.
“El arresto domiciliario no mitiga esos peligros reales”, señalaron, al tiempo que remarcaron que la condena ya implica un alto grado de certeza sobre su responsabilidad penal.
También pusieron el foco en la naturaleza del delito: falso testimonio agravado en una causa criminal de enorme impacto. En ese sentido, recordaron que se trata de una conducta que afectó directamente a la administración de justicia y provocó consecuencias graves en un expediente de alto perfil.
Otro punto crítico fue el análisis que hizo el tribunal sobre la supuesta “situación de vulnerabilidad” de la condenada. La querella cuestionó que se haya apoyado en informes psicológicos aportados por la defensa y en la opinión de un experto que ni siquiera evaluó directamente a Godoy.
Para los acusadores, esa valoración fue “sesgada y selectiva”, y dejó de lado pericias oficiales que no avalaban la concesión del beneficio.
En un tramo especialmente duro, el recurso del particular damnificado impulsado por el abogado Sebastián Chouela cuestionó la aplicación de la perspectiva de género en el caso. Según sostuvieron, ese enfoque fue utilizado de manera improcedente para justificar la domiciliaria.
Incluso señalaron que no se trata de un caso de violencia de género, sino de una condena por haber mentido en un proceso judicial durante años, afectando gravemente a otras personas.
También advirtieron sobre el domicilio fijado para cumplir la medida —la casa de su pareja—, al considerar que no ofrece garantías suficientes y que existe vinculación con el entorno del verdadero autor de los crímenes investigados en la causa original.
Detrás de la discusión actual hay una trama que sacudió durante años a la Justicia platense. Patricia Godoy fue condenada por haber declarado falsamente en una causa clave: el cuádruple femicidio de La Loma.
Según se probó en el juicio, sus dichos contribuyeron a desviar la investigación y a incriminar a un inocente, Osvaldo Martínez, quien terminó siendo víctima de una de las maniobras más graves de falso testimonio en la historia judicial reciente de la ciudad.
Durante más de una década, la causa estuvo atravesada por versiones cruzadas, testimonios contradictorios y una reconstrucción errónea de los hechos que terminó afectando no solo a los acusados, sino también a las víctimas y sus familias.
La sentencia que condenó a Godoy dejó en claro ese impacto: sus declaraciones no fueron un error menor, sino un aporte decisivo para entorpecer el esclarecimiento de un hecho de extrema gravedad.
Tras la condena, el tribunal había dispuesto inicialmente una medida de coerción que implicaba su detención. Sin embargo, en un giro reciente, resolvió concederle el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Esa decisión se basó, entre otros puntos, en informes que hablaban de una situación personal delicada y en la posibilidad de controlar los riesgos procesales con medidas menos gravosas.
Pero ese cambio —ocurrido apenas meses después de la sentencia— fue lo que encendió la reacción inmediata de la fiscalía y la querella, que ahora buscan revertirlo.
Con ambas apelaciones ya presentadas, el expediente deberá ser elevado a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, que tendrá la última palabra sobre la situación de Godoy en esta instancia.
Mientras tanto, la discusión no es solo jurídica, sino también simbólica: pone en juego cómo responde la Justicia frente a delitos que afectan su propio funcionamiento.
Para la fiscalía y la querella, el mensaje debe ser claro: una persona condenada por haber manipulado un proceso judicial de semejante magnitud no puede cumplir su pena en su casa.
Del otro lado, la defensa a cargo de los abogados Ignacio Fernández Camillo, Andrés Noetzly y Agostina Balastegui, sostiene que la domiciliaria es una medida válida y ajustada a derecho.
La resolución que adopte la Cámara no solo definirá el destino inmediato de Patricia Godoy, sino que también marcará un precedente en el caso.